Recientemente fuimos testigos del desaseo legislativo más sinvergüenza de los últimos años en el país; en menos de 72 horas, presenciamos el abuso de poder de las mayorías morenistas en el Congreso de la Unión, al desacatar las reglas mínimas del procedimiento que rigen el actuar del poder legislativo en su tarea de crear y reformar nuestro sistema jurídico, para aprobar las reformas de López Obrador.

Fueron los diputados morenistas quienes primero dieron la nota; en las sesiones del 25 y 26 de abril pasado, dispensaron a las minutas con proyecto de reforma de interés del Presidente de todo tipo de trámites para ser votadas en el Pleno de la Cámara de Diputados, sin razón válida, sin publicarlas en la Gaceta Parlamentaria como es debido, sin haberlas leído siquiera y menos valorar la opinión de los sectores afectados ni los argumentos de la oposición. Así, en menos de 24 horas aprobaron, por orden presidencial, ocho reformas relevantes que impactarán negativamente al país: la extinción del Insabi (creación morenista) y su sustitución por el IMSS-Bienestar; dar a la Secretaría de la Defensa Nacional la operación del Tren Maya de forma indefinida y ampliar sus facultades para vigilar el espacio aéreo; establecer que los recursos obtenidos por el impuesto que se cobra a los extranjeros por visitar México sean destinados a proyectos ferroviarios o aeronáuticos (Tren Maya y Aeropuerto Felipe Ángeles); extinguir la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, conocida como Financiera Rural; extinguir al Conacyt y la aprobación de una nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; y darle a la Secretaría de la Función Pública la facultad de contratar los bienes y servicios de las dependencias de gobierno.

Pero hay más. El viernes 28 de abril pasará a la historia como uno de los días más oscuros de la historia parlamentaria del país: sin pudor alguno, los senadores de Morena pasaron por encima de la Constitución y la división de poderes. Esto porque, en el contexto de la confrontación con senadores de oposición por el nombramiento de los consejeros faltantes del INAI y que aquéllos tomaran la tribuna del Senado; después de ir con el Presidente a recibir órdenes, los morenistas instalaron una sede alterna (sin acuerdo de la Junta de Coordinación Política como exige el Reglamento) para sesionar y votar las iniciativas aprobadas por los diputados señaladas antes y otras más; y sin discusión y en unos cuantos minutos, aprobaron cerca de 20 reformas en ausencia de los senadores de oposición que ni siquiera fueron convocados, violando con esto las reglas básicas del procedimiento legislativo.

La oposición y los sectores afectados adelantaron que acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedir la invalidez de dichas reformas por violación a los reglamentos parlamentarios y a la propia Constitución. Y hay razones para ello. La Suprema Corte tiene precedentes en los que ha analizado en qué casos, violaciones al proceso legislativo como éstas, pueden llevar a la invalidez de las normas aprobadas. Por ejemplo, ha señalado que, aunque se le hayan dispensado los traámites legislativos a un proyecto de reforma y éste sea aprobado por mayoría o unanimidad de votos, esto no convalida el vicio que implica haberle dispensado los trámites a dicho proyecto, sin que hubiera motivación para ello. En otro precedente estableció que, para determinar si las violaciones al procedimiento legislativo aducidas en una acción de inconstitucionalidad infringen las garantías de debido proceso y legalidad contenidas en la Constitución, y provocan su invalidez, es necesario evaluar el cumplimiento de lo siguiente: que el procedimiento legislativo respete el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad (mayorías y minorías); que el procedimiento deliberativo culmine con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas; y que tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones sean públicas. Dichas violaciones se deben analizar en su integridad para determinar si las irregularidades procesales impactan en la calidad democrática que debe tener la norma aprobada. Si la Suprema Corte respeta sus propios criterios, las reformas morenistas pueden ser declaradas inválidas como resultado de las impugnaciones.

Para lograr este nivel de abuso e imponer sus intereses, López Obrador necesita legisladores que levanten la mano como él les ordene; que no analicen y menos critiquen lo que votan. Pero esto no es lo que necesita el pueblo de México. Necesitamos legisladores y autoridades que sean auténticos representantes de los intereses populares, que procuren un futuro mejor para todos y trabajen para ello. Los morenistas ya demostraron que no lo son. Por eso, no debemos olvidar tales atropellos y debemos castigarlos con nuestro voto en las urnas, eligiendo opciones distintas a Morena que, como ya vimos, no es ni de cerca la esperanza de México.