Pese a que uno de los argumentos del gobierno estatal actual sobre la inoperancia de la justicia en Veracruz, se centraba en que el Fiscal era contrario a ellos; hoy, a seis meses del cambio en la titularidad, la violencia ha escalado. Con Verónica Hernández Giadáns, como encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), no ha habido un avance sustancial en las investigaciones. No hay avance en el asesinato del diputado local Juan Carlos Molina Palacios ni de ninguno de los expresidentes municipales asesinados, por mencionar algunos de los casos más mediáticos. La violencia va en aumento y la policía, lejos de combatir, agrede a la sociedad, como lo sucedido recientemente en Isla o los abusos policiales contra dos jóvenes.

LA diputada María Josefina Gamboa Torales, presidenta de la Comisión Permanente de Atención y Protección a Periodistas en el Congreso del Estado, pidió la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, con la finalidad de que explique el proceder de los elementos policiacos, y las acciones tomadas, respecto a los hechos suscitados en el municipio de Isla, donde fueron agredidos reporteros que realizaban una cobertura informativa.

El pasado 11 de febrero, civiles se enfrentaron a elementos de la Fuerza Civil, a cargo de la SSP, evento que era cubierto por periodistas de la zona, entre ellos Alberto Carmona Contreras, corresponsal del medio periodístico El Piñero de la Cuenca.

Dicho comunicador estaba reportando en vivo los hechos que iniciaron con un bloqueo de los inconformes, que luego se transformó en una auténtica revuelta con intercambio de disparos, presuntamente de ambos bandos.

La legisladora porteña declaró que es público el actuar de los elementos contra el comunicador, “mismo que quedó grabado en audio y video y muestra el proceder de la corporación”. Por lo anterior demandó garantizar que la labor periodística se realice con plena libertad y sin ningún riesgo para su ejercicio, sobre todo cuando estas coberturas impliquen la presencia de elementos de Seguridad Pública.

La diputada local de oposición también exhortó a la encargada de la Fiscalía General del Estado para que inicie las investigaciones correspondientes, con debida diligencia, por los posibles abusos y el uso excesivo de la fuerza de elementos de la Fuerza Civil contra periodistas y ciudadanos en el municipio de Isla, así como informar sobre los casos en los que ya haya denuncias por hechos similares y el avance de las mismas, lo cual no ha pasado.

El caso Atzalan

La también diputada de oposición, Ivonne Trujillo Ortiz demandó a las titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para que informen sobre las investigaciones realizadas por el operativo efectuado por elementos de la Fuerza Civil y la Secretaría de Seguridad Pública en la localidad de Tepetzintla, perteneciente al municipio de Atzalan, el pasado nueve de enero de 2020.

La legisladora del Distrito de Perote pidió que, a la brevedad, esclareciera los crímenes del señor Bellarmino Cardeña Cortés y de su pequeña nieta María Magdalena Hernández Cardeña, y fincara responsabilidad a los culpables, lo que tampoco ha sucedido.

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son, entre otros, salvaguardar la vida de las personas, como lo consagra la Constitución federal”, remató la congresista de Movimiento Ciudadano.

Cifras a la alza

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentó hace unos días los datos de la incidencia delictiva correspondiente a enero de 2019. Mientras que en el país se perpetraron 165 mil 749 delitos, de los cuales dos mil 359 fueron homicidios dolosos, 72 feminicidios, 87 secuestros y más de 61 mil robos, en el estado de Veracruz hubo más de seis mil 526 delitos.

De ese universo, 98 fueron catalogados como homicidios dolosos, tres femincidios, 17 secuestros y dos mil 205 robos, entre los que sobresalen 592 robos de autos.

Pero en el comparativo con el mes previo, es decir, con diciembre de 2019, el homicidio doloso se mantuvo en la misma cifra. El feminicidio pasó de siete a tres casos, aunque la Fiscalía del Estado de Veracruz hizo una reclasificación propia de este delito que lo llevó a la baja y el secuestro subió de 13 a 17.

Hoy, nadie se siente seguro

Marlon Ramírez Marín, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se refirió a la difícil situación que prevalece en el sur de Veracruz, en municipios como Coatzacoalcos y Minatitlán, donde los negocios se han cerrado casi en su totalidad, así como múltiples situaciones de violencia y crímenes.

“Hace unos días nos mataron a un representante popular en la zona de Acayucan y hace unos meses a un diputado local. La inseguridad está en todos lados. Hoy no se siente seguro nadie, y la reflexión pudiera ser que esto ya pasaba, sí, pero el asunto es que aquí se dijo que no iba a pasar; antes había una dinámica, un plan de trabajo por lo menos para poderlo contrastar y saber si estabas en la ruta correcta por si no había ruta”, refirió.

Asimismo, el líder tricolor afirmó que es desesperante que hoy no haya plan, gobierno, idea, no haya noción de cómo gobernar, y que no respondan a lo expuesto por el PRI, en el sentido de que se suspendió el gasto de tres mil 284 millones de pesos y, a causa de esto, la gente no tenga medicamentos, varias personas hayan muerto a causa del dengue y muchos problemas sigan sin ser atendidos.

Para Morena, todo está bajo control

Los hechos violentos que se han presentado durante los últimos días en la entidad veracruzana son el resultado de los vínculos y los pactos existentes entre los anteriores gobiernos y la delincuencia; además, ahora ya no se conservan estos nexos, afirmó el delegado del Gobierno Federal en el estado de Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Sin embargo, Huerta Ladrón de Guevara destacó que existen comunidades presuntamente dominadas por el crimen organizado, sobre todo en el sur del estado, específicamente en Playa Vicente, donde ya se dio un importante golpe del gobierno del estado contra varios integrantes de una célula del crimen organizado.

“Son reacciones por parte de los afectados que antes no se les combatía ni se les perseguía, y por ende se están dando estos fenómenos que se registraron en días pasados porque están siendo cooptados por las fuerzas del orden”, abundó.

Unos días después de sus declaraciones, el 19 de febrero, cuatro miembros de una familia en Playa Vicente fueron ejecutados en su domicilio, localidad de Abasolo del Valle. El más joven tenía solo 20 años.

Instituciones rebasadas

Pero para Ernesto Pérez Astorga, senador morenista veracruzano, la delincuencia organizada ya escaló en Veracruz, por lo que consideró que “hasta las instituciones han sido amenazadas y rebasadas”. 

Pese a las cifras y la realidad que padece la entidad, los legisladores y funcionarios morenistas se sumaron al discurso presidencial en torno a responsabilizar a las anteriores administraciones. “En el norte del estado se están construyendo unas instalaciones para la Guardia Nacional. Apenas se están dando resultados en los programas sociales. Se recibió un Estado hecho pedazos, y hoy en día para la ciudadanía no hay todavía resultados, por lo que se debe generar una mejor percepción entre los ciudadanos, y eso se logra trabajando y dando resultados”, apuntó Pérez Astorga.

Aunado a lo anterior, el también empresario xalapeño lamentó la difícil situación a la que se enfrentan los transportistas en Veracruz.

“Han hecho infinidad de denuncias por lo que ha sido el robo al ciudadano y transporte de carga, específicamente en la carretera Córdoba-Puebla, y se comprometieron desde la SSP a trabajar en solucionar este grave problemas, porque desafortunadamente la delincuencia organizada ha escalado a tal grado que hasta se les ha amenazado a las instituciones en el estado”, sentenció el expresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en la capital veracruzana.

Las medidas anunciadas

El pasado 12 de febrero, durante la Reunión de Coordinación Interestatal para la Construcción de la Paz y Seguridad Veracruz-Oaxaca, los gobernadores Cuitláhuac García Jiménez (Morena) y Alejandro Murat Hinojosa (PRI), firmaron un convenio para reforzar acciones operativas en las áreas de inteligencia y justicia.

Según se anunció, se instalarán filtros de revisión en zonas lacustres y ríos, así como un despliegue táctico en un polígono estratégico entre los municipios oaxaqueños de Acatlán de Pérez Figueroa, Huautla de Jiménez, San Miguel Soyaltepec, Loma Bonita, San Juan Bautista Tuxtepec, San Felipe Jalapa de Díaz, Chilchotla y Arroyo Choapam; además de Tierra Blanca, en Veracruz y, con la Guardia Nacional y policías estatales se fortalecerá la presencia de personal en siete tramos limítrofes, mediante arcos detectores de vehículos en tramos federales y sobrevuelos en las áreas de interés.

Cuitláhuac García destacó la creación de un equipo de investigación interestatal conformado por la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales, que trabajará en la persecución de los generadores de violencia, la judicialización de casos y la posterior aprehensión. También colaborarán la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en otros municipios como Playa Vicente, Sayula de Alemán, Santiago Sochiapan, Jesús Carranza y Tezonapa, y los oaxaqueños San Pedro Ixcatlán y San Juan Lalana.

La triste realidad

Durante la presente administración morenista se produjeron varios asesinatos de políticos, principalmente de ediles y exediles. Destacan el homicidio de la presidenta municipal de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea, del diputado local Juan Carlos Molina Palacios o, recientemente, los de Jorge Alberto Baruch Custodio, expresidente municipal de Soconusco y de Alberto Cancino Álvarez, secretario particular del presidente municipal de Gutiérrez Zamora, ultimado a balazos el 18 de febrero.

Sobre Molina Palacios –cuyo suegro, por cierto, fue asesinado en Puebla hace apenas unos días, de 30 balazos– desde el pasado 14 de noviembre, el diputado local priista, Jorge Moreno Salinas solicitó conformar una Comisión Especial para el Seguimiento del Homicidio del diputado.

Lo anterior, subrayó el legislador Moreno, se conformará para que la citada comisión sea la encargada de brindar el seguimiento oportuno a los trabajos de investigación generados por las autoridades competentes.

“Respetuosamente, solicitamos sea tomado en consideración que la Comisión Especial que sugerimos sea integrada por al menos un integrante de cada Grupo Legislativo en manifiesto”; y agregó que los trabajos para recabar información deberán efectuarse con estricto apego a la ley, con respeto a la autonomía y la esfera de competencia de las autoridades vinculadas a las líneas de investigación en el caso; pero tampoco se ha creado nada.

Asimismo, Moreno Salinas reiteró que el asesinato de Molina no debe quedar impune y debe asegurarse que, desde cada esfera de competencia, se conjunten todas las acciones requeridas desde el Gobierno, con la finalidad de coadyuvar en el esclarecimiento de este hecho.

Al cumplirse seis meses de la matanza en el Bar Caballo Blanco, de Coatzacoalcos, familiares de los asesinados el 27 de agosto de 2019 reclaman justicia y lamentan que esta administración estatal no haya cumplido con los apoyos prometidos.

Xóchitl Nayelli, madre de una de las mujeres trabajadoras del bar, y hoy a cargo de sus tres nietos huérfanos, reveló que la Comisión de Atención a Víctimas del estado de Veracruz únicamente le proporcionó 15 mil pesos; pero no han llegado ni las becas del Programa Bienestar que les prometieron y mucho menos la atención médica y psicológica para los pequeños y para ella, sobre todo por el grado traumático del evento.

Por eso, durante una visita del mandatario veracruzano a ese punto del sur del estado, los familiares protestaron, obligándolo a escucharlos en ese momento.

“A veces siento que ya no puedo más. Hoy le pedimos al gobernador Cuitláhuac que se ponga la mano en el corazón y que nos apoye con becas para que nuestros nietos puedan seguir estudiando, pues hay niños que se quedaron huérfanos de papá y mamá”, advirtió la señora.

A los casos del Bar Caballo Blanco y del activista Abiram Hernández se suman muchos otros que las autoridades estatales veracruzanas ni la Fiscalía General del Estado han esclarecido. Mientras, se dedican a revocar el mandato del actual alcalde panista de Actopan y de su síndica e inician un juicio de procedencia contra el actual diputado local por Misantla, quien dejó las filas de Morena, persiste la impunidad en éstos y cientos de casos más de asesinatos, feminicidios, secuestros y desapariciones.