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Gobierno michoacano abandona a desaparecidos
Michoacán tiene registradas más de cuatro mil 533 personas desaparecidas y la lista continúa creciendo. A pesar de los datos, lo más preocupante, dicen colectivos, es el silencio de los familiares de las víctimas que no denuncian ante la fiscalía.
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En Michoacán crece diariamente la lista de personas desaparecidas y no localizadas; en parte se debe a que el gobierno estatal no tiene un plan ni estrategia para avanzar en la búsqueda de desaparecidos. Las personas ausentes de las que se tiene registro en las distintas regiones de esta entidad son más de cuatro mil 533.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas reveló que de julio de 2019 a septiembre de 2022 se recibieron mil 173 reportes de desaparecidos; mil corresponden a hombres y 173 a mujeres, principalmente en Morelia, Zamora, Coeneo y del municipio de Uruapan, denunciaron familiares de desaparecidos y colectivos.

Para los colectivos de “madres buscadoras” del estado de Michoacán, los datos no son el aspecto más preocupante del fenómeno; aseguran que todos los días desaparecen decenas de personas, pero los familiares de desaparecidos que presentan denuncias ante la fiscalía son escasos.

 

 

Miembros de los diferentes colectivos denunciaron también que se ha incrementado la revictimización por parte de las autoridades mientras los agraviados piden auxilio, situación que orilla a las familias a callar y no presentar las denuncias correspondientes por la desaparición de una persona.

A principios de 2022, en la edición 1020, buzos dio voz a los colectivos y familiares de las víctimas, preocupados por la ineficiencia de las autoridades estatales en la aplicación de políticas encaminadas a la búsqueda de desaparecidos. Un año después, ésta se agudiza.

“Es más fácil y con menos desgaste de tiempo para nosotros comenzar y hacer la búsqueda de nuestros desaparecidos por nuestra cuenta que esperar a que las autoridades hagan algo”, asegura Nilda Tenorio, madre de Alejandro Téllez Tenorio, desaparecido el 14 de marzo de 2021 en Tarímbaro, Michoacán.

“El gobierno no nos ha ayudado hasta ahorita, no los he visto ni buscando a Alejandro ni a los otros desaparecidos, dicen que están en eso, pero para mí, en el colectivo de personas desaparecidas hacemos más que lo que hace el gobierno”, agregó.

Son muchas las familias que buscan a sus familiares y, a pesar del dolor por no saber nada de ellos, se mueven y viven con la pena de no saber qué pasó. Frente al desinterés gubernamental, se encomiendan a Dios: “ayúdame a encontrarlo con vida, te pido que esté bien, que no esté sufriendo”. “Ahora me he hecho a la idea; y solo le pido a Dios encontrar su cuerpo de él y de los demás si es que fallecieron”, exclama con indignación Nilda.

 

 

Nulos resultados, disminuyen las denuncias

Ante esta situación y a pesar de los diferentes mecanismos de búsqueda creados hasta ahora, incluso por instituciones, la cifra de personas que continúan sin aparecer es alta: tres mil 701, muchas de ellas con hasta dos décadas de ausencia. Por otro lado, ante la falta de compromiso y un plan del gobierno estatal, se incrementa el número de casos.

Las alertas en materia de desaparición inquietan en la actualidad a la población en las diferentes regiones del estado. La falta de resultados en muchos casos ha silenciado a las familias afectadas por una de las caras más duras de la violencia, provocada principalmente por el crimen organizado.

Los familiares denunciaron que las pocas y nulas acciones de las autoridades estatales, municipales y correspondientes en materia de desaparecidos no han hecho más que difundir dimes y diretes sobre las acciones que supuestamente se desarrollan para disminuir el número de desaparecidos. Nilda aseguró que tal parece que intentan desesperar a las familias de los desaparecidos.

“El gobierno ha visto nuestra lucha y nuestro dolor, nos hemos hecho notar con marchas y haciendo búsquedas por nuestra parte; cuando llegamos a las oficinas de personas desaparecidas nos dicen que harán esto, que harán lo otro, quedan bien en ese momento, muchas veces se hace noticia lo nuevo que harán y sus planes, aparece en los periódicos o en Internet, pero, ¿en dónde están nuestros desaparecidos?”.

 

 

Los casos en que aparecen las víctimas son muy pocos; y es recurrente que conforme pasa el tiempo y no los encuentran, se omite su búsqueda y únicamente emiten datos o cifras. Muchas personas prefieren no tramitar la denuncia y hacer el trabajo ellos mismos; aseguran que el gobierno y los policías harán menos de lo que los familiares pueden hacer para encontrar a sus desaparecidos, explica Nilda, quien se ha visto desesperada por no recibir información sobre el paradero de su hijo.

Los registros revelan que Morelia es el epicentro de las personas desaparecidas. La capital del estado concentra mil 447 víctimas, mientras que en la región Zamora no se conoce el paradero de 582 personas; en Coeneo de 546; Uruapan, 545; Lázaro Cárdenas, 386; Apatzingán, 300; La Piedad, 277; y Zitácuaro, 264.

 

La ejemplar lucha de las buscadoras

En palabras del Fiscal del estado de Michoacán, Adrián López Solís, del total de personas desaparecidas durante 2022, se localizaron a mil 75; de éstas, mil 599 son hombres y 475, mujeres. El 87.9 por ciento –945 personas–, se halló con vida; y 130 personas –12.1 por ciento– se encontraron fallecidas.

El 83.4 por ciento de las mil 167 personas no localizadas pertenece al sexo masculino y 16.5 por ciento al femenino. En Michoacán, como en otras entidades federativas, han surgido varios colectivos de familiares de desaparecidos que operan sin ningún apoyo gubernamental.

El 11 de noviembre de 2009 desapareció María Esther Aguilar Cansimbe, periodista especializada en la cobertura de nota roja de El Sol de Zamora y corresponsal del periódico regional Cambio de Michoacán. A trece años de su ausencia no se tiene conocimiento de su paradero.

 

 

Personas cercanas a ella en el ámbito laboral han señalado que, el día de su desaparición, la periodista recibió una llamada telefónica por la mañana. “Era muy temprano, daba el desayuno a sus hijas, empijamada y apresurada salió, dejó su casa. Desde entonces, el Estado mexicano la ha desaparecido tantas veces como ha sido posible”, afirma una persona cercana.

Según información difundida en Alianza de MediosMx, María Esther publicó información sobre un cateo que el Ejército efectuó en un lujoso rancho en Ecuandureo, donde tres presuntos delincuentes fueron aprehendidos, uno de ellos hijo de un exalcalde de Tangancícuaro, Michoacán.

Como parte del trabajo realizado por María Esther y publicado en los medios, el lugar ya había sido cateado un año antes por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Durante los 13 años que María Esther lleva desaparecida, se ha ocultado todo rastro de su labor periodística: los enlaces electrónicos a sus notas de prensa son inaccesibles, no se puede conocer a fondo su trabajo. Por tanto, el registro de su labor es poco visible; los textos de los periódicos donde colaboró se perdieron.

Voces de periodistas y familiares de María Esther denuncian que su desaparición se debió a que ella se atrevió a mostrar la verdad. El expediente de su investigación está estancado y perdido, según informa el colectivo Ni Uno Más. En la reunión que sostuvieron con el fiscal estatal Adrián López Solís el cuatro de mayo del año pasado se evidenciaron serias y diferentes deficiencias en el avance de las investigaciones; para esa fecha, incluso, no se contaba con la clasificación de delito.

Patricia Monreal, reportera de Michoacán, que además tutela acciones particulares de resistencia ante la desaparición y el asesinato de periodistas en la región, coincide en que casos como el de María Esther –que ya tienen más de una década– han perdido fuerza en parte por la desatención del propio gremio y porque, a pesar de lo sucedido con Aguilar Cansimbe, esto “no fue un detonante para la movilización”.

 

 

Juan Ignacio Salazar –quien fuera jefe de María Esther– la describe como “una periodista franca, directa, entregada por completo a su trabajo, no conocía de horarios laborales; era alegre, sociable; con una altura de 1.70 m aproximadamente, con cabello largo y negro. Amante de los gatos y perros”.

El día de su desaparición, María Esther estaba en su casa, en el conjunto habitacional Progreso Nacional en Zamora, Michoacán. Muy cerca de su hogar había un evento de Protección Civil; se sabe que “alguien” le llamó por teléfono para conocer si acudiría a cubrirlo.

Son muchas las historias de personas desaparecidas y que no son halladas a causa de la ineptitud del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales y municipales de todas las localidades de México; las cifras se incrementan y crece el número de familias que buscan a personas desaparecidas con la esperanza de poder volver a verlas.

En promedio, los registros de la Fiscalía General del Estado exponen que un total de siete personas son desaparecidas diariamente; pero las cifras que conocen los diferentes colectivos de búsqueda son más altas, porque algunas veces llegan a más de 10. La seguridad basada en la política del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla no es suficiente y provoca que la lucha de los familiares de desaparecidos sea más dolorosa y difícil.

 

 

“Es un poco contemplar esa posibilidad que quienes buscamos a un familiar siempre tenemos latente” agrega Mercedes Ruiz, profesora y madre buscadora. Su hijo Guillermo Alejandro Ortiz “Memo” desapareció con Vianey Heredia Hernández el 29 de noviembre del 2010, en el tramo carretero Lázaro Cárdenas-Apatzingán; trabajaban en el mismo despacho jurídico y daban seguimiento a un caso vinculado con las minas del puerto michoacano, afirmó Mercedes, entrevistada por Dalia Souza a mediados de 2022 para Zonadocs, un portal informativo.

La narración describe que Mercedes viajó a Jalisco con otras ocho familias integrantes del colectivo Familiares Caminando por Justicia en Michoacán para dejar sus muestras de ADN en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Decidieron hacerlo en este territorio por varias razones: entre ellas la colindancia que tienen ambos estados, el contexto generalizado de violencia que comparten debido a la presencia de grupos del crimen organizado y porque esta entidad es una de las que tiene más registros nacionales de personas fallecidas sin identificar.

Acercarse a esta “posibilidad”, menciona Mercedes Ruiz, no es sencillo. Más allá del dolor, advierte, “significa enfrentarse a esa otra parte del Estado” donde la burocracia también condiciona y entorpece las labores de búsqueda de las familias y entre instituciones, cuando se busca a un ser querido sin vida. Si bien la solicitud de colaboración fue enviada por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en Michoacán, tardaron más de seis meses en llegar a las autoridades ministeriales y forenses de Jalisco.

La experiencia les dicta que desconfiar debe ser la primera opción cuando se trata de buscar a sus seres queridos en las estructuras de gobierno; sin embargo, esperan que, en esta ocasión, sus datos genéticos sean finalmente contrastados con los registros de los servicios médicos forenses, como no ha sucedido antes.

La primera muestra genética de ADN que se tomó del caso de Mercedes Ruiz fue en Michoacán en 2012, dos años después de la desaparición de su hijo “Memo”; esta madre señala que, pese a sus solicitudes, no le ha sido entregado un documento que demuestre con qué bases de datos han confrontado su perfil genético: “ni siquiera tengo la certeza de que mi muestra se haya cotejado con otra base de datos” denunció.


Escrito por Laura Osornio

colaboradora


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