Luego de que hace unos días detuvieron a Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera "El Chapo", Sinaloa vuelve a estar en el ojo del huracán; sobre todo, porque se ha comentado que esa detención había sido una entrega que ya estaría planeada para que ella se convirtiera en una testigo protegida. ¿Será cierto?, no lo podemos afirmar. Pero lo que sí puede asegurarse es que Sinaloa, como otros estados, arrastra algunos problemas que el Gobierno del estado ha dejado de atender, y que el gobernador estatal, Quirino Ordaz Coppel, debe tomar cartas en el asunto para intervenir y evitar que la inconformidad vaya a crecer.

Por ejemplo, Diego Castro, líder de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Culiacán, ha dicho que tras la pérdida de 85 mil empleos durante la pandemia sólo se han podido recuperar 11 mil y aunque, según Castro, la razón está en que las empresas se encuentran en un punto de equilibrio sin obtener ganancias, lo cierto es que las empresas en la entidad estuvieron muy cerca de llegar a la quiebra y eso generó la cifra alta de desempleo. Se sabe también que el 21 por ciento de las empresas cerraron sus puertas y tras ellos el sector comercial no sea recuperado pues con el 70 por ciento de ventas no alcanzan a sobrevivir. Imagínese usted, apenas se ha logrado la recuperación de 6 mil empleos formales dentro de esos 11 mil que se comentan.

Por otro lado, desde el pasado año 2020 se comentó que en las administraciones del actual gobernador y la de Mario López Valdez, el Gobierno de Sinaloa ha contratado, al menos, 161 millones 707 mil pesos con 106 empresas que, tras una investigación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), fueron calificadas como fantasma; y es que al menos 66 por ciento de los recursos, unos 107 millones 951 mil pesos se transfirieron en 10 de esas empresas; se sabe que algunos de esos movimientos se realizaron entre 2014 y 2019 con prácticamente todas las dependencias estatales.

Otra inconformidad se dio hace no más de un mes en las redes sociales al reflejarse el hartazgo de los sinaloenses al referirse al doble discurso que maneja el Gobierno del estado: por un lado llama a la población a que se proteja del Covid-19 e impidió celebraciones del "Día de la Candelaria" y, por el otro, llama abrir estadios de beisbol y de futbol provocando más contagios y decesos; si se cumple o no con los protocolos no importó a los ciudadanos que manifestaron su inconformidad, lo que  denunciaron fue la irresponsabilidad e indolencia del gobierno sinaloense al darle más importancia, por ejemplo, a la serie del Caribe y mostrar poca preocupación por la pandemia generada por el Covid-19 donde ya se reportan al menos 34 mil contagios y al menos 5 mil 200 fallecidos.

Las cosas para el gobernador Quirino Ordaz no son sencillas; y si usted no me cree, échele una revisadita a las reacciones a su 4to Informe de gobierno, donde él aseguraba que los niveles de pobreza disminuyeron pero la realidad es otra, eso nos dicen, por ejemplo, los resultados del Informe de Evaluación y Pobreza 2020 de Sinaloa del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Los datos más recientes señalan que hay un total de 338 mil 400 menores de edad en situación de pobreza y revela que 90 mil 400 personas adultas mayores enfrentan la misma situación. El informe indica, además, que 476 mil 300 mujeres viven también en pobreza y que el porcentaje de población con discapacidad en situación de pobreza equivale a 91 mil 900 personas en Sinaloa.

El documento revela que subió a 946 mil el número de personas en pobreza moderada y que aumentó en un millón 59 mil las personas con vulnerabilidad en carencias sociales. Mientras que el número de personas no pobres se redujo a 861 mil. En el 2020 había 136 mil familias sin acceso a agua potable y al menos 223 mil no tenían servicio de drenaje. Otros datos reflejan que 14 mil familias no tienen acceso a energía eléctrica y el 2.7 de la población sinaloense esta en condiciones de pobreza extrema.

El Coneval, en su “Informe de pobreza y evaluación” del año 2018 señala que 71.9% de la población en Sinaloa estaba en situación de pobreza y era vulnerable por carencias o ingresos. Entonces, 2.2 millones de sinaloenses tienen problemas serios parra poder tener lo indispensable para poder sobrevivir. Además, entre 2016 y 2018, la desigualdad en la entidad aumentó 4.3%; según el INEGI más de 600 mil sinaloenses no tienen acceso a una vivienda propia y tienen que alquilar o vivir hacinados; en muchos casos no tienen vivienda y se arriman con algún familiar o conocido.

En este contexto caben las peticiones y solicitudes que han hecho miles de familias del Movimiento Antorchista de Sinaloa al gobierno de Quirino Ordaz y que no han sido atendidas y resueltas. Entre las principales peticiones se encuentran la entrega de solares subsidiados para familias trabajadoras, adquisición de terrenos para vivienda de familias pobres y una serie de obras públicas en colonias populares y poblados rurales, listado que va en la minuta que firmó Osbaldo López Angulo, Secretario de Obras Públicas del estado desde junio del 2019, pero que se niega a cumplir. Entre otras peticiones se encuentran: la solución al “conflicto” entre la Preparatoria “Rafael Ramírez” de la colonia Los Huizaches y la UAS, por la disputa del predio que desde hace 16 años viene ocupando la Preparatoria “Rafael Ramírez”; incremento al subsidio que reciben las preparatorias “Rafael Ramírez” y subsidio para la Casa de Estudiantes “Salvador Alvarado”; algo urgentísimo pues en estos tiempos los estudiante son uno de los sectores más afectados y que serán, guste o no, quienes dirigirán el futuro del país.

Los sinaloenses antorchistas, liderados por el joven líder social Pavel Calderón, solicitan la intervención del gobernador estatal y una reunión urgente con el licenciado Gonzalo Gómez Flores, Secretario General de Gobierno; la intención es tratarle directamente las solicitudes pues funcionarios de menor nivel, como el titular de Obras, no cumplen lo signado; si esto no sucede, la sordera y el engaño oficial generarán protestas y mítines frente al Palacio de Gobierno, porque las necesidades de la población, más abandonada y más desprotegida, son apremiantes y urgentes.

Por lo pronto miles de familias intentan responderse por qué el gobierno estatal no quiere atender las peticiones ciudadanas y por qué funcionarios como Osbaldo López pretextan cualquier cosa para no atender las peticiones y hacen quedar mal a sus superiores. Parece que la respuesta será clara y pronta, y también pronta será la denuncia, o no, de otro mal gobierno si no se toman cartas en el asunto. Por el momento, querido lector, es todo.