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Ante la falta de soluciones de parte del gobierno estatal de Yucatán encabezado por el gobernador Mauricio Villa, integrantes del Movimiento Antorchista Nacional de esa entidad iniciarán una campaña de movilizaciones y denuncia para exigir solución a las demandas de miles de yucatecos pobres que han solicitado desde hace tres años la atención a demandas como de vivienda, servicios públicos, obras, regularización de colonias y apoyo al campo.
En conferencia de prensa, Aleida Ramírez Huerta, dirigente de la organización en esa entidad, afirmó que los funcionarios estatales encargados de dar solución, justifican su falta diciendo que no hay recursos o “simplemente no dan la cara”.
Aseguró que las condiciones de pobreza y desigualdad se han agudizado también en Yucatán, por lo que han acudido en comisiones a la sede del Poder Ejecutivo estatal solicitando la intervención directa del gobernador, quien puede resolver la situación de miles de familias de comunidades y colonias marginadas de diferentes municipios.
Tan solo en Mérida, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 2018 a 2020, 17 mil 380 personas cayeron en pobreza, para sumar 241 mil 515. Es decir, el 25.7 por ciento del total de su población es pobre, de los cuales 27 mil 572 viven en pobreza extrema.
En Yucatán la mitad de la población es pobre, la cifra alcanza el millón 156 mil 900 (49.5%) yucatecos que sufren todo tipo de carencias: de acceso a los servicios de salud, educación, seguridad social, vivienda, servicios básicos, alimentación nutritiva y de calidad, sumado al agravamiento que trajo consigo la pandemia de Covid-19, los ingresos de las familias disminuyeron 1.8 por ciento.
Entre las demandas que Antorcha en Yucatán solicita al Gobierno estatal se encuentra la dotación de insumos agropecuarios –fertilizante, semilla para siembra, herbicidas, implementos, azúcar, etc.–, terrenos para vivienda, regularización de colonias en los municipios de Mérida, Kanasín y Valladolid y mejoramiento de vivienda, agua potable, electrificación.
La organización advirtió que la falta de un análisis detallado de las condiciones de los tribunales locales podría agravar deficiencias históricas del sistema judicial.
Testimonios de inmuebles invadidos en la CDMX, relatan que siempre hubo negativa del gobierno capitalino para atenderlos. Además, los invasores estaban protegidos por Dolores Padierna y su esposo, René Bejarano, cercanos al gobierno capitalino.
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Escrito por Redacción