La corrupción continuó durante el segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en la revisión a la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades, que ascienden a 48 mil 114 millones 914 mil 300 pesos.

Durante su conferencia matutina de este lunes, el presidente López Obrador acusó que dicho informe de la ASF es “preliminar”, e incluso, afirmó que “se van a ir aclarando”. Recordó que la ASF en su anterior informe se equivocó respecto a las cifras por la cancelación del Aeropuerto en Texcoco, razón por la que tuvo que reconocer el error.

De acuerdo a la Auditoria, las irregularidades van desde la opacidad en el manejo de los recursos destinados a la pandemia por Covid-19 por parte de la Secretaría de Salud, el Insabi, el Tren Maya, así como en los programas sociales.

Así, detectó irregularidades que ascienden a tres mil 558 millones correspondientes al manejo de pandemia de Covid-19.

El órgano fiscalizador realizó 12 auditorías de cumplimiento financiero para evaluar cómo gastaron las dependencias federales encargadas de la atención a la emergencia sanitaria que comenzó el 27 de febrero de 2020 y que hasta ahora ha dejado oficialmente un saldo de más de 315 mil muertos: la Secretaría de Salud (SSa), el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).

Compras a sobreprecio, pagos a personal que trabajaba en hospitales que no atendían a enfermos de Covid y adquisición de ventiladores y cubrebocas KN95 que nunca fueron entregados son algunas de las anomalías detectadas por el organismo que dirige David Rogelio Colmenares Páramo.

Las irregularidades más graves se encontraron en el Insabi, donde la ASF determinó un posible daño a las arcas federales de dos mil 561 millones de pesos. De acuerdo con el dictamen, al instituto que encabeza Juan Antonio Ferrer jamás llegaron 650 ventiladores (usados para brindar apoyo respiratorio a pacientes con complicaciones de coronavirus), pese a que pagó por ellos 920.4 millones de pesos y debían entregarse antes del 30 de abril de 2020, en medio de la primera ola de la pandemia.

Por este motivo el Instituto tuvo que contratar a un despacho para iniciar acciones legales a fin de hacer efectiva la responsabilidad contractual con el proveedor.

Asimismo, el Insabi no acreditó la entrega de un millón 50 mil mascarillas KN95, con un costo de 40.5 millones de pesos, ni entregó documentación que comprobara la recepción y distribución de dos mil 250 ventiladores por los que pagó mil 600 millones de pesos.

Adicionalmente, casi 18 millones de insumos médicos insumos fueron entregados de forma extemporánea al Instituto, entre 11 y 526 días después del plazo establecido en el contrato, sin que se establecieran penas a los proveedores por las demoras.

El órgano fiscalizador también detectó que el Insabi no distribuyó a los Servicios de Salud más de ocho millones de insumos (batas, mascarillas, guantes, etcétera) y tampoco llevó un control ordenado de las entregas. Menos utilizó los casi 100 millones de pesos que le donó la Cámara de Senadores para la atención de la pandemia.

Por si no fuera poco, el órgano fiscalizador detectó que el Insabi pagó a 280 enfermeras y médicos voluntarios en hospitales NO COVID, sin contar con la autorización de dicho estímulo ni con la documentación que acredite cómo se les convocó.