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En el mes de octubre del año en curso, el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un documento donde enunciaba algunos de los principales problemas de México, que se agudizaron durante la pandemia: altos niveles de desempleo, subempleo y empleo informal, mucha pobreza, una educación deficiente con posibles efectos negativos en el largo plazo y escasos niveles de productividad laboral. Estos grandes problemas, dice el FMI, requieren de grandes soluciones. En particular, exige elevar progresivamente el gasto público en dos ámbitos. El primero es el gasto destinado a proveer bienes y servicios para la población, como la educación, salud y asistencia social; éste debe incrementarse al menos lo equivalente al 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, se deben invertir recursos para disminuir las brechas de desigualdad. El segundo es el gasto destinado a potenciar el incremento de la productividad de las empresas y del crecimiento económico; este recurso debe aumentar al menos en 0.25 por ciento del PIB.
Sin embargo, también recalcó que era necesario incrementar los ingresos del gobierno, en particular la recaudación de impuestos, al menos entre tres o cuatro por ciento del PIB. Esto implicaría modificar cinco impuestos, entre los que destacan el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el IVA y los impuestos sobre la propiedad, como el impuesto predial. Las propuestas, aunque fueron muy generales, iban dirigidas a hacer más progresivos los impuestos: en el caso del ISR, a incrementar la tasa máxima y los impuestos de los rangos más altos de ingreso; en los impuestos a la propiedad, que se mejore el registro del catastro; y en el IVA, que se eliminen las tasas cero de los alimentos, con excepción de los que están en la canasta básica y son esenciales para la población más pobre, y eliminar el diferencial de las tasas de IVA en la frontera.
A pesar de que probablemente el objetivo final del FMI es más que ayudar a resolver los problemas de México, impedir que los países caigan en impago de los intereses de la deuda, pues países como Italia, Francia y España recibieron recomendaciones similares de aumentar los impuestos, lo que propone el FMI es correcto. Para enfrentar los problemas que aquejan a la mayoría de la población mexicana, en particular la pobreza, se necesita de un incremento de los ingresos del gobierno. Sin embargo, estos ingresos no pueden provenir de la misma población pobre ni de la clase media, que tienen ingresos de por sí escasos, sino de la clase adinerada. La erradicación del principal problema de México, la pobreza, tiene que ir acompañada, forzosamente, del combate a la desigualdad. La pobreza de los mexicanos no es fruto de la escasez de riqueza dentro del país, sino de la mala distribución de ésta. El FMI se cuida de poner entre los principales problemas este mal, pero sabe que es el principal, dado el tipo de medidas que propone. La pobreza en México se ha convertido en un lastre para el mismo desarrollo de la economía; se trata de un círculo vicioso en el que la pobreza de la población inhibe la productividad, deprime el mercado interno y frena el crecimiento económico acelerado, que es premisa para la creación de empleos bien remunerados.
Estas medidas económicas propuestas por el FMI no son nuevas, también han sido formuladas tanto por organismos internacionales y economistas de talla mundial, como el Movimiento Antorchista Nacional. Sin embargo, hasta ahora, ningún partido político en el poder ha sido capaz de proponerlas y menos de realizarlas, demostrando que su principal objetivo no es la erradicación de la pobreza. Los mexicanos debemos entender que nadie defenderá nuestros intereses, y menos los partidos políticos existentes. Para erradicar la pobreza es necesario que el pueblo se organice, tome conciencia de esta necesidad, esté dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias y no se deje engañar por frases vacías al uso, como “primero los pobres”.
El sector más afectado por los recortes presupuestales, y el que más reflectores mediáticos atrajo, fue el de los presidentes municipales... ya no podrán gestionar recursos federales extraordinarios para realizar obras de infraestructura básica y social.
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Escrito por Ollin Vázquez
Maestra en Economía por la UNAM.