Durante el gobierno estatal del morenista Cuitláhuac García Jiménez, Veracruz se convirtió en una de las entidades con más recomendaciones y observaciones por violaciones a los derechos humanos.

Entre el 1° de diciembre de 2018, cuando García Jiménez inició su mandato, y el 29 de junio de 2024, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió mil 479 quejas ciudadanas por graves faltas a los derechos básicos, muchas de las cuales involucraron a elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En ese lapso de cinco años y siete meses, García Jiménez omitió numerosas recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a pesar de que la institución está a cargo de Rosario Piedra Ibarra, cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y al partido Morena.

De acuerdo con los censos Nacional de Derechos Humanos Estatal (CNDHE) y Nacional de Derechos Humanos Federal (CNDHF) de 2023, 31 personas revelaron que sus derechos humanos fueron violados por integrantes la FGE de Veracruz y que, cuando el gobernador recibió las recomendaciones de la CEDH y la CNDH, se negó a acatarlas.

En el Informe de Actividades 2023 de la CNDH, la FGE veracruzana ocupó el primer lugar con el mayor número de “recomendaciones en trámite” con 20 casos; seguido de las fiscalías de Chiapas y Guerrero, con 12 cada una.

Lidia Lara, representante del Colectivo Justicia y Dignidad Veracruz, detalló que las denuncias se debieron a detenciones ilegales, torturas, extravíos de carpetas de investigación y, entre otras causas, a actos de negligencia o nula búsqueda de personas desaparecidas.

“La Fiscalía ha querido coartar nuestras investigaciones, pararlas; entonces son las exigencias de las familias a tantas violaciones en la carpeta de investigación y también a uno como familia buscadora”, explicó Lidia.

El colectivo citó las estadísticas de la CEDH, que en 2020 recibió 149 observaciones por negligencia u omisión en la búsqueda de personas desaparecidas; y en 2021 contabilizó 34 observaciones, todas aceptadas.

Una de las recomendaciones más relevantes de la CNDH fue la 78/2019, emitida por violaciones a los derechos humanos, la seguridad jurídica, la integridad personal y protección de la salud en agravio de 130 inmigrantes durante la ejecución del operativo Contención de Flujos Migratorios en la comunidad Los Tigres, del municipio de Juan Rodríguez Clara.

Los afectados denunciaron que mientras viajaban a bordo de un ferrocarril escucharon detonaciones de arma de fuego, efectuadas por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, quienes además les arrojaron piedras y lesionaron a varios de los migrantes, por lo que se vieron obligados a tirarse del tren en movimiento.

La Recomendación 89/2021 se emitió a causa de una acción parecida, ya que efectivos del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX) dispararon contra una persona que viajaba en un tren cuando éste circulaba por la colonia Buena Vista, en la ciudad de Córdoba, Veracruz.

Otra recomendación, la 8VG/2023, fue formulada por las violaciones graves a los derechos humanos de seis personas detenidas arbitrariamente por efectivos de la SSP y la FGE que, mediante actos de tortura, los obligaron a inculparse de portar armas y drogas. Esto ocurrió en el municipio Río Blanco.

La conducta omisa de Cuitláhuac García

Entre otras de las recomendaciones y observaciones de la CNDH por violación a los derechos humanos que el gobierno estatal ha desestimado, destaca la 89VG/2023, emitida contra el titular de la Secretaría de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán, el gobernador Cuitláhuac García y la FGFE, por violaciones graves a los derechos humanos, a la libertad e integridad personal, a la seguridad jurídica y por la desaparición forzada de seis personas. 

Esta recomendación se emitió como seguimiento a las Acciones Urgentes del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En noviembre de 2020, la CNDH acreditó que July Raquel Flores fue torturada, agredida física, psicológica y sexualmente por agentes de la FGE durante su traslado al penal de Pacho Viejo, en la Ciudad de México (CDMX), para obligarla a aceptar su participación en el homicidio de María Guadalupe Martínez, rectora de la Universidad Valladolid (UV) de Xalapa.

En enero de 2023, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, solicitó al Senado de la República la comparecencia de Cuitláhuac García y de la titular de la FGE, Verónica Hernández Giadáns, para que explicaran su negativa a las recomendaciones 51VG/2022 y 59/2022, la primera por violación y tortura; y la segunda por una detención arbitraria.

Tanto la FGE como el gobernador se negaron a comparecer ante el Senado; y en rueda de prensa, García Jiménez recordó que éste era el segundo intento para que compareciera, pues la primera vez fue a solicitud de la comisión para que investigara los supuestos abusos en su gobierno por la tipificación del delito de ultrajes a la autoridad.

“Con gusto voy, el que nada debe nada teme; pero no haré el juego; quieren a alguien ahí para echarle fuego mediático”. Fue así como justificó su inasistencia y su rechazo a las recomendaciones de la CNDH.

La fiscal Verónica Hernández Giadáns, por su parte, reportó al Diario de Xalapa que “no toda recomendación debe ser obligadamente aceptada. Se tiene que analizar todo lo que consta; incluso hay denuncias derivadas de lo que las familias consideran que se trata de la comisión del delito”.

Días después, en un comunicado oficial, la presidenta de la CNDH recordó que las solicitudes de comparecencia ante el Senado son el único mecanismo eficaz para hacer cumplir sus recomendaciones. A decir de la CEDH de Veracruz, el año pasado la SSP rechazó nueve recomendaciones, aceptó tres y está en análisis una.

Crece la delincuencia

Durante el sexenio de García Jiménez (2018-2024), la entidad ha padecido un aumento en los actos de violencia. Datos oficiales reportan hasta ahora mil 843 hombres y 493 mujeres desaparecidas; y, según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en la entidad operan cinco organizaciones criminales.

Se han registrado casi seis mil homicidios dolosos y los feminicidios alcanzan cifras históricas. Los sistemas de salud y educación están abandonados; en igual situación se halla el campo, mientras el gobierno estatal acumula una deuda de 66 mil 700 millones de pesos (mdp).

Sin embargo, lo que más ha molestado del gobierno de García Jiménez es su manifiesta tendencia a reprimir violentamente manifestaciones pacíficas de los ciudadanos, a reformar las leyes locales a conveniencia y a perseguir y encarcelar a líderes sociales, opositores políticos y periodistas.

En su primer día de gobierno, el morenista se comprometió a respetar estrictamente los derechos humanos, inclusive creó la Dirección de Paz y Derechos Humanos (DPDH); pero esta dependencia jamás operó. Desde los primeros meses de su mandato, se vislumbró una crisis de violaciones contra los derechos humanos, especialmente en el rubro de las desapariciones forzadas.

En diciembre de 2021, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores acordó integrar una comisión especial de investigación para determinar la existencia de probables abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en Veracruz.

“Con fundamento en los Artículos 87° de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el 119° del Reglamento del Senado, decidimos integrar una Comisión Especial para determinar la existencia de probables abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en Veracruz, que recabe información sobre hechos y actos arbitrarios realizados por las autoridades de aquel lugar que tengan privados de su libertad a ciudadanos inocentes”, denunció el senador Ricardo Monreal Ávila en aquella ocasión.

En respuesta a este procedimiento, el mandatario veracruzano se jactó, el cuatro de enero de 2022, en una conferencia de prensa: “se ha engañado a la opinión pública sobre la conformación de una comisión especial, ya que en la página del Senado no existe alguna para investigar a Veracruz. No existe. Qué me va a preocupar algo que no existe. Estoy aquí tranquilo”.

Además, reconoció que le “daban risa” los señalamientos sobre presuntas arbitrariedades en Veracruz; y la Jucopo acordó la conclusión de los “trabajos” en la comisión especial y su desaparición para desactivar el conflicto generado al interior del Grupo Parlamentario de Morena, ya que la mitad de sus integrantes la habían calificado como ilegal.

Encarcelar a opositores

Durante su administración, Cuitláhuac García Jiménez no se limitó a reprimir y perseguir a ciudadanos, activistas sociales y opositores, también intentó encarcelarlos por el supuesto delito de “ultrajes a la autoridad”, por cuya comisión los infractores debían purgar de seis meses a dos años en la cárcel.

El primer detenido por esta causa fue Rogelio Franco Castán, quien fuera candidato a diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y exsecretario de gobierno. Pocos días antes, Tito Delfín, exalcalde de Tierra Blanca, fue aprehendido justo cuando asumía la dirección del Partido Acción Nacional (PAN), con el argumento de que había cometido delitos ambientales ¡10 años antes!

Sobre el caso de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Jucopo en el Senado, detenido en diciembre de 2021 por el presunto asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Cazones, Ricardo Monreal reclamó: “se trata de una detención alejada del principio de legalidad, maquinada, construida artificialmente”.

Seis meses después, un tribunal federal determinó que no había elementos probatorios del delito por el que había sido acusado y Del Río fue liberado. Lo mismo sucedió a la jueza Angélica Sánchez, quien además fue víctima de tortura, debido a que cumplió la orden de un juzgado federal de poner en libertad a un preso político.

La excomisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Yolli García, fue una de las víctimas del gobierno estatal que está por concluir, pues estuvo encarcelada más de tres años, desde marzo de 2020, y permanece en arresto domiciliario por hacer públicos, en 2019, los contratos millonarios para rentar patrullas policiales.

El “delito de ultrajes a la autoridad”, contemplado en el Artículo 331° del Código Penal del estado de Veracruz, fue declarado inconstitucional en diciembre de 2022. A pesar de una invalidación, entre 2022 y 2023, el Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV) ha documentado la detención de 371 por la comisión de este delito contra las instituciones de seguridad pública y dos más bajo el delito de ultrajes a la autoridad, según consta en el informe UTAIPPJE/1568/2023, obtenido mediante la Plataforma Nacional de Transparencia con fecha del 1° de diciembre de 2023.

Desde hace un mes, el senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez ha denunciado que el gobierno estatal planea encarcelarlo para evitar que tome posesión de su cargo el 1° de septiembre, pues la FGE ha actualizado una carpeta de investigación conformada en 2021 en la que se le acusa de falsificar documentos oficiales.

Sin embargo, el político panista afirma que ya fue juzgado por este delito y no se encontró culpable, por lo que no puede ser sometido a juicio.

Represión contra los ciudadanos

Después de los comicios del pasado dos de junio, en los que Morena mantuvo la gubernatura con la victoria electoral de la zacatecana Rocío Nahle, el mandatario saliente se ha sentido respaldado y se han multiplicado los actos de represión violenta para disolver manifestaciones pacíficas, mismas que han causado la muerte de al menos cuatro personas y dejado decenas de heridos.

Las víctimas mortales fueron Brando Arellano, asesinado en Lerdo de Tejada el nueve de enero; José Luis Zapata, en San Andrés Tuxtla, el 18 de junio; y los hermanos Jorge y Alberto Cortina, en Perote, el 20 de junio. Estos últimos se manifestaban en la carretera Perote-Puebla junto a integrantes del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Los Libres-Oriental, en contra de la empresa Granjas Carroll, por la contaminación del agua en la región.

Los victimarios de los dos hermanos pertenecen a la Fuerza Civil –corporación de “inteligencia” de la SSP, creada en 2014– quienes llegaron sin identificarse y abrieron fuego contra los campesinos.

Este lamentable incidente obligó al gobierno veracruzano a disolver el grupo policial el pasado 23 de junio, y a anunciar su integración de sus efectivos a la Subsecretaría de Operaciones de la SSP, con lo que además encubrió la demanda de los campesinos. La FGE confirmó, el 16 de julio, que sólo dos policías adscritos a la Fuerza Civil fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio doloso en riña.

Renato Romero, uno de los líderes del Movimiento de Defensa del Agua de la Cuenca Libres Oriental acusó a Cuauhtémoc Zúñiga, Secretario de la SSP y al gobernador Cuitláhuac García, de haber ordenado la represión violenta y de no hacerse cargo de las consecuencias.

“¿Por qué nada más arrestan a dos o a cinco, y por delitos menores? Les van a dar impunidad, no sólo es abuso de autoridad. Mentirosos, encubridores. Hubo ejecución. Hay un crimen de Estado, los llevaremos ante la justicia internacional… desde aquí hago responsables al gobierno de Veracruz, al gobierno de Puebla y al Gobierno Federal, por hacer caso omiso”, exclamó indignado.