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En este momento, las puertas del Palacio Municipal de Ixtapaluca, Estado de México, lucen repletas de desperdicios, esto debido a que recolectores de basura descargaron un camión frente a las instalaciones como parte de su propuesta contra la directora de Servicios Público, Nora Yáñez Chávez, a quien acusan de abuso de poder, hostigamiento y extorsión.

Asimismo, los manifestantes mantienen bloqueados por lo menos cinco puntos del municipio para exigir que se detenga el maltrato, las amenazas, las cuotas indebidas y la manipulación de las asignaciones laborales por parte de la funcionaria, quien, además favorece a grupos ligados al propio gobierno municipal.

Los manifestantes aseguraron que dicha conducta de la directora no sólo afecta a los trabajadores, sino también al funcionamiento del servicio, que ya se encuentra en “pésimas” condiciones por falta de recursos y mantenimiento a las unidades.

La indignación de los manifestantes crece también por el vínculo familiar entre la funcionaria Nora Yáñez con el exfuncionario Rodolfo Chávez Torres, detenido por presuntos nexos con el crimen organizado durante el Operativo Enjambre en 2024. También se presume que es pariente del propio alcalde Felipe Arvizu de la Luz.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha salido a dialogar con ellos; el Presidente Municipal permanece ausente.

Ixtapaluca en crisis

El conflicto con los recolectores se suma a una lista de crisis en el municipio, el cual luce con calles destrozadas, luminarias inservibles, colonias enteras sin agua, avenidas inundadas y la creciente inseguridad, el repunte de delitos; así como la falta de respuesta efectiva por parte de los policías municipales, todo ello refleja el abandono institucional por parte del alcalde.

Uno de los escándalos más recientes que sacudieron a Ixtapaluca y que desató protestas ciudadanas que exigen justicia fue un video difundido en redes sociales que mostró a empleados municipales mutilando a un perro dentro de un supuesto refugio animal operado por el Ayuntamiento. Tras la presión social, la Fiscalía del Estado intervino y encontró un panorama “devastador”: animales en condiciones críticas, instalaciones insalubres y propaganda oficial colgando de las paredes. El hecho desató protestas ciudadanas y exigencias de justicia.

Ante este panorama, ciudadanos y colectivos consideran que Felipe Arvizu ha fallado en sus responsabilidades, por lo que exigen la revocación de su mandato. De acuerdo con el artículo 61 Bis de la Constitución local, el proceso es legalmente viable, basta con reunir cerca de 37 mil firmas para solicitarlo y que al menos el 47 por ciento del padrón participe en la consulta.