Condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta distorsiona la realidad en un país donde la cifra negra de delitos no denunciados alcanza el 93%.
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Marco Antonio Ortiz Salas, Secretario General de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, A.C. (CODUC), informó que a partir de hoy instalan un plantón indefinido afuera de la Secretaría de Gobernación para solicitarle al titular de la dependencia, Adán Augusto López, que intervenga ante el desalojo con violencia a ejidatarios de Buenavista del municipio de Macuspana, que protestaban contra la empresa Holcim Apasco por incumplir acuerdos suscritos desde 1979.
El dirigente de la CODUC señaló que “al gobierno de Tabasco debería darle vergüenza al ponerse de lado de la empresa y no de los ejidatarios, sobre todo porque es un tema que conoce y en el que nos asiste la razón, por eso demandamos la intervención de Adán Augusto López, pues el conflicto va a rebasar al gobierno estatal”.
En ese sentido, dijo, pedirán al Presidente Andrés Manuel López Obrador que apoye a los ejidatarios, sobre todo porque son del mismo municipio de donde es originario el Primer Mandatario.
Ni el gobierno del estado ni la propia empresa han mostrado voluntad para resolver un conflicto que lleva más de 40 años y que al día de hoy podría resolverse si la empresa cumpliera los compromisos originales.
La empresa Apasco no ha cumplido con lo que se comprometió llevar a cabo: una serie de obras como la construcción de escuela, centro de salud, drenaje, tuberías para suministro de agua potable, pavimentación de calles, dar anualmente 400 plazas de trabajo y pagar el 1% de las utilidades de la cementera a los ejidatarios (la estimación serían mil 500 millones de pesos tras la expropiación de terrenos) y todas las obras a las que se comprometieron.
Alrededor de las tres de la mañana, elementos de la policía estatal cercaron a los compañeros de CODUC que mantenían el plantón en la cementera y fueron desalojados con violencia; existen cinco compañeros detenidos y que no han sido localizados, además de diez personas golpeadas entre ellas mujeres.
“Sitiaron los accesos de la comunidad y comenzaron a agredir a los compañeros con violencia, les pedimos que se hiciera una mesa de diálogo y dijeron que era instrucción del gobernador”.
Condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta distorsiona la realidad en un país donde la cifra negra de delitos no denunciados alcanza el 93%.
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Escrito por Redacción