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La sequía sin precedentes, que afecta a México desde 2023, ha provocado una caída de 50 por ciento de la producción de frijol en la región norte del país; y el precio de este alimento básico para los mexicanos se eleva en la misma proporción.
Información estadística del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) revela que la cosecha de frijol del año pasado fue de apenas 470 mil toneladas, 50 por ciento menor que la de 2022, cuando se levantaron 940 mil toneladas.
Este descenso productivo ha tenido un impacto adicional que reclama la mayor atención de las autoridades del Gobierno Federal: el consumo de esta gramínea ha disminuido 40 por ciento debido al incremento del precio para el consumidor.
La misma situación se advierte en los tres estados con mayor producción de frijol y principales proveedores de este alimento en el país: Durango, Chihuahua y Zacatecas. En el último año, sus productores lo han vendido a 20 pesos el kilogramo; mientras, su precio ha oscilado entre los 35 y 45 pesos en los mercados.
En los municipios de Durango, actualmente se le consigue en 40, 42 y 45 pesos el kilo; y para comprarlo en 35 o 36 pesos, las familias deben buscarlo en los mercados, tiendas y fruterías de las colonias populares.
Tanto productores como consumidores de frijol exigen al Gobierno Federal que ya no evada este grave problema socioeconómico y aplique un plan de acción para restablecer la producción y regular su precio de venta, porque la seguridad alimentaria de los mexicanos está de por medio.
Según el SIAP, la caída de la producción frijolera en 2023 ha sido la mayor en 30 años; y en Durango, Chihuahua y Zacatecas, la disponibilidad de agua suficiente para regar los cultivos de frijol redujo tanto la cantidad como la calidad del grano, por lo que las inversiones de los agricultores se perdieron.
Las altas temperaturas y la falta de lluvias propiciaron que los suelos se mantuvieran extremadamente secos y que el frijol, el maíz y otras plantas no crecieran y muchos cultivos no sobrevivieran.
Por ello, los productores consideran necesario que el Gobierno Federal y las autoridades estatales brinden apoyos emergentes para superar la crisis económica y laboral y puedan garantizar la seguridad familiar y alimentaria del país.
Entre las soluciones propuestas destacan, además de apoyos económicos, la provisión de subsidios para sus cultivos; mayor inversión en infraestructura de riego; estimular la búsqueda científica de variedades de frijol más resistentes a la sequía y fomentar las prácticas agrícolas sostenibles.
La baja producción de frijol generó escasez y, con ésta, el aumento del precio al consumo, del que los productores no obtienen ningún beneficio porque sus cosechas se venden a un promedio de 20 pesos por kilo. El incremento en los costos del frijol ha afectado tanto a productores como a consumidores.
María Galván López, ama de casa, reportó a buzos: “el frijol es parte importante de nuestras comidas diarias; pero con estos precios, ya no podemos comprarlo como antes. Hemos reducido la cantidad que consumimos y tuvimos que buscar otras alternativas más económicas, aunque no son igual de nutritivas; por ejemplo, la soya que, aunque es más barata, no llena igual”.
Juan, padre de familia, dijo a este medio que el frijol, “es parte esencial de nuestra dieta; ahora, en casa sólo podemos consumirlo ocasionalmente”; y Miguel González Hernández, productor de este grano en la región de Los Llanos de Durango, informó:
“Este año ha sido el peor que he visto en mi vida. La sequía nos dejó sin nada. Tuvimos que vender a un precio muy bajo el poco frijol que logramos cosechar, apenas 20 pesos por kilo; mientras en el mercado se vende al doble. No sé cómo sobreviviremos si esto sigue así”.
Otra productora de frijol, doña María, señaló que su familia subsistía de la producción de frijol; pero “ahora con la sequía, hemos perdido todo. No tenemos suficiente para comer ni para vender. Nos hemos endeudado para sobrevivir y no vemos una solución a corto plazo”.
González Hernández explicó a buzos que, ante la gravedad de esta situación, se debe evitar que aumente la inseguridad alimentaria y la desigualdad socioeconómica en el país; el Gobierno Federal debería elaborar un plan que incluya subsidios directos a los agricultores que compensen sus pérdidas, así como fomentar la producción de frijol.
Los subsidios pueden ayudar a los pequeños y medianos productores a cubrir los costos, reducir el impacto de las fluctuaciones en los precios del mercado y pueden ser distribuidos equitativamente con base en la cantidad de sus cultivos.
Sugirió la proyección de un censo de los “productores de frijol para identificar sus necesidades y establecer criterios de elegibilidad; determinar el monto y la modalidad del subsidio, ya sea en efectivo, en especie (semillas y fertilizantes) o mediante asistencia técnica”.
El agricultor propuso, además, el trabajo conjunto de los productores con comerciantes y distribuidores para asegurar el cumplimiento de los precios regulados con base en incentivos a los comerciantes que respeten los precios regulados.
La producción de frijol en Durango casi ha desaparecido en los últimos años; miles de familias campesinas han perdido su principal fuente de ingresos y quedaron económica y socialmente vulnerables.
La pérdida de cosechas e inversiones en semillas, fertilizantes y otros insumos agrícolas generaron ya un efecto dominó en la economía local, porque muchas otras actividades económicas dependen indirectamente de la agricultura, lamentó González Hernández.
Un informe de la Universidad Autónoma de Durango (UAD) explica que el consumo de frijol se ha reducido 40 por ciento en las familias de esta entidad debido a su alto precio y a que esta disminución tiene serias implicaciones para la salud, especialmente entre los niños y los ancianos.
El frijol representa una fuente importante de proteínas y otros nutrientes; su escasez conlleva deficiencias nutricionales; en el largo plazo, esto afecta el desarrollo físico y cognitivo. Es difícil reemplazar los nutrientes aportados por el frijol con otros alimentos, especialmente en comunidades con recursos limitados, subraya la UAD.
Entre las irregularidades destaca una supuesta reducción del 28% en homicidios dolosos y un aumento del 29% en asesinatos culposos en Colima.
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Escrito por José Emilio Soto Soto
Colaborador