El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) de la Cámara de Diputados de Veracruz detectó irregularidades por más de mil 500 millones de pesos (mdp) en la Cuenta Pública 2022 del gobierno estatal morenista que encabeza Cuitláhuac García Jiménez.

En la Secretaría de Salud (SS) se registró el mayor número de observaciones contables, hecho que para los diputados locales de oposición no resulta fortuito porque en esa dependencia fueron previamente removidos dos titulares por mala administración de su gasto público.

El pasado tres de octubre, Orfis entregó al Congreso Local los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2022, en los que se detallan las acciones contables incompatibles, las observaciones y las recomendaciones formuladas a los entes fiscalizados.

La auditora Delia González Cobos explicó a los diputados locales que se practicaron mil 230 auditorías, revisiones y evaluaciones a 619 entes fiscalizables; que 611 auditorías se realizaron para evaluar el desempeño integral (legal, financiero y contable) del gasto público ejercido.

Auditora Delia González Cobos

Concluida la fiscalización, aseveró la auditora, se determinó un presunto daño patrimonial por mil 546 millones 610 mil 792 pesos, que corresponde a mil 382 observaciones. Su desglose es el siguiente:

En 31 de los entes del gobierno estatal se detectaron irregularidades con un presunto daño patrimonial de 166 millones 596 mil 635 pesos; en otras 59 hay inconsistencias de carácter administrativo que ameritaron recomendaciones; y sólo uno no tuvo observaciones ni recomendaciones.

En 195 gobiernos municipales se detectaron irregularidades con un daño patrimonial global de mil 348 millones 611 mil 249 pesos; en otros 17 municipios hay inconsistencias de carácter administrativo; se registró un presunto daño patrimonial por 31 millones 402 mil 907 pesos en 10 entidades paramunicipales, y en otras seis sólo hubo inconsistencias administrativas.

González Cobos informó que el Orfis recomendó el reintegro de 36 millones 28 mil 308 pesos; de los cuales 31 millones 860 mil 805 pesos corresponden a 148 municipios; tres millones 673 mil 237 pesos a cuatro entidades paramunicipales y 494 mil 265 pesos a 18 entes estatales.

En junio pasado, la auditora superior reveló que serían giradas tres órdenes de aprehensión contra exalcaldes por presunto daño patrimonial, aunque aclaró que uno de ellos salió del país para evitar su detención a manos de la Policía Ministerial.

“Ya hay órdenes de aprehensión dictadas. Un exalcalde muy cercano de la zona (región capital de Veracruz), muy preocupado por la situación y nos confirmaron que sí había una orden de aprehensión y me parece que el señor salió del país”, explicó.

La auditora no definió el nombre de los exediles, sólo reconoció que estuvieron en funciones en el trienio 2018-2021; y sugirió que el Congreso de Veracruz debe difundir esta información para que la población sepa que el Orfis está trabajando.

“Es necesario que se conozcan estos datos, que conozcan que tiene un origen y que tienen una denuncia nuestra; si no seguimos estando en las mismas de que el trabajo no se ve y queremos que se note”, subrayó.

González Cobos abundó también en que el Orfis presentó, además, observaciones financieras, la primera denuncia penal contra el actual gobierno estatal por un fideicomiso de aproximadamente 21 mdp, en cuya administración se detectaron facturas CFDI apócrifas.

En el informe 2022 se difundió que entre 2017 y 2022 se han presentado 351 denuncias contra quienes resulten responsables. El mayor número se produjo en 2019, con 68; en 2020 hubo 45; en 2021, tres; y el año pasado, una. El daño patrimonial total de 2017 a 2022 asciende a 35 mil 635 millones 735 mil 969 pesos con 91 centavos.

Los principales hallazgos

El ente fiscalizador explica que, entre las fallas detectadas en la Cuenta Pública 2022 con afectación al erario, destacan información financiera-contable incorrecta o insuficiente; disminución de los recursos en comparación con los ejercicios anteriores; proyectos ejecutados no aprobados por las normativas de las dependencias; servicios, productos y obras de mala calidad o deficientes; falta de solvencia en la liquidación de pasivos; adjudicaciones directas sin fundamentación ni apego a la ley, y contratos que no permiten conocer los alcances, requisitos y tiempo de entrega de los servicios pagados.

Citó el ejemplo de las auditorías técnico-financieras aplicadas a obras públicas del gobierno estatal, en las que se detectó un presunto daño patrimonial por seis millones 527 mil pesos 31 centavos: y 155 millones 848 mil 363 pesos 87 centavos, con un resultado de 161 millones 952 mil 891 pesos 18 centavos en 28 organismos públicos descentralizados, a los que además se les hicieron recomendaciones por inconsistencias administrativas.

Además de la SS, las dependencias con más señalamientos son la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SDARP). Instituciones con más recomendaciones son la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), el Tribunal Electoral del Estado (TEEV); la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), la Fiscalía General del Estado (FGE), el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV), la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas.

En la Cuenta Pública de la Universidad Veracruzana (UV) se detectaron irregularidades por un monto de cuatro millones 643 mil 744 pesos con seis centavos, además de observaciones administrativas y recomendaciones.

El informe encontró falta de experiencia en los titulares de los órganos internos de control administrativo e insuficiente seguimiento de los resultados de auditorías anteriores por cuenta del gobierno estatal; deficiente actividad financiera; rotación excesiva de personal que dificulta el fortalecimiento de capacidades profesionales y propicia el desconocimiento de la normatividad y la falta de continuidad en la operación de los planes y programas.

En los gobiernos municipales observó carencia de profesionalización en los servidores públicos; ausencia de nivel académico o técnico adecuado en los funcionarios ubicados en puestos operativos fundamentales para la administración municipal; falta de verificación de datos y solvencia económica en los procesos de licitación y el reintegro a la Federación de múltiples recursos no ejercidos.

Llama la atención que de los 212 municipios del estado de Veracruz, sólo 17 tienen inconsistencias administrativas que deberán solventarse en los próximos días. Se trata de Acajete, Hueyapan de Ocampo, Alto Lucero, Juchique de Ferrer, Banderilla, La Antigua, Boca del Río, Nanchital, Calcahualco, Pueblo Viejo, Camerino Z. Mendoza, Tamalín, Coatepec, Tepatlaxco, Comapa, Tlalnelhuayocan y Córdoba.

En el resto de los ayuntamientos, el Orfis encontró irregularidades de carácter financiero; deficiencias y anomalías en la ejecución de obras públicas; errores administrativos y descontrol de la deuda pública. En Medellín de Bravo, el monto de las observaciones corresponde a 84.6 mdp; y aunque no ejerce uno de los presupuestos más altos del estado, es uno de los que más observaciones acumuló: 17 de carácter financiero-presupuestal; cuatro por deficiencias técnicas en obras públicas (por más de 13 mdp) y dos por mal manejo de la deuda.

El presunto daño patrimonial detectado en Perote es de los más altos, pues supera los 11 mdp. El ayuntamiento de Orizaba reportó 19 irregularidades, una de tipo financiero y 18 en obra públicas, por un monto superior a los 14 mdp.

Boca del Río, que es gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN), tuvo sólo 20 observaciones y 23 recomendaciones. Su vecino Veracruz, también panista, registró un presunto daño patrimonial por 39 millones 192 mil 679 pesos; además de observaciones, como que en sus estados de cuenta bancarios hay saldos sin movimiento por un millón 132 mil 775 pesos con 26 centavos y 579 mil 759 pesos con 25 centavos. El Orfis, sin embargo, no ha realizado ninguna acción destinada a ordenar la aplicación de esos recursos.

Entre las entidades paramunicipales con más irregularidades destacan la Comisión de Agua y Saneamiento (CAS) de Coscomatepec y sus similares de Fortín, Huatusco, Tierra Blanca, San Andrés Tuxtla y Foro Boca. En las otras 10 se determinó la existencia de un presunto daño patrimonial por un total de 31 millones 402 mil 907 pesos.

La crítica de la oposición

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez Marín, denunció públicamente que la SS de Veracruz realizó contratos de servicios irregulares con 50 empresas de reciente creación por un monto superior a mil 500 mdp entre 2019 y 2022; de los cuales 94 fueron por adjudicación directa por un monto de 315.3 mdp; 66 fueron por invitación por un monto de 771.8 mdp; 190 a personas físicas por 506.3 mdp y 44 personas físicas beneficiarias de programas sociales y empleados del gobierno estatal por 122.8 mdp.

Ramírez Marín denunció, además, que mientras en el estado actualmente hay más de 17 mil bardas pintadas con letreros de promoción electoral –muchas de ellas para respaldar la precandidatura morenista de la exSecretaria de Energía, Rocío Nahle García– en gran parte de los municipios de la entidad no hay médicos ni medicinas en las clínicas ni se da mantenimiento a los hospitales.

“Lo que procede es que se revise si el dinero está siendo gastado correctamente; pues además acaban de ratificar a la tercera Secretaría de Salud en Veracruz y el personal administrativo, el jefe de la Unidad Administrativa, la directora de Recursos Financieros, la jefa del Órgano Interno de Control, siguen siendo los mismos”, abundó.

El legislador priista recordó que, hace varios meses, denunció que Araly Rodríguez Vez, empleada de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), suscribió un contrato de servicios con la SS por un monto de casi 100 mdp; y que ese asunto había sido cerrado.

Araly Rodríguez Vez, empleada de la Secretaría de Educación de Veracruz

Reveló que actualmente investiga quién fue el autor intelectual de ese concierto irregular, si tales recursos serán destinados al financiamiento de alguna campaña electoral morenista; y anunció que una vez que confirme sus presunciones, efectuará la denuncia correspondiente ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados (federal). 

Al cuestionarlo sobre las aspiraciones de Jorge Sisniega Fernández, Director Administrativo de la SS, quien aspira a una diputación, Marlon Ramírez aclaró que el funcionario tiene esa intención: “el fuero constitucional, después de este tipo de prácticas, le será necesario a éste y a otros personajes de la ‘Cuarta Transformación’, a costa de los verdaderos militantes del partido que decida postularlos; esos que se forman y nunca llegan, porque hay que proteger a estas personas”.

Ramírez Marín insistió en que este asunto debe ser judicializado e informó que esta semana acudió al Registro Público de la Propiedad (RPP) en busca del nombre de las 50 empresas de reciente creación, “porque el gobernador pidió que denunciáramos; y creo que es lo que debemos hacer, como parte del Congreso de Veracruz y en nuestra responsabilidad, para desentrañar si ese dinero fue a parar a las bolsas de alguien o si va a parar a la campaña de alguien.

“Corresponde descubrir quiénes son los autores intelectuales de todo este andamiaje, porque para constituir empresas hay que ir a un notario, hay que tener un acta, aportar un capital social. Se tiene que denunciar y que sean las instancias correspondientes las que investiguen con el riesgo de las fiscalías a modo”, precisó.

Informó, asimismo, que fue a las oficinas del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) para solicitar formalmente a su comisionado-presidente David Agustín Jiménez Rojas que difunda los contratos y asignaciones de esta dependencia.

El legislador tricolor reveló también que en el portal de transparencia de la SS de Veracruz ha encontrado “una gran cantidad de material y medicamentos caducos que han sido dados de baja y que constan en las actas del subcomité de los Servicios de Salud de Veracruz. Y queremos comparar los documentos que hemos obtenido a través de los portales de transparencia, y otros que han sido dados por diversas personas que tienen el interés en que lo que está ocurriendo en el estado de Veracruz se pueda transparentar”.

La respuesta institucional

El diputado local Rafael Fararoni Magaña, presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso de Veracruz, advirtió que la revisión del informe del Orfis implicará una exhaustiva revisión técnica sobre su contenido; y exhortó a sus compañeros legisladores y a la auditora superior a que no politicen los resultados, ya que existen instancias para aclarar cualquier observación.

“En caso de hallar, les recomiendo apoyarse en pruebas para evitar que la atención sobre algún asunto tome una dirección distinta; ya que finalmente a quien va a afectar es a Veracruz y a las instituciones”, señaló; y subrayó que cada integrante de la Comisión de Vigilancia ha trabajado con toda libertad para manifestar lo que sus representados necesitan en materia de rendición de cuentas.

El legislador morenista informó que a la fecha se han realizado 19 reuniones, en la mayoría de las cuales participaron algunos de los integrantes del Orfis; e indicó que tal como lo dispone la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, revisarán detalladamente el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2022.

También aclaró: “nos hemos involucrado en el proceso de fiscalización; hemos roto récord de reuniones en el año; en las revisiones nos damos cuenta que el tema más recurrente es el timbrado de nóminas, lo del CFDI de las nóminas, que suceden por diversos motivos. Todo se cruza con el número de personal que se tiene y éste debe cuadrar con la nómina; pero si no coincide y no estás timbrando la nómina, puede ser daño patrimonial.

“Invitamos a los tesoreros y contralores de los municipios que sean muy cuidadosos en este tema”, subrayó y llamó a los 212 municipios para que no caigan en el engaño de usurpadores que prometen soluciones mágicas para limpiar sus cuentas ante el Orfis”.

Al respecto, el diputado local del Partido del Trabajo, vocal de la Comisión de Vigilancia, Ramón Díaz Ávila, informó que, desde 2017, cuando se retiraron 10 despachos contables, la concesión por falsificar documentos para comprobar gastos de las cuentas públicas; y al Orfis para que presente las denuncias penales contra dichos despachos, como lo ha hecho contra los ayuntamientos que incurrieron en daño patrimonial.

“En la Comisión de Vigilancia hay pruebas de algunos despachos que han estado haciendo un mal trabajo, donde falsifican información y esos despachos también deberían de estar acusados como están algunos alcaldes de años anteriores”; y durante conferencia de prensa aseguró que algunos de los documentos falsificados eran de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, de la Secretaría de Protección Civil y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Informó, asimismo, que la siguiente acción de la Comisión de Vigilancia será visitar la Fiscalía General del Estado para verificar el estado que guardan las más de 125 denuncias penales que el Orfis ha presentado en su contra por la comisión de anomalías en las cuentas públicas durante 2017-2022.

En relación con las observaciones y recomendaciones del Orfis sobre el informe de la Cuenta Pública 2022 del gobierno estatal de Veracruz, no hay que perder de vista el acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que sólo el 16.7 por ciento de las dependencias estatales de esta entidad cuentan con oficinas especializadas en la recepción de solicitudes de información, lo que posibilita la opacidad y las prácticas de corrupción en los recursos públicos del estado.