La autoproclamación del exjefe del ilegal Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino es una jugada geopolítica de las corporaciones por acceder a la mayor reserva mundial de crudo. La estrategia de Estados Unidos (EE. UU.) busca además reafirmar su hegemonía regional y reavivar la división del mundo en bloques.

Evidentemente Donald John Trump anticipó el apoyo de Rusia, China e Irán a Nicolás Maduro, por lo que subió la presión a través de sus aliados. México invocó el principio de no intervención y ofreció una mediación que nadie aceptó. El desenlace de la escalada contra el gobierno bolivariano impactará en América Latina en general y en nuestra política exterior en particular.

Al autoproclamarse Juan Gerardo Guaidó presidente interino de Venezuela detonó la fase tres del plan Freedom II del Comando Sur de EE. UU. Este programa, inspirado en la política de seguridad hemisférica, busca no solo el control de la riqueza energética de Venezuela, sino cambiar el mapa político regional y afirmar la autoridad del capital corporativo.

Guaidó es producto de los cursos de liderazgo democrático de la Agencia de los Estados Unidos para la Desarrollo Internacional (USAID) en Venezuela, es ingeniero industrial y fue dirigente estudiantil en el movimiento Manos Blancas que se opuso al gobierno del expresidente Hugo Chávez. 

Él y su partido político Voluntad Popular han avalado las fases previas del plan Freedom II: fomentar el mercado negro y el desabasto de productos básicos para afectar la economía y financiar a la violencia opositora.

El Comando de Operaciones Especiales Sur, la Fuerza de Tarea Bravo y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur, preparan un plan “de nuestra intervención en Venezuela, concebida como operación de amplio espectro cuyos conceptos estratégicos son: uso de fuerza decisiva, proyección de poder, presencia en ultramar y agilidad estratégica conforme a la Visión Conjunta 2020”.

Interés geopolítico

La ofensiva del imperialismo estadounidense contra la Venezuela bolivariana y toda la región se alienta con motivaciones geopolíticas de gran peso. Derrocar al gobierno bolivariano significaría que las élites locales, respaldadas por el capital trasnacional y la Casa Blanca, son capaces de articular un golpe en cualquier lugar de Latinoamérica.

Un cambio político en Venezuela sería un mensaje rotundo a Bolivia, Cuba, Nicaragua y México, donde la administración de Donald Trump disputa con furia frente a Beijing y Moscú.

La obsesión imperial de Washington ha sido borrar del mapa a esa revolución social que, como nunca antes, ha impulsado la integración político-económica latinoamericana y la soberanía de los recursos naturales. Cuando Venezuela promovió el alza en el precio mundial del crudo y fortaleció su relación con el mundo, los neoconservadores estadounidenses afinaron planes genocidas.

Para el capital corporativo la diplomacia independiente de Nicolás Maduro amenaza su interés geopolítico. Venezuela posee la mayor reserva mundial de petróleo, 30 veces mayor a la de Arabia Saudita, y la segunda reserva más grande de gas.

Tiene el sitio 20 en reserva mundial de agua dulce. En 2016, el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico descubrió enormes yacimientos de oro y reservas de coltán (llamado oro azul).

Para saquear impunemente esa riqueza, EE. UU., sus aliados y la prensa corporativa, diseñaron la narrativa falaz de una Venezuela “antidemocrática” que viola derechos humanos. En ese contexto sucedieron intentos de asesinato al presidente Maduro que no condenó a ningún país “democrático y humanista”.

El interés de EE. UU. por preservar su hegemonía regional se evidenció el siete de enero durante la investidura de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. Ahí Mike Pompeo, el Secretario de Estado de Trump, criticó la actividad económica “depredadora” de China en la región y llamó a la región a “cerrar filas contra Venezuela y China”.

Dólares y mentiras

El guion de la oposición venezolana alega que la reelección del presidente Maduro fue fraudulenta y que el pueblo “muere de hambre”. Sin embargo, los pobres en la calle no reclaman por la “dictadura”, sino por su incomprensible mano blanda frente a los especuladores de alimentos, sostiene el analista Alejandro Kirk.

Por primera vez en el siglo XXI, un país de América Latina ha roto relaciones con EE. UU. Al llegar al límite la tensión entre Washington, también sorprendió que el líder de la superpotencia admitiera que fragua una invasión militar contra su aún socio petrolero.

La profunda dependencia de dólares y euros de la oposición venezolana se evidenció con la oferta de 20 millones de dólares (mdd) que Mike Pompeo hizo tras la autoproclamación de Guaidó.

Sin embargo, esa cifra representa solo “la milésima parte de lo que Venezuela perdió en 2018 por las medidas unilaterales de EE. UU.”, explica Kirk. A cambio de tal financiamiento, la parasitaria oposición ha articulado el sabotaje del empresariado y estimulado la constante agresión mediática.

Al respecto, cabe cuestionar las mentiras que esgrime la oposición. Por ejemplo, si la represión del gobierno es total ¿por qué funcionaba el Parlamento que lideraba Guaidó?, ¿cómo es que goza de libertad para ir y venir?, ¿será que EE. UU. y él quieren provocar su arresto y la intervención militar?

La oposición, reunida en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), se negó a firmar los acuerdos conciliados en República Dominicana. “Ahí se dejaron la dignidad y se auparon a las políticas beligerantes de Donald Trump y aliados regionales”, afirma el analista Marcos Roitman.

Tras autoproclamarse y adjudicarse competencias del Ejecutivo, Guaidó salió sin responder a ningún periodista. Al concluir esta puesta en escena, los opositores de derecha regresaron a la zona este de Caracas, en donde reside la clase alta y media.

Fake president

En esos minutos tensos, lejos de informar con la verdad, la prensa corporativa desinformó y difundió que Maduro se había asilado en una embajada latinoamericana. En su cínico usufructo de la crisis venezolana, la prensa extranjera aumentó su cobertura hasta dedicarle, como el diario madrileño El País, nueve páginas a su parcial reseña del conflicto.

En cambio, borró el exhorto de 70 intelectuales, historiadores y expertos en política latinoamericana que exigieron al gobierno de EE. UU. que no interviniera en la política de Venezuela y apoyara un diálogo entre las partes. Debido a ello, los analistas advirtieron el vínculo entre las fake news y el ahora fake president.

“Entramos en una era en que, al parecer, se podrán imponer presidentes por medio de Twitter. Es absurdo desde la Ley Internacional pero este esquema se agudiza en la época de Donald Trump y Bolsonaro”, alerta el profesor de la Universidad de California, Roberto Lobato. Es previsible que se profundizará la desinformación y que la gente no deba creer posibles mensajes que digan que “Guaidó está desaparecido” o que “Maduro ha caído”.

Lucha en la ONU

A solicitud de la Unión Americana, el 26 de enero, el Consejo de Seguridad (CS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debatió la crisis en Venezuela. Se formaron de nuevo los bloques encabezados por EE. UU. y sus aliados que tienen diferencias profundas con Rusia, China, Cuba, Irán y otros gobiernos.

La situación creada por Guaidó “quebranta el derecho internacional e intenta orquestar un golpe de Estado”, aseguró el representante ruso, Vasily Nebenzia. “Lo de Venezuela es un asunto interno que no supone ninguna amenaza a la paz y seguridad”, agregó.

En cambio, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, sostuvo la necesidad de expulsar a Maduro de la presidencia porque el pueblo venezolano muere de hambre. A su vez, el gobierno cubano rechazó la insidiosa acusación de Pompeo de que La Isla es “la potencia extranjera que se inmiscuye en Venezuela”.

España, Francia, Alemania, Reino Unido y Portugal –en voz de la Unión Europea (UE)– impusieron al gobierno de Maduro la opción de convocar elecciones en ocho días para resolver la crisis. De no hacerlo, advirtieron, reconocerán como presidente interino a Juan Guaidó.

Contundente, el ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, respondió: “¿Europa dándonos ocho días de qué? ¿De dónde sacan que tienen potestad para darnos ultimátums? ¿Por qué la UE no convoca elecciones en España o el Reino Unido?”. Y afirmó que EE. UU. no está detrás del golpe de Estado, sino “a la vanguardia, da y dicta las órdenes no solo a la oposición venezolana, sino a los Estados satélites”.

“China mantiene el principio de no injerencia y se opone a la injerencia de fuerzas externas en Venezuela. China sigue con atención la situación y hace un llamado a la racionalidad y la calma en ese país”, anunció la cancillería. India se desmarcó también al afirmar que “la gente de Venezuela es la que debe encontrar una solución política a sus diferencias”.

Esta división en el Consejo de Seguridad impidió un pronunciamiento oficial y los Estados se limitaron a expresar sus posturas sobre el caso.

Presión sobre México

El geopolitólogo mexicano y experto en energía, Miguel García Reyes, sostiene: “Si permitimos que desde el exterior se designe al gobernante de un país, como ocurre en Venezuela, entonces no solo se hará trizas el derecho internacional, sino que regresaremos a la época de los imperialismos del siglo XIV y XV”.

Sin embargo, es previsible que Donald Trump presione al gobierno mexicano para que modifique su posición neutral y su llamado al diálogo en Venezuela. Para ello Juan Guaidó, el día 28, expresó a un diario mexicano: “Espero que –México– se pueda sumar a las voces que piden un cambio de democracia y libertad en Venezuela”.

Respaldan esa posición el Consejo Mexicano de Asuntos Exteriores (Comexi) y los diplomáticos que desde el Grupo de Lima promueven la beligerancia anti-Maduro en la Organización de Estados Americanos (OEA). Les disgusta el comunicado 012 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del 23 de enero: “México se apega a sus principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de controversias internacionales, igualdad jurídica de los Estados, respeto, protección y promoción de los derechos humanos y de lucha por la paz y seguridad internacionales. Por tanto, México no participará en el desconocimiento de un país con el que mantiene relaciones diplomáticas”.

El comunicado además coincide con la ONU en la necesidad de reducir tensiones y evitar la escalada de violencia. Además, comparte el exhorto al diálogo del gobierno de Uruguay. Así se inició el primer conflicto regional para la diplomacia mexicana en la actual gestión presidencial.