El gobierno de Chihuahua dejó sin servicio médico a 100 mil 346 jubilados y pensionados porque los fondos de Pensión Civil del Estado (PCE) –otrora modelo de medicina pública a nivel nacional– fueron utilizados en gasto corriente y porque la Secretaría de Finanzas no entrega las cuotas que descuenta a los trabajadores del Estado.

La discrecionalidad financiera con que el gobernador panista Javier Corral Jurado ha actuado para superar la virtual quiebra que padece su administración, ha llevado a las PCE hacia su peor situación crítica en seis décadas; ya que está en riesgo de suspender sus servicios de proveeduría de insumos y medicamentos destinados a atender enfermedades graves.

Además del uso indebido de sus fondos por cuenta de Corral Jurado, la actual crisis financiera de Pensiones Civiles es causada por los adeudos que la mayoría de las entidades del gobierno estatal, dos universidades públicas y varios sindicatos de la burocracia local tienen con dicha oficina.

Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) debe 516 millones de pesos (mdp) por servicios médicos y 144 mdp en cuotas individuales de sus trabajadores destinados al Fondo de pensiones. Las juntas municipales de Agua y Saneamiento de Parral, Delicias y Chihuahua deben 300 mdp en conjunto.

Los poderes Judicial y Legislativo locales deben aproximadamente 90 mdp, adeudo que les ha ocasionado la Secretaría de Finanzas del estado por no entregarles las cuotas destinadas a las PCE. En los meses pasados, varias dependencias se han esforzado en cumplir con sus aportaciones y pagar sus adeudos. El

PCE, organismo público descentralizado del gobierno estatal de Chihuahua, fue creado en 1957 para encargarse de brindar seguridad social a los servidores públicos de los tres Poderes, incluidos los trabajadores y maestros afiliados a la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y los empleados y maestros de la UACh. Además de otorgar pensiones, jubilaciones y créditos, sus servicios incluyen atención médica a los trabajadores y sus familias.

Conflicto social en ascenso

Varios de los entes afiliados a PCE cuentan con dos grupos de trabajadores: los que ingresaron antes de 2014 y los que comenzaron a laborar a partir de ese año. Estos últimos deben pagar una cuota mayor a la de quienes están en el régimen anterior. En ambos casos, el patrón (la dependencia), paga otra cuota.

En el nuevo régimen llaman “cuentas individuales” a los fondos que un trabajador y el patrón acumulan su jubilación; a estas aportaciones se agrega un rendimiento anual que se define con el índice de la inflación más dos puntos porcentuales.

Muchos de los organismos públicos afiliados a las PCE están incumpliendo con el pago de esta obligación; por lo que cuando un trabajador quiera jubilarse, puede no alcanzar este objetivo porque no hay dinero. Esas entidades no solo violan la ley, sino que ponen en riesgo el futuro de muchas personas.

El adeudo de la UACh se debe a los servicios médicos; asciende a 516 mdp y se ha acumulado desde 2017. La Secretaría de Finanzas debe 157 mdp; el Tribunal Superior de Justicia, 47 mdp; la Junta de Aguas de Parral, 36 mdp y la de Delicias, 27 mdp, de acuerdo con las páginas de transparencia del gobierno estatal actualizadas al 31 de enero de 2021.

El seis de enero anterior, más de 800 agremiados al Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Universidad Autónoma de Chihuahua (STSUACh) marcharon para exigir el rescate financiero de Pensiones Civiles. Estuvieron encabezados por Ricardo Moncayo, el secretario general del sindicato y a ellos se unió un grupo de pensionados de la UACh, quienes demandaron que se restablezca su servicio médico, el cual se ha visto mermado por la falta del pago de cuotas en diversas dependencias gubernamentales.

Denunciaron que con la falta de medicinas e insumos médicos, han empezado a escasear las consultas. Dos semanas después, el 23 de enero, esta misma demanda fue planteada en una movilización pública de los jubilados de la sección 42 del SNTE, que partió del norte de la ciudad hasta el Centro Histórico, donde se leyó un ultimátum al gobierno estatal. Miguel Ángel Grajeda, profesor de la sección 42, alertó que “está en peligro la integridad” de esta institución de salud.

Por su parte, María Elena Carbajal, presidenta de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Gobierno del Estado (AJPGE), explicó a buzos que el problema radica en la ineficiencia en el servicio médico, tanto en la entrega de medicamentos como en la falta de espacios de atención, situación que se agravó con la pandemia de Covid-19, el cual ha afectado en especial a los jubilados porque es “la población más vulnerable ante esta enfermedad”.

“Independientemente de los deudores, se debe priorizar la vida de los trabajadores y el gobierno debe fortalecer Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, institución que, por primera vez en su historia, sufre una crisis como la de hoy”, insistió la señora Carbajal.

El secretario general de la Sección 42 del SNTE, Ever Enrique Avitia Estrada, informó que ya se entrevistó con el gobernador Javier Corral y con su secretario de Finanzas, quienes le aseguraron que por el momento no hay riesgo de otra paralización de los hospitales gracias al pago que se hizo en semanas pasadas.

También le avisaron que están atentos al cumplimiento cabal del convenio que brinda la Clínica de Especialidades de Camargo; que en Madera se amplíen los servicios hospitalarios, de laboratorio y farmacia; que en Ciudad Juárez se logre el abasto de medicamentos oncológicos y que en Parral opere adecuadamente el servicio de laboratorios.

Avitia Estrada hizo también un llamado a la UACh, a las juntas de agua de tres municipios importantes de Chihuahua y a otros entes que adeudan a las PCE para que “se pongan al corriente o que vayan buscando otros esquemas, porque la falta de pago de ellos nos afecta a todos”.

Saqueo y bancarrota en las PCE

Recientemente se ha descubierto que no solo el impago de aportaciones ha llevado a Pensiones Civiles a la bancarrota, sino que han existidio también malos manejos de administraciones anteriores en torno a esta entidad pública. El caso más evidente corresponde a Miroslava A. L., excoordinadora jurídica de PCE y excandidata a la sindicatura del Ayuntamiento de Chihuahua por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien el pasado 10 de marzo fue vinculada a proceso por el delito de tráfico de influencias con penalidad agravada.

Se le atribuye este delito por haber beneficiado indebidamente a la empresa Apoyos de Vigilancia del Norte S.A. de C.V. (Avinsa) mediante contratos de prestación de servicios de seguridad y vigilancia.

El deterioro de PCE se evidenció hace siete años y la mayor prueba de su crítica situación surgió a principios de diciembre de 2020, cuando los hospitales con servicio a los empleados del estado se negaron a atender porque la administración de Corral Jurado no les había pagado desde hacía dos años.

Por eso surgieron las manifestaciones públicas; pero a la fecha, el mal servicio continúa. Fernando Álvarez Montoya, miembro del grupo Maestros Estatales de Ciudad Juárez, denunció que escasean medicamentos para varias enfermedades, retraso en las citas médicas y mala atención médica. A finales de marzo tuvo una reunión con las autoridades para regularizar la atención.

Pero el problema no se resolvió, y todo quedó en promesas; en tanto que el gobernador Corral Jurado recibe una negativa tras otra del Congreso del Estado (donde hipotéticamente tiene mayoría) para que los diputados le autoricen una deuda por más de mil 600 mdp, que inicialmente ofreció “para poder continuar con obra pública e iniciar otros proyectos” y tras la primera negativa, afirmó que sería para “rescatar a Pensiones Civiles del Estado”. Esta segunda justificación, sin embargo, provocaría la segunda y definitiva negativa.

Pero a la falta de aportaciones, adeudos, malos manejos, servicio médico deficiente, se suma otro: durante la administración del exgobernador priista César Duarte, la PCE construyó, a pesar de no estar en su jurisdicción, 653 viviendas para trabajadores que no han podido venderse y cuyo valor equivalente a 400 mdp, lo que opera como una pérdida para la dependencia.

La mayoría de las casas estaban abandonadas desde 2015, debido a que su precio de venta directa en aquel momento no rebasaba 350 mil pesos, pero a crédito superaba el millón de pesos, inalcanzable para un burócrata “de medio pelo”. Fue así como el fraccionamiento, desocupado, fue tomado por familias que están dispuestas a pagar, pero a precio justo.

El pasado cuatro de marzo, los vecinos se enfrentaron a los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) que pretendían desalojarlos. Por ello, los afectados interpusieron una denuncia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por los maltratos recibidos durante la operación policiaca.

Es así como un organismo gubernamental que nació para el bienestar de los trabajadores del Estado vive el momento más difícil de su historia; para muchos puede ser el principio del fin, el cual ha sido propiciado no solo por el gobierno estatal, según algunos de sus beneficiarios, incluso por el Congreso de Chihuahua. Éste ha contribuido al deslizamiento de las PCE no solo mediante el bloqueo a la supuesta demanda de adeudo de Corral Jurado para rescatarlo, sino también a través de la indiferencia de la mayoría legislativa que decide. Por ejemplo, el 19 octubre de 2020, la oposición presentó una serie de exhortos a las instituciones deudoras de las PCE para que pagaran, pero la mayoría de los diputados los mandó a “la congeladora”.

Un exhorto, presentado el 26 de septiembre de 2019, fue para que el Poder Ejecutivo liquidara su adeudo por más de 630 mdp; otro de la misma fecha para que la UACh pagara un adeudo de 800 mdp; un tercero, del 1° de octubre 2019, a la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado por 31 mdp; un cuarto, también del 1° de octubre de 2019, al propio Congreso del estado, por dos mdp.

Hubo un exhorto a la misma institución, emitido el cuatro de octubre del año pasado, para que presentara un plan de viabilidad financiera que incluya un programa de funcionamiento operativo, que garantice la calidad y eficiencia del servicio médico y las prestaciones socioeconómicas que otorga.