La instauración de las Becas Benito Juárez (BBJ) no representa una alternativa ante la pobreza que se vive en Veracruz. En un breve sondeo de opinión realizado entre algunos de los jóvenes que han empezado a recibir esta dádiva, se detectó que su monto estaba siendo destinado a la compra de productos y servicios ajenos al desarrollo intelectual de sus beneficiarios como la compra de comida chatarra, bebidas embriagantes y celulares.

Las denuncias por la mala inversión de estas becas han sido notorias en las redes sociales. Es necesario destacar que la puesta en marcha de este programa significó el retiro de apoyos federales en materia de alimentación, salud, educación, créditos para proyectos productivos y seguros agrícolas; una amarga consecuencia que condena a las familias veracruzanas a la extrema pobreza.

Hasta finales de 2018, el programa Prospera, según datos de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (hoy del Bienestar), brindaba apoyos sociales a 677 mil 291 familias de 15 mil 601 localidades ubicadas en zonas con grado de marginación y pobreza extrema. Pero en diciembre, cuando el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) asumió el Poder Ejecutivo, todo cambió.

En la discusión de los presupuestos de Ingresos y Egresos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los diputados de oposición propusieron que la reserva de 23 mil millones de pesos de incremento, previsto en el proyecto Ley de Ingresos, fuera aplicada al Ramo 20 del Programa de Inclusión Social (Prospera), a fin de modificar los anexos 10, 17 y 18 del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2019); decisión que aumentó los recursos destinados al apoyo a personas en condición vulnerable (de 20 mil millones a 46 mil 125 millones de pesos).

En el anexo 10, enfocado al desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, los legisladores de oposición, en vez de los cinco mil 489 millones de pesos (mdp) asignado a Prospera en el PEF 2019, propusieron la asignación de 10 mil 817 mdp, con el propósito de que los beneficiarios de este programa no quedaran desamparados; pero tal propuesta fue desechada por la bancada morenista.

En el anexo 17, que destina recursos al subprograma Jóvenes Prospera, solo se asignaron 144.6 millones en vez de los 284.8 mdp que la oposición proponía. Y en el anexo 18, centrado en la atención infantil y juvenil, solo se presupuestaron 17 mil 773 millones, y no los 35 mil mdp sugeridos por los diputados opositores.

La diputada federal Anilú Ingram Vallines fue una de las inconformes por el recorte que el Gobierno Federal hizo al presupuesto 2019, destinado a diversos programas sociales, la mayoría de éstos en apoyo a las mujeres.

“Para 2019, el Ejecutivo solo presupuestó la cantidad de 20 mil 299 millones para el Programa de Prospera. Es decir, el 56 por ciento menos que este año; no es solo un recorte brutal, sino un atentado contra la economía de quienes más lo necesitan, de mujeres que en su mayoría son el único sustento de su hogar”, expresó la exdelegada federal de Sedesol en Veracruz.

La legisladora aseveró que, si se hubiese aprobado el aumento propuesto por la oposición, podría hablarse de un programa de bienestar social auténtico, porque se habrían mantenido los apoyos que las mujeres requieren para no caer en situaciones de mayor gravedad. Ese programa necesita sustentarse con al menos 46 mil 125 mdp, insistió.

Vallines recordó que tanto el programa destinado a las mujeres, como el del Seguro de Vida para Jefas de Familia (SVJF), sufrieron una reducción presupuestal del 83.5 por ciento, por cuenta de la “aplanadora” morenista y sus aliados de los partidos del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Verde Ecologista de México (PVEM).

“Vamos como el cangrejo. Vamos hacia atrás; pasaron la tijera sin ton ni son, con tal de poder financiar todas las propuestas mesiánicas y ocurrentes. ¿Qué les van a decir, señoras y señores de Morena a las víctimas de la violencia de género, a los huérfanos sin oportunidad de continuar sus estudios, a los deudos de mujeres asesinadas en el país? ¿Cómo les van a explicar que tuvieron en sus manos atenderlos, pero que no les importó?”, cuestionó la diputada.

Samuel Aguirre Ochoa, dirigente en Veracruz del Movimiento Antorchista Nacional, anticipó los problemas que vendrían por la falta de estos programas. “Ahora sí hay un intermediario, el Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, uno de los millonetas de México, que forma parte del Consejo Asesor Empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este poderoso intermediario obtendrá jugosas ganancias a través de las comisiones que cobrará por la operación del programa”, explicó.

El dirigente veracruzano añadió que en las reglas de operación del programa de BBJ, se reconoce que está dirigido a los hogares que se encuentran por debajo de la “línea de pobreza extrema por ingresos”; sin detallar el procedimiento para calcular su monto.

 Conforme a las reglas de operación, ejemplifica el líder, la transferencia será de 800 pesos mensuales por estudiante durante 10 meses, pues sorprendentemente se deja fuera el periodo vacacional. “Son ocho mil pesos al año sin tomar en consideración el número de estudiantes en cada familia. Hasta 2017, la transferencia promedio por cada beneficiario de Prospera rondaba los 11 mil 600 pesos. Este cambio traerá como consecuencia la disminución de poco más del 32 por ciento del monto que recibía cada familia.

“Antes se le otorgaba a los beneficiarios 7.8 pesos diarios por persona más el apoyo de los componentes nutricionales y de salud. Ahora serán seis pesos diarios, sin dichos componentes. Hay una disminución drástica. Si antes, con un monto mayor, no se logró sacar de la pobreza a un número significativo de hogares, es claro que el proceso de pasar de Prospera al nuevo Programa de Becas Benito Juárez será perjudicial para los más pobres”, explicó Aguirre Ochoa.

Otros programas en peligro

Estados como Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Jalisco y Veracruz encabezan desde hace años la lista de entidades expulsoras de migrantes, principalmente hacia Estados Unidos (EE. UU.), por lo que programas como el Tres por Uno para migrantes resultaban prioritarios; éste brindaba apoyo a proyectos productivos en las regiones más expulsores de población a fin de arraigar a jóvenes y adultos en sus comunidades de origen. Contaba con los recursos por parte de los tres niveles de gobierno y de organizaciones de migrantes en el extranjero.

En 2018 dispuso de un presupuesto global de 498.6 mdp, pero el gobierno de Morena lo redujo a una quinta parte: 60.6 mdp. Asimismo, el presupuesto para la atención, protección, servicios y asistencia consulares, cayó de 836.4 a 564 mdp de noviembre a diciembre del año pasado, sin que a la “Cuarta Transformación” (4T) importe la suerte de sus ciudadanos en el extranjero.

Según el Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME), oficina dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), hay 11 millones 848 mil 537 de connacionales que radican en diversas partes del mundo, pero mayoritariamente en EE. UU., en donde viven 11 millones 517 mil 375; en este país, al consulado mexicano le serán asignados recursos insuficientes para atender a sus connacionales.

En 2017, el Gobierno Federal había creado 50 centros de defensoría para ampliar el alcance y la cobertura permanente a los servicios consulares en el país vecino, donde últimamente se han agudizado los problemas de los mexicanos que carecen de documentación legal y padecen de la persecución de autoridades migratorias y organizaciones racistas alentadas por el gobierno de Donald Trump.

El Fondo de Apoyo para Migrantes (FAM) quedó en ceros a partir de 2019, por lo que ahora no hay recursos para apoyar a los migrantes mexicanos que son deportados a sus lugares de origen, para ayudarlos a encontrar una ocupación dentro del mercado formal, alentar o incrementar sus opciones de autoempleo o incluso ubicarlos en albergues temporales.

El emergente PNBBJ se ha presentado a la población como un proyecto alternativo paras contribuir al sano rescate integral de los niños y jóvenes mexicanos en situación de pobreza y marginación e implica la desaparición de los programas sociales enunciados con el argumento de que operaban con opacidad y corrupción.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2021, recientemente entregado a la Cámara de Diputados, el titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, plantea que el PNBBJ está dirigido a niñas, niños y jóvenes menores de 18 años, cuyos hogares se encuentren en situación de pobreza extrema y que estudien en escuelas públicas de los niveles inicial, básico, medio superior y superior o universitario. Consiste en una beca por familia y el apoyo es de 800 pesos mensuales, que serán entregados bimestralmente al beneficiario, mediante depósito en tarjeta bancaria, con una orden de pago en sucursales, o bien, en efectivo en mesas de pago. En el caso de los niños, el apoyo se entregará a sus padres o tutores. La duración será la misma que la del ciclo escolar (cinco bimestres) y los beneficiarios deberán reinscribirse anualmente al programa.

En abril, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, entregó tarjetas a 190 mil 122 beneficiarios de la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez; primera etapa que está destinada a beneficiar a estudiantes de nivel medio superior.

En una ceremonia celebrada en la Escuela de Bachilleres Antonio María de Rivera, de la capital Xalapa, el mandatario exhortó a los estudiantes a hacer buen uso de ese dinero, a mejorar su rendimiento académico, evitar la deserción y plantearse altas metas, recordando que Veracruz es cuna de grandes científicos, políticos, pensadores e idealistas.

Sin embargo, en un breve sondeo de opinión realizado entre algunos de los jóvenes que han empezado a recibir esta dádiva, se detectó que su monto estaba siendo destinado a fines muy diferentes al objetivo perseguido por la 4T, entre ellos, el de ahorrarlo para adquirir productos y servicios ajenos al desarrollo intelectual de sus beneficiarios.

Por ejemplo, Pedro García, estudiante de 19 años que cursa el sexto semestre del bachillerato, declaró que ahorrará el primer pago de la beca para comprarse un teléfono celular nuevo. Otros estudiantes del Cobaev, subieron sus fotos a las redes sociales para “agradecer”, mientras posaban sobre motocicletas afuera de las tiendas Elektra y el Banco Azteca, después de que cobraron el primer pago de la beca.

Más jóvenes posaron con sus billetes recién cobrados en dichos establecimientos de Ricardo Salinas Pliego, mientras se hallaban frente a las puertas de bares y centros nocturnos donde se brindan variedades solo autorizadas para personas adultas.

Fue notorio el mal uso de estas becas por algunos estudiantes, a quienes el propio gobernador García Jiménez tuvo que exhortar a que no dilapiden el apoyo.

Lo cierto es que los padres de familia están preocupados por sus hijos, pues podrían utilizar este dinero para conseguir drogas, toda vez que en Veracruz el narcomenudeo va al alza.

Por otro lado, algunos estudiantes se lamentan por no haberse inscrito en ese programa de becas, es el caso de Carla Domínguez, de 15 años y alumna del segundo semestre de bachillerato; ella anticipó que estará atenta a la próxima convocatoria para no quedarse fuera.

El director del Conalep II del Puerto de Veracruz, Fernando Pelayo Rebolledo, informó que en su plantel recibieron 644 tarjetas de la BBJ.