Hasta el cierre de esta edición, los legisladores de Morena y sus aliados de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) impulsaban reformas al Artículo 123º de la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para reducir la jornada de trabajo semanal de 48 a 40 horas.

Aducían que su objetivo humanitario era que los nueve millones de trabajadores que hoy disponen de un empleo formal tengan más tiempo para su esparcimiento individual y familiar, pero habían soslayado o desoído los argumentos de quienes aseguran que esta medida contribuirá a precarizar aún más el empleo, los ingresos inestables y el estatus social de los más de 50 millones de operarios que hay en México.

Previamente, en su conferencia matutina del 30 de noviembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que el salario mínimo (SM) de 2024 incluirá un “histórico” incremento del 20 por ciento que –como ocurrió con el otorgado anteriormente– sólo beneficiará a 6.4 de los 61 millones de trabajadores que integran la Población Económicamente Activa (PEA) del país, cuyo 55.1 por ciento (32.6 millones) labora en la informalidad, es decir, sin derechos laborales, sin asistencia de salud y sin otras prestaciones sociales.

A partir del 1º de enero de 2024 el SM será de 248.9 pesos diarios, en lugar de los 207.44 actuales y su monto mensual ascenderá a siete mil 467 pesos en vez de los seis mil 223 pesos aún vigentes, mismos que fueron pulverizados por la inflación acumulada durante el curso de este año.

A decir de los especialistas consultados por este semanario, los incrementos al SM no provocan alzas similares en porcentaje a las que causan los aumentos en los ingresos laborales más altos, como es el caso del profesional, que ahora se ha estancado y tiende a emparejarse con el mínimo, mientras que los contractuales –negociados por sindicatos con la clase patronal– han reportado incrementos del 3.5 al 4.5 por ciento, muy por debajo de los aplicados al salario mínimo.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre octubre de 2022 y octubre de 2023, el precio mensual de la canasta básica alimentaria por persona en el medio urbano, donde se asienta la mayoría de la población, se incrementó en un 5.3 por ciento, a dos mil 112 pesos y dos mil 224 pesos, respectivamente. 

Con base en el promedio de cuatro integrantes en una familia –cifra estandarizada por organizaciones sociales internacionales y mexicanas– el precio mensual de la canasta básica alimentaria por hogar es actualmente de ocho mil 896 pesos, monto superior a los seis mil 223 pesos mensuales del SM de este año y aun a los siete mil 467 pesos que se pagarán en 2024.

Sólo se administra la pobreza

Consultado por buzos, Luis Bueno Rodríguez, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical A.C. (CILAS), dijo que el combate a la pobreza en México viene dándose desde hace varias décadas, pero no se consigue abatirla porque dicho combate sólo se utiliza con fines político-electorales.

El especialista explicó que la lucha contra la pobreza se ha basado en programas sociales asistencialistas de tipo electoral que sirven sólo para ocultar el problema de fondo: los ingresos laborales insuficientes. La única solución a este problema, enfatizó, sería la aplicación de un salario suficiente para que el trabajador pueda acceder a una vida adecuada, digna.

Además, Bueno Rodríguez resaltó que el monto actual del SM no sólo es insuficiente (pese a los aumentos de los últimos años), sino también los salarios contractuales debido a que los patrones y los dirigentes de los sindicatos corporativos (plegados enteramente al sistema político y económico) han negociado incrementos mínimos en la revisión de los contratos colectivos.

“El sector patronal habla de porcentajes insuficientes, ridículos, de acuerdo con el tamaño del problema, y el sector del sindicalismo corporativo, el viejo sindicalismo que ya conocemos, sigue en las mismas de hablar de manera muy tímida sobre la recuperación del salario, y el gobierno no dice con claridad de qué se trata y hacia dónde apuntaría”, detalló el experto.

“Hay estudios que demuestran que es totalmente posible, sin efectos inflacionarios ni generación de mayor desempleo e incluso de informalidad, que hablan de la necesidad de un aumento del 100 por ciento sin que tuviéramos ese tipo de efectos.

“De hecho, ya ha habido pruebas, cuando se generó la zona de libre comercio del norte (zona fronteriza de México con Estados Unidos) el aumento fue del 100 por ciento en 2019 y no hubo esos efectos que siempre sirvieron de pretexto al charrismo sindical, patrones y gobierno, para la contención salarial que entre 1976 y 2016 provocó una reducción del poder adquisitivo del salario de cerca del 80 por ciento”, denunció Bueno Rodríguez.

Por su parte, Inés González Nicolás, la socióloga especializada en el análisis del trabajo por la UAM y coordinadora de la Red de Mujeres Sindicalistas, organización dedicada a la defensoría laboral con enfoque de género, dijo a buzos que en México el salario no retribuye el esfuerzo humano y resulta insuficiente para los trabajadores.

Aun con los aumentos relevantes de los años recientes, el monto del SM “no alcanza todavía el nivel decoroso, de salario digno para que las y los trabajadores vivan en mejores condiciones… si bien en el actual gobierno desde 2019 los incrementos a los salarios mínimos han sido significativos, esto no lo hemos visto reflejado en las negociaciones de los contratos colectivos de trabajo (CCT)”, señaló la especialista.

González Nicolás resaltó que la mayoría de los empleos que hay en México son informales, precarios, sin contratos ni prestaciones, carentes de derechos y “donde las jornadas se amplían, el salario es bajo y sin las prestaciones que dice la Ley Federal del Trabajo”.

También aclaró que aún dentro del empleo formal la situación de los trabajadores es deficitaria porque el sindicalismo es débil y porque muchos de sus dirigentes no defienden los derechos laborales. “Donde quiera hay un sindicato a modo, siempre se busca la manera de no cumplir con la norma, porque el empresariado quiere mayor ganancia y menos responsabilidades”, denunció.

Más informalidad y pobreza laboral

En su informe Retos persistentes: informalidad y pobreza laboral aumentan en el segundo trimestre de 2023, dado a conocer el 29 de agosto de 2023, la organización civil México, ¿Cómo vamos? afirma que en los primeros seis meses de este año se incrementaron tanto la informalidad como la pobreza laboral, la cual se presenta cuando el ingreso laboral no es suficiente para alimentar a todos los miembros de una familia.

Según un reporte divulgado en noviembre por el Coneval, en el tercer trimestre de 2023 los mexicanos en pobreza laboral equivalían al 37.3 por ciento de la población, es decir, eran 48.3 millones de mexicanos cuyos ingresos eran inferiores al precio de una canasta básica. Esta cantidad de pobres laborales fue superior a la que había en el primer trimestre de 2020 cuando el porcentaje era del 36.6 por ciento.

El 1º de mayo de 2023, el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) presentó el análisis Avances en la calidad laboral durante este sexenio, en el que indica que a pesar de los cinco aumentos salariales anuales aplicados entre 2019 y 2023 “persisten las brechas entre los trabajadores que están en la formalidad y los que no.

“La falta de seguridad social y prestaciones laborales que caracterizan a la informalidad laboral aún afecta a más de la mitad (55.1 por ciento) de la población ocupada, un nivel similar al observado a principios de la administración (56.5 por ciento)”.

Explica, asimismo, que la “tasa de informalidad se ha mantenido por encima del 50 por ciento desde que se tiene registro, lo que refleja el hecho de que no ha habido avances significativos en cuanto al mejoramiento de las condiciones laborales y la informalidad.

“En lugar de reducirse, la informalidad se extiende conforme más personas se incorporan cada año al mercado laboral, por lo que en el cuarto trimestre de 2022 hubo 1.9 millones de trabajadores en informalidad más que en el mismo periodo de 2018”, agrega el informe del IMCO.

Por otro lado, en el análisis Economía y Desarrollo Incluyente, que el cuatro de septiembre de 2023 publicó el grupo financiero BBVA, se explica que “los aumentos observados en los últimos tres años en el ingreso laboral corriente se ven diluidos por un incremento casi de la misma magnitud en el precio de la canasta alimentaria”.

El estudio informa que entre el primer trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 2023, el ingreso laboral promedio se incrementó de mil 651 a dos mil 228 pesos, aumento equivalente al 34.9 por ciento, pero la canasta alimentaria básica subió de mil 266 a mil 665 pesos, con un incremento del 31.5 por ciento.

El análisis destaca, además, que “el 37.8 por ciento de la población en México se encontraba en situación de pobreza laboral en el segundo trimestre de 2023; es decir, que cerca de 49.6 millones de personas en el país no eran capaces de cubrir el precio de la canasta alimentaria con su ingreso laboral”.

En el ya citado informe del 29 de agosto de 2023, la organización civil México, ¿Cómo vamos? detalla que el porcentaje de la población en pobreza laboral al primer trimestre de este año fue de 37.7 por ciento de la PEA, pero que en el segudo trimestre la pobreza laboral era del 37.8 por ciento, porcentaje equivalente a 48.9 millones de mexicanos, cifra 2.8 millones mayor a la del primer trimestre de 2020.

El informe detalla que en el segundo trimestre de 2023, en 17 de las 32 entidades federativas había porcentajes de aumento de la pobreza laboral con respecto a los registrados en el primer trimestre de 2020 y que el mayor correspondió a Aguascalientes con el 9.4 por ciento; que subió del 30.6 al 40 por ciento, y le siguió Veracruz, con el 6.7 por ciento, que pasó del 49.6 al 56.3 por ciento.

El Inegi reportó el 27 de noviembre, al tercer trimestre de 2023, que los 32.6 millones de trabajadores que laboraban en la informalidad equivalían al 55.1 por ciento del total de 61 millones de trabajadores en el país, 680 mil más que los reportados en el tercer trimestre de 2022.

Los estados con mayor informalidad son Oaxaca, con el 81.5 por ciento; Guerrero (77.4) y Chiapas (75.4); mientras las tasas más bajas se registraron en Coahuila (33.8 por ciento); Chihuahua (36.1); Baja California (36.7) y Nuevo León (36.9 por ciento).

En el informe Retos persistentes: informalidad y pobreza laboral aumentan en el segundo trimestre de 2023, la organización México, ¿Cómo vamos? resalta que los estados más afectados por la informalidad y la pobreza laboral son precisamente los más marginados, como Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

“Además de estar asociada con trabajos de menores ingresos, la informalidad está ligada con los niveles de pobreza laboral observados en cada región: estados como Oaxaca y Guerrero no sólo tienen los niveles más altos de pobreza laboral en el país, sino que también tienen las proporciones más elevadas de trabajadores en informalidad laboral”.

“A la inversa, Baja California Sur, Baja California, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, donde la pobreza laboral muestra niveles bajos, también tienen las menores tasas de informalidad laboral”.

Derechos laborales debilitados 

Además del debilitamiento de los derechos constitucionales a un ingreso laboral suficiente y a una alimentación adecuada, hay otros que se han visto disminuidos en años recientes, como es el del acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, a las pensiones laborales, al seguro por desempleo e incluso a la maternidad laboral en este sexenio, cuando miles de madres trabajadoras fueron privadas de guarderías.

La falta de acceso a servicios de salud ha sido propiciada por el aumento en el número exponencial de trabajos informales, en los que no hay contratos laborales, prestaciones sociales y todos sus ejecutores carecen de la posibilidad de recibir atención médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Entre 2018 y 2022, los mexicanos sin acceso a ningún servicio de salud pública pasaron de 20.1 a 50.4 millones, de acuerdo con el informe Estimaciones de la Pobreza Multidimensional divulgado por el Coneval el pasado 10 de agosto.

Según datos del Inegi, la tasa de desempleo entre julio y septiembre del año en curso fue del tres por ciento, porcentaje equivalente a 1.8 millones de personas. En contraste, un análisis del Observatorio de Trabajo Digno –integrante de la agrupación civil Acción Ciudadana frente a la Pobreza– revela que la cantidad real de desempleo en México es de 11 por ciento y que esta cifra porcentual equivale a 6.87 millones de personas, cantidad muy superior a los datos oficiales.

Este mismo informe detalla que su medición se basa en un criterio de desempleo como “exclusión absoluta del derecho al trabajo” y aclara que los cálculos oficiales se sustentan en una encuesta que considera desempleadas a las personas que no tienen un trabajo y que lo buscaron activamente durante las dos semanas previas a la realización del sondeo.

“Este dato tiende a invisibilizar a un grupo mucho mayor de personas excluidas, quienes están disponibles para trabajar, pero no buscaron trabajo recientemente, como lo demostró su crecimiento durante la pandemia de Covid-19. Nuestro indicador contabiliza a ambos grupos”, explica.

La organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza dice en su estudio Ir a la raíz de la pobreza. Diagnóstico y propuestas para erradicar la pobreza”, el cual publicó el 17 de octubre pasado con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que en México la raíz del problema está en el sistema laboral. “Millones de personas, más de la mitad de la PEA, trabajan, pero viven en pobreza”.

El trabajo afirma también que dos tercios de la población, es decir, casi 85 millones de personas, padecen al menos una carencia social (falta de acceso a servicios de salud, alimentación suficiente y de calidad, entre otras); que sólo el 12 por ciento de la población total del país vive en condiciones de bienestar.

“El nivel de la pobreza en México es muy alto. Ocupamos el lugar 47 de una lista de 53 países con datos recientes, por nuestro nivel tan alto de pobreza”.

Sin embargo, el pasado 10 de agosto, el Coneval informó que la cantidad de personas en pobreza en general se redujo en 5.1 millones y se ubicó en 46.8 millones de personas, una medición cuyos resultados han sido puestos en duda por analistas, académicos y organizaciones civiles especializadas.

El experto mexicano con reconocimiento internacional Julio Boltvinik ha afirmado que los informes oficiales sobre la pobreza del Coneval son “políticamente acomodaticios” porque reportan menos pobres de los que en realidad son y que sus métodos de medición, con mayor amplitud, le han permitido calcular en 90 millones el número de mexicanos que sufren algún grado de pobreza.

La organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza destaca que el impacto de los programas sociales gubernamentales en el ingreso de los hogares es limitado porque las “transferencias monetarias no tienen cobertura universal; de hecho, seis de cada 10 hogares de menores ingresos (deciles I a IV) están excluidos y no reciben estos programas (61 por ciento)”.