El gobierno de México se está quedando sin dinero para financiar su creciente gasto público. No obstante, el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) se ha negado a impulsar una reforma fiscal “progresiva” con la que paguen más impuestos quienes más ganan y poseen, y no recargarse en los de siempre, en los contribuyentes “cautivos”, entre ellos trabajadores de menores ingresos.

A la fecha, de cada 100 pesos en impuestos cobrados por el gobierno, 85 proceden del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA); mientras que las grandes fortunas sólo pagan 15 pesos, revela un análisis de Oxfam México.

El ISR se aplica a los ingresos formales, es decir, a los salarios de los trabajadores. En el caso del IVA, es un impuesto aplicado al consumo; de tal forma que todos los mexicanos que compran y consumen algún producto, bien o servicio, pagan el 16 por ciento de este impuesto.

Si bien 30 millones de mexicanos no pagan ISR debido a que se encuentran en la informalidad, pues como tal no reciben un salario, sí pagan IVA, debido a que compran y consumen.

La falta de una reforma fiscal progresiva en México repercutirá en los ingresos públicos; el gobierno de la 4T ha rechazado aplicar impuestos a las grandes fortunas a pesar del déficit en las finanzas públicas.

Enrique Provenzio Durazo, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, explicó que los beneficios de un plan para aumentar los ingresos gubernamentales sólo mediante la recaudación de impuestos a los integrantes del actual padrón de contribuyentes tienen límites propios, los cuales ya se agotaron.

Las desigualdades en México se han incrementado. Con todo y la 4T, iniciada en 2018, poco se ha hecho para reducir esta brecha, en la que una minoría acumula riquezas y paga menos en impuestos que los trabajadores con menores recursos, que son la mayoría.

En la 4T se utiliza una avalancha de dinero público en proyectos políticos orientados a conservar el poder sin mayores preocupaciones sobre el origen de los ingresos requeridos para conservar ese innecesario gasto ni acerca de las consecuencias sociales por no garantizarlos.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mantuvo durante su sexenio una multimillonaria campaña electoral con becas, pensiones y la vistosa construcción de megaobras con la que consiguió ganar las elecciones; pero también ocasionó un severo desbalance entre entradas y gastos o “déficit fiscal” que ahora pone en aprietos financieros al nuevo gobierno.

La actual administración está refrendando las propuestas de AMLO, quien aseguró que no se necesitaba una reforma fiscal porque se conseguiría más dinero público, mejorando la recaudación de impuestos, bajando el sueldo a los funcionarios públicos, quitando las pensiones a los expresidentes y acumulando 500 mil millones de pesos (mdp) al acabar con la corrupción; pero nada de eso ocurrió.

La realidad se presentó al final del sexenio con una disparidad entre ingresos y gastos o “déficit fiscal” de 1.10 billones de pesos (bdp), equivalente a 5.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país que, durante el primer trimestre, fue de poco más de 32 bdp al 28 de agosto de 2024. Esta situación agregó presiones sobre la viabilidad económica del país, deuda pública, crecimiento, y tensiones al presupuesto federal para 2025.

Un límite que se agota

El coordinador del PUED, Enrique Provenzio Durazo, explicó que fiscalizar mejor para conseguir que los mismos contribuyentes empadronados paguen conforme a la ley fiscal implica un tope en dinero; y ese techo ya se comprometió, es decir, que esa estrategia ya no funciona, se necesita una reforma fiscal “progresiva”.

La tradicional fuente de ingresos, “que son los ingresos petroleros, seguirá a la baja”, y la principal será cada vez más la recaudación de impuestos “por lo que es necesario discutir y acordar cómo hacer para incrementarla”, estimó durante el foro “Los Grandes Desafíos de México de cara al 2030”, organizado por la Facultad de Economía de la UNAM el 20 de mayo de 2024.

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) reportó en octubre un incremento de recaudación fiscal de 5.3 por ciento, equivalente a 346 mil 254 mdp, y alcanzó un total de 3.7 bdp. Sin embargo, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) destacó, en un análisis, que esa cifra fue menor en 27 mil 491 mdp a la originalmente proyectada en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2024.

En la actualidad, el 85 por ciento de los ingresos gubernamentales proceden de la recaudación del ISR aplicado a los ingresos, y al IVA adjudicado al consumo, entre cuyos contribuyentes importantes, radican las pequeñas compañías; pero sobre todo los asalariados.

Al 30 de septiembre, los mexicanos que sobrevivían con un salario eran 22.5 millones de trabajadores formales, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); 56 por ciento de éstos, además, no percibían un ingreso digno, porque no superaban los 12 mil 500 pesos al mes, indicó el 16 de octubre la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

“Los trabajadores contribuyen más que las empresas a los impuestos… realmente quien está pagando y manteniendo las políticas públicas principalmente, son los trabajadores, no son las empresas”, expuso a buzos el analista económico y financiero, Kristóbal Meléndez.

Caída de precios del petróleo

El problema en el sistema fiscal surge, describió Mildred Espíndola Torres, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, porque las entradas federales descansaban sobre los ingresos petroleros; pero sobrevino una caída de precios internacionales del crudo y en la producción de Petróleos Mexicanos (Pemex); lo que redujo la recaudación.

A esto se suma la política de apoyo a Pemex (implementada por AMLO), con la que la tasa de Derechos de Utilidad Compartida “garantizada” por la venta de cada barril de petróleo ha bajado de 65 por ciento en 2018 a 30 por ciento actualmente, “esto hace todavía más frágil a nuestra estructura tributaria”, anotó la doctora Espíndola el 13 de junio en Monitor Económico de Radio UNAM.

La caída de los ingresos petroleros abrió la urgente necesidad de otras fuentes de recursos; “en 2008, los ingresos petroleros representaban 10 por ciento del PIB y 44 por ciento de los ingresos tributarios… en 2023 apenas representaron 15.3 por ciento”, añadió.

Con una reforma en 2013 se trató de compensar esto mediante la recaudación del ISR; “al caer tanto los ingresos petroleros, el ISR tuvo que empezar a mantener la estructura tributaria”, precisó Espíndola.

“Las personas morales (empresas) y los asalariados son los que sostienen esta recaudación… sin embargo, hablando de distribución: mientras que los empresarios se apropian el 67 por ciento de los ingresos generados, los asalariados apenas nos quedamos con 26 por ciento”, los impuestos deben ser equitativos y redistributivos”.

Según los datos del Informe Tributario y de Gestión, del primer trimestre de 2024, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) devolvió pagos de IVA por 223 mil 524 mdp, de los cuales, el 61 por ciento, equivalente a 136 mil 573 mdp, fue regresado a empresas manufactureras.

“Una reforma fiscal debe ir encaminada a recaudar más en personas físicas, y esto implicaría que paguen más las personas superricas de México… también se pueden revisar los tratamientos al IVA, las diferentes exenciones o tasa cero”, agregó Espíndola Torres.

Entrevistado por buzos, Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de la organización México Evalúa propone “que ya no se den estímulos a las gasolinas Premium, por ejemplo, que solamente se den a la Magna y al diésel”.

Necesidad de una reforma fiscal “progresiva” 

El 19 de marzo de 2024, siete organizaciones civiles formaron una “Alianza por la Justicia Fiscal” en demanda de una reforma fiscal “progresiva” para 2025 en la que pague más quien más gana y posee; dicha alianza está formada por Oxfam México, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el Centro de Análisis e Investigación (Fundar), la Fundación Friedrich Ebert, el Instituto de Estudios Sobre Desigualdad (Indesig), México Evalúa y PUED.

“En la actualidad, los altos niveles de desigualdad en el país conviven con un sistema fiscal que casi no redistribuye, privilegia a los ricos y es poco democrático en la asignación de recursos”, señaló la alianza en su pronunciamiento. Sus integrantes demandaron disminuir los beneficios fiscales a los grandes contribuyentes, aplicar un impuesto a las herencias multimillonarias y asignar gravámenes por la tenencia de aviones Jet, yates y vehículos de lujo.

Señalaron que, de acuerdo con datos de World Inequality Database, el 10 por ciento de los mexicanos ricos en el país acapara 79 por ciento de la riqueza nacional; y de éstos, el uno por ciento más rico posee casi la mitad, es decir, 48 por ciento.

Destacaron como urgente una reforma fiscal “progresiva” ante el desequilibrio mostrado por las finanzas públicas del país; y en este marco, hacer sostenibles las políticas sociales integradas por las pensiones y becas en el largo plazo.

Al respecto, este semanario consultó al analista económico y financiero Kristóbal Meléndez, quien recordó que una política fiscal progresiva “en México ya existía, era el famoso impuesto al activo, que debe volver… que, si el dueño de empresas tiene tanta riqueza o tantos activos, sobre eso se pague, o al menos un porcentaje en impuestos”. Y agregó: “entonces, si alguien tiene, por ejemplo, mil mdp, no es posible que pague cero pesos en impuestos; porque los hay… esos esquemas son los que tienen que modificarse, porque, cómo es posible que los hombres más ricos no paguen impuestos y a un trabajador se los quitan a fuerza, se los descuentan automáticamente de su salario”.

Presión internacional

Un marcado desbalance entre ingresos y gastos gubernamentales es motivo de alerta para los prestamistas internacionales, que pueden decidir un aumento en los intereses mediante el incremento de la deuda actual y encareciendo los nuevos créditos que pudieran solicitarse en caso de que dicho desbalance permaneciera en niveles altos.

Las calificadoras de crédito internacionales como Moody’s, Standar & Poors (S&P) y Fitch Ratings, que informan los resultados de sus evaluaciones sobre la confianza financiera del país para que tomen sus decisiones, han llamado la atención sobre el pobre crecimiento económico mexicano, de 1.4 por ciento calculado para 2025; disminución de sus ingresos y robustecimiento del desbalance fiscal.

También han alertado sobre los efectos nocivos de las reformas constitucionales propuestas por el expresidente AMLO, retomadas por Sheinbaum, como la del Poder Judicial, que derribaría su independencia e imparcialidad, lo que es visto como otro factor de riesgo sumado a los anteriores, que podrían disminuir el “Grado de Inversión” en México durante este sexenio; y cerrar así las puertas del sistema financiero internacional.

Joydeep Mukherji, director de Calificaciones Soberanas América, de la calificadora Standard & Poor´s (S&P) aseguró que la reforma al Poder Judicial, que incluye aspectos como la elección de jueces y ministros, es “un factor de debilidad para el perfil crediticio que lesionará tanto a la calificación del soberano (la deuda del país en su conjunto) como a la de la empresa Pemex”.

S&P espera “una corrección en el déficit fiscal para 2025, después de la profunda expansión que ha experimentado este año”, resalto Mukherji durante un seminario web (webinar) transmitido por S&P el 10 de septiembre de 2024.

“Confiamos en que el plan, que incluirá el próximo gobierno en el Presupuesto de 2025, confirmará una corrección como la que se comprometieron. De otro modo, impondrá importantes presiones a la baja para la calificación soberana”, advirtió.

La solución de Morena… recortes al gasto 

De esta manera, la administración de Sheinbaum ahora busca afanosamente reducir a un nivel aceptable, menor a tres por ciento, el déficit fiscal actual de 5.9 por ciento, ofreciendo disminuirlo a 3.5 por ciento para 2025.

Para conseguir eso, indicaron especialistas, una opción sería un magno recorte en el gasto público; pero éste puede ocasionar disminuciones en las inversiones públicas que, a su vez, ocasionarían más reducción en el crecimiento económico.

Por otra parte, bajar más el gasto en otras áreas prioritarias contrarrestaría los estragos sociales causados por la malentendida “austeridad” de AMLO, que mutiló recursos a la salud, educación, seguridad pública y desarrollo de servicios públicos.

En septiembre, Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, previó que el presupuesto 2025 será de 10 bdp, es decir, un bdp más que en 2024.

De esta forma prometió reducir el desbalance fiscal, pero aumentando el gasto en un bdp y nuevamente sin incrementos en las entradas gubernamentales más notorias, porque se rechaza nuevamente efectuar una reforma “progresiva” para que aporten más quienes más tienen.

Como los ingresos no alcanzarían, una alternativa más riesgosa sería recurrir nuevamente a los prestamistas, aumentando la deuda pública mexicana, en moneda nacional y extranjera, que sumaba alrededor de 10 bdp en 2018 cuando empezó la 4T y asciende actualmente a casi 17 bdp y contando.

Al tercer trimestre de 2024, el saldo total de la deuda es de 16 billones 733 mil mdp, que representa 49.3 del PIB; y es de poco más de 32 bdp, es decir, que la mitad del dinero generado en México ya se debe.

Jorge Cano, de México Evalúa, indicó a buzos: “tenemos la presión de reducir el déficit de las finanzas públicas, al cierre de 2018; en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el déficit estaba en 2.5 por ciento del PIB; al cierre de 2024, tras el sexenio de AMLO, cerrará en 5.9 por ciento del PIB, es decir, que se está triplicando el déficit requerido anualmente para que el gobierno opere”.

Esto implica “presiones en el saldo total de la deuda, lleva a un incremento en el costo financiero; por una deuda se tienen que pagar intereses y capital, y al tener un saldo tan elevado de la deuda también hay condiciones adversas en el tipo de cambio peso-dólar y en las tasas de interés”.

“Esto ha llevado a que el costo de la deuda esté en niveles máximos, históricos, incluso peor que en 1994, después de la crisis financiera, y esto limita la cantidad de recursos que se tienen para gastar en salud, educación, etcétera”, subrayó Cano.