14 gobiernos recurrieron a la represión policial, seis aplicaron medidas de excepción; otros seis optaron por concesiones o diálogo, nueve mantuvieron una postura de tolerancia y tres negaron o minimizaron los conflictos.
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Foto: @Claudiashein
La presidenta Claudia Sheinbaum y representantes de la iniciativa privada renovaron este viernes 29 de mayo el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) para fijar el precio de 24 productos básicos en 910 pesos.
El acuerdo fue firmado en Palacio Nacional y presentado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, quien sostuvo que dicho convenio se logró gracias a la disposición de productores, distribuidores y empresarios del sector de tiendas de autoservicio.
De acuerdo con el funcionario, la renovación controlará el precio de productos básicos como carne de pollo, res, cerdo y pescado, además de huevo, leche, pan, harina de maíz, frutas, verduras, azúcar, pastas, aceite vegetal, granos y productos de higiene personal.
Además, explicó que el acuerdo busca evitar incrementos en alimentos e insumos de primera necesidad, facilitar condiciones para que las empresas, distribuidores y productores operen sin trasladar costos adicionales al consumidor final, y asegurar que las familias puedan cubrir necesidades básicas de alimentación.
Así, el Gobierno Federal mantendrá control sobre el precio de la canasta básica por cuarto año consecutivo. El PACIC se firmó por primera vez en mayo de 2022, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, como respuesta a las presiones inflacionarias derivadas de la pandemia por COVID-19.
Desde entonces, el programa ha tenido ajustes y renovaciones para contener el impacto de los costos logísticos, la volatilidad de materias primas y las distorsiones en las cadenas de suministro.
A pesar de las intenciones del Estado de proteger el poder adquisitivo, especialistas e instituciones han mencionado que el acuerdo podría representar riesgos para los consumidores, productores, empresas firmantes y la economía en su conjunto.
Previamente, buzos reportó que Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa, alertó que el acuerdo podría provocar distorsiones de precios, que se traducirían en un menor crecimiento económico y en un deterioro de la calidad de los productos.
En la misma línea, agencias calificadoras como Moody’s y S&P han mencionado que los topes de precios limitan la capacidad del Estado para estabilizar la deuda al mismo tiempo que presionan las finanzas públicas.
14 gobiernos recurrieron a la represión policial, seis aplicaron medidas de excepción; otros seis optaron por concesiones o diálogo, nueve mantuvieron una postura de tolerancia y tres negaron o minimizaron los conflictos.
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Escrito por Sebastián Campos Rivera
Periodista de finanzas, economía, negocios, mercados, divisas, indicadores y el sector energético. | X: @srivera1410