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El 1 por ciento más rico de México, equivalente a aproximadamente 1.3 millones de personas, “contamina lo mismo que el 74 por ciento de la población más empobrecida del país”, convirtiendo la crisis climática en un rasgo de desigualdad, denunció el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (Oxfam).
En su más reciente informe “Que el lujo pague su boleto. Impuestos al transporte VIP”, el organismo detalló que “la concentración extrema de la riqueza se refleja directamente en la distribución de las emisiones de gases de efecto invernadero y en la capacidad de las personas para enfrentar sus consecuencias”.
Según Oxfam, dicha tendencia se replica en el resto del mundo, toda vez que el 10 por ciento más acaudalado es responsable del 48 por ciento de las emisiones totales de contaminantes, mientras que el 50 por ciento más pobre apenas genera ocho puntos porcentuales.
En este sentido, apuntó que mientras los más ricos generan una mayor proporción de emisiones a partir de patrones intensivos de inversión, consumo y movilidad, “las poblaciones más empobrecidas enfrentan con menos recursos los efectos del deterioro ambiental”, como olas de calor, inundaciones y sequías.
Asimismo, señaló que los medios de transporte de lujo, particularmente los aviones privados, yates y automóviles de alta gama, son responsables de un consumo energético “sumamente alto”, intensivo e ineficiente de combustibles fósiles.
“La aviación privada alcanzó al menos 15.6 megatoneladas de dióxido de carbono (CO2) en 2023, con un promedio de 3.6 toneladas por vuelo y sus emisiones aumentaron 46 por ciento entre 2019 y 2023. Los jets privados son entre cinco y catorce veces más contaminantes por pasajero que los vuelos comerciales y 50 veces más que los trenes”, agregó.
Ante este panorama, recomendó al fisco mexicano aplicar impuestos progresivos sobre bienes de alto valor, impulsar ajustes de precios para el uso de infraestructura pública y “establecer un principio de responsabilidad ambiental donde quienes más contaminan paguen más para reparar los daños colectivos que provocan”.
Explicó que, al enfocarse en un pequeño grupo de propietarios, el Estado podría recaudar entre 30 mil 497 y 234 mil 774 millones de pesos anuales, los cuales beneficiarían el gasto público sin afectar el consumo básico ni la economía de los contribuyentes de ingresos medios y bajos.
“La justicia climática exige transformar también las reglas sobre los recursos públicos con perspectiva de justicia fiscal. No es aceptable que las mayorías financien, con su salud, su territorio y sus condiciones de vida, los costos ambientales del consumo extremo de una minoría”, finalizó Oxfam.
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Escrito por Sebastián Campos Rivera
Periodista de finanzas, economía, negocios, mercados, divisas, indicadores y el sector energético. | X: @srivera1410