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Los habitantes de la comunidad de San Felipe Ecatepec, en el municipio de San Cristóbal de las Casas (SCLC); Chiapas, denunciaron que sufrieron atentados por exigir su derecho al agua potable. Por tal, pidieron la intervención inmediata de las autoridades, además, para frenar la ola de violencia y agresiones generadas por un pequeño barrio de este mismo lugar.
Para que fueran escuchadas, decenas de personas bloquearon la entrada de la ciudad cultural con dirección a Zinacantán, pero se desató un enfrentamiento del que salieron heridas alrededor de 12 manifestantes.
A pesar de las solicitudes y exigencias por parte de la comunidad, en su derecho de disfrutar del servicio de agua potable, éste se les ha negado debido a la arbitrariedad de las autoridades, ya que, señalan, este pequeño barrio tiene acceso a todos los servicios con facilidad, y la comunidad no, dejando 450 hogares en sequía.
Señalan que en febrero solicitaron en pleno derecho al agua de la ley ante el Presidente municipal, que dirige C. Mariano Diaz Ochoa, que fueran las estancias correspondientes las que resolvieran y abastecieran del servicio a todas las familias, pedían 10 tuberías que conectaran a la toma, porque los abusos de la agencia municipal llegaron al extremo de solicitarles 25 mil pesos por toma de agua, sin incluir el contrato que había que pagar a SAPAM, pero no fueron escuchados.
Y ante la constantes solicitudes y reuniones, hace 3 días, representante de Obras Públicas llegaron a la comunidad a intentar conectar las tomas del agua, pero fueron amedrentados por el grupo contrario; ante este hecho y desesperados por la falta de agua que afectará a sus cosechas y quehaceres del hogar, esta tarde la mayoría de las familias intentaron conectarse a la toma de agua, pero fueron agredidos, golpeados con machetes y, cómo consecuencia, varios de ellos se encuentran heridos de gravedad.
La comunidad ha puesto un cerco con mantas y algunas unidades como medida de protesta ante los abusos y el atentado ocurrido esta mañana, bajo la consigna de ¡Exigimos agua! Los habitantes de la comunidad piden ser atendidos prontamente por las autoridades estatales, pues señalan que temen por la integridad de su familia y vecinos.
Denunciaron que el gobernador Eduardo Ramírez y a la fiscalía no atienden sus casos y que la entidad se ha convertido en “un cementerio clandestino”.
Las denuncias por el delito de extorsión en 2021 fueron 504; en 2022 bajó a 356; pero volvió a subir en 2023 con un total de 494 episodios.
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Ante los asaltos que han ocurrido a plena luz del día en los centros comerciales de la CDMX, el PRI propuso que los guardias de estos establecimientos porten armas con licencia.
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Escrito por Redacción