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La lucha del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical (Ferro) llegará hasta el Tren Maya, al sureste del país, donde este 14 de febrero bloquearán obra a través de una protesta nacional ante la nula atención a sus demandas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Su demanda más sentida es el cumplimiento del Proyecto de Justicia Social, de acuerdo con los extrabajadores afectados por la privatización de este transporte.
“AMLO no ha cumplido con su compromiso de justicia con ellos para repararles el daño causado”, informó en conferencia de prensa el presidente del Frente, Eduardo Canales.
La movilización a nivel nacional es “un grito desesperado, para que (Andrés Manuel López Obrador) cumpla con su palabra y dé una solución para que cerca de cuatro mil trabajadores puedan recibir una compensación por años de trabajo”, señaló.
En ese sentido, el presidente de Ferro anunció que a partir de las 9:00 horas de mañana, además de bloquear el paso del Tren Maya, harán lo mismo con otros puntos.
Para el sector de 40 años y más en Michoacán, la búsqueda de empleo es un desafío cada vez más complejo y difícil de superar porque la economía no muestra ningún síntoma de reactivación.
Quisieron, pues, Mario Delgado y los morenistas ocultar su ineficiencia para controlar a su partido y su bancada "rebelde".
A más de 4 mil 500 personas a nivel nacional les fue restringido el contrato colectivo.
La centralización del poder practicada por el Presidente de la República atropella y coarta los derechos de los mexicanos más pobres; incluso, lo más lamentable, la aplican también algunas autoridades estatales y municipales.
De los 93 millones de ciudadanos que tenían su derecho al voto, votaron del 51.7 por ciento al 52.5 por ciento de los votantes.
El acuerdo recibió el apoyo de una amplia mayoría de los senadores, al recibir 89 votos a favor y solo 10 en contra.
El IMCO añade que esta precarización de aprendizajes a largo plazo puede reducir la productividad y la innovación del país, lo que evita la posibilidad de alcanzar un PIB mayor a largo plazo.
Es un apoyo económico dirigido a las y los familiares de personas fallecidas por la enfermedad Covid-19, por un monto de 11 mil 460 pesos.
A la ciudadanía le pidió estar atentar para que la jornada revocatoria se lleve a cabo con legalidad e imparcialidad.
Álvaro López Ríos, dirigente nacional de la UNTA, reconoció que esta organización se equivocó en la elección de 2018 al apoyar a Morena.
El gobierno de Claudia Sheinbaum se está sumando a otros gobiernos morenistas represores como el de Puebla de Miguel Barbosa o el de Veracruz.
El proyecto debe contar con la legalidad para que los cientos de bicis y mototaxis que circulan en las calles de la ciudad se encuentren en la legalidad y no en el limbo jurídico.
La violencia ha hecho presa del campo de la política; la inseguridad y, en consecuencia, el temor y la preocupación de los ciudadanos se han incrementado.
“Esa embajada de México en España no tiene otra lectura que el pago por la entrega de la elección al crimen organizado”, escribió el perredista.
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Escrito por Redacción