La reasignación de recursos reaviva la tensión entre el Ejecutivo y los órganos autónomos
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Sin duda, la reforma al Poder Judicial aprobada en las Cámaras de senadores y diputados causó controversia entre la sociedad porque sigue dividiendo una población ya polarizada. El aumento de 2 años a la Presidencia del actual Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no fue para muchos una buena decisión pues hay quienes afirman que es un paso más a un gobierno totalitarista por parte del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, además de que se encamina a la dictadura que traerá grandes consecuencias en la vida de los 126 millones de mexicanos.
La reforma al Poder Judicial fue impulsada por el actual partido mayoritario, Morena, y de los partidos aliados sin reflexionar sobre las consecuencias. Y como era de esperarse, especialistas en el tema afirmaron que dicha ley era inconstitucional; pero no hay un llamado a que los ciudadanos tomen partido o protesten para detener las arbitrariedades del gobierno federal.
La reforma también hiere la autonomía del Poder Judicial y la independencia judicial, lo que dejaría tomar libremente sus propias decisiones. La consecuencia a todo esto también será que en nuestra nación la política se está judicializando para gobernar a modo y jamás se está pensando en el pueblo, o al menos no como aseguró en el 2018.
Mientras las alarmas se han encendido en todo el país, el Ministro Presidente sólo se ha pronunciado en aceptar la decisión que el Congreso de la Unión ha decidido. La intromisión de AMLO para tener sumisa a la SCJN se convierte en un atentado contra el estado de Derecho y un ataque a los preceptos constitucionales de la no reelección.
Además, es un hecho que no debemos dejar pasar porque podría abrir la puerta a consecuencias que afectarían de manera directa a todos los mexicanos y a las nuevas formas de impartición de justicia, pero que no ataca los problemas más urgentes del poder judicial. El Presidente López Obrador y Morena buscan deshacerse de su contrapeso, puesto que no todos los fallos como en el caso de la Ley Bonilla, la Ley Garrote y la consulta contra los expresidentes, le ha favorecido a la 4T.
La extensión de mandato es la parte experimental de lo que puede suceder en el 2024: quebrar la separación de poderes. Los ataques al INE, y ahora al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también son muestra de ello; pero todo esto tiene pasos y tintes electoreros, ya no para este 6 de junio, sino para el 2024, donde también la decisión desde Palacio Nacional empieza a moverse para ver quién será el candidato preferido entre Claudia Sheinbaum, Mario Delgado o Marcelo Ebrard.
Y mientras los partidos de oposición no jueguen como el contrapeso, ambos Presidentes (AMLO y Saldívar) no cumplen con el verdadero papel de la democracia y encaminan a la dictadura; pero quienes si deben reaccionar son todos los ciudadanos que pueden emitir su voto este 6 de junio y mandar a Morena y todos sus candidatos donde deben estar, en el bote de la basura de la historia. Por el momento, querido lector, es todo.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).