El Metro de la Ciudad de México (CDMX) enfrenta hoy una crisis. Si bien por mucho tiempo mostró una infraestructura de orgullo para los habitantes de la ciudad y uno de los mayores logros de ingeniería en el país, hoy ya no tiene tal sentido.

El pasado nueve de enero se registró un incendio en las instalaciones del Puesto Central de Control del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC-Metro). Sus consecuencias fueron el cierre de las primeras seis líneas y la pérdida de este servicio para más de un millón de usuarios. Según el testimonio de algunos trabajadores, la causa física ocurrió por la falta de una chaveta y el cambio de aceite en uno de los cinco transformadores que suministran energía.

Las fallas en el Metro derivan de un problema más grande e histórico. En 1977, el servicio contaba con 41.1 km de vías; en la década de los 80, creció más, y en 1988 tenía más de 140.6 km, aumento producido en medio de una crisis económica. Continuó creciendo hasta los 201.4 km en el año 2000. Después de este periodo, su crecimiento se estancó. Fue precisamente el año en que llegó Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a ocupar la Jefatura de Gobierno de la CDMX. Únicamente en 2012 se construyó la línea 12, cuyos desperfectos provocaron un gran escándalo.

A partir de entonces, el gobierno capitalino habilitó una política de movilidad que favoreció el uso del automóvil, financió la construcción de segundos pisos y redujo el presupuesto del Metro. Las consecuencias de esta política se reflejan, desde entonces, en la situación de sus instalaciones, incluso en el diagnóstico de su estado físico en el Plan Maestro del Metro 2018-2030. En este documento se señala, en general, el preocupante deterioro de sus estaciones, vías, vagones, escaleras eléctricas; algunas obras de infraestructura y aparatos tienen más de 50 años y no cuentan con la calidad necesaria para funcionar adecuadamente. A estos problemas se suma la excesiva concentración de pasajeros en el Metro, que rebasa su capacidad operativa, ya que está diseñado para transportar a tres millones de personas como máximo, y en la práctica es usado por cinco millones y medio. De acuerdo con varias fuentes, estas fallas han provocado, desde 2015, accidentes –choques, incendios de llantas, descarrilamientos de trenes– cuya magnitud ha puesto en riesgo la vida de los usuarios.

La inversión en el STC-Metro, tanto del Gobierno Federal como del capitalino, ha sido mínima. La administración actual ha responsabilizado del accidente a los gobiernos anteriores. Sin embargo, haciendo memoria, desde 1997, la CDMX ha sido gobernada por la “izquierda progresista”, cuyos actores políticos son los mismos que hoy se encuentran al frente de la capital de la República y ahora del país. Estos gobiernos son los responsables de la política de olvido aplicada a la columna vertebral de la movilidad en la capital, que ya tiene más de 20 años.

El incidente del nueve de enero puso en evidencia al gobierno capitalino como el responsable directo de la falta de mantenimiento del STC-metro, aunque el problema deriva de los recortes del Gobierno Federal a los presupuestos de 2020 y 2021. La falta de financiamiento ha frenado su expansión y la búsqueda de una estrategia de movilidad y desarrollo urbano común con el Estado de México, ya que el 47 por ciento de los usuarios son mexiquenses.

El caso del STC-Metro es solo una muestra de la falta de planeación que caracteriza al gobierno actual. En más de dos años, este gobierno se ha negado a crear políticas que resuelvan los problemas y se ha conformado con administrarlos. Por ello avanzan los males socioeconómicos, de salud, de educación, etc., mientras que las víctimas son millones de personas que viven al día y que, pese a su dramática situación, ven que al Gobierno Federal únicamente le preocupan sus megaproyectos.