En todo el mundo se han encendido las alarmas, el pánico, la desesperación y las primeras demandas de auxilio. Hay una crisis que nuestros gobernantes no quieren ver, pero que millones de familias resienten más que nunca: el hambre, que causa terror y empieza a asesinar brutalmente a muchas personas.

En vísperas del 77° Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fueron muchas las instituciones internacionales que alertaron sobre la existencia de una hambruna global, derivada tanto por las consecuencias socioeconómicas de la pandemia del Covid-19 como por los conflictos geopolíticos. Su llamado fue el mismo, aunque no nuevo: el hambre sigue acorralando a la humanidad.

Sin embargo, la única solución que propusieron fue una supuesta “cooperación” entre países para frenar el mayor número de muertes causadas por la mala alimentación y la desnutrición. Además, las medidas de acción que sugirieron son caducas y desde hace mucho tiempo, ninguna se ha materializado; mientras la brecha entre ricos y pobres se amplía. La primera es más rica y la segunda más pobre.

Mientras tanto, 238 organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciaron, en un comunicado, que “345 millones de personas sufren hambre aguda, una cifra que se ha multiplicado por más de dos desde 2019”. Esto significa que, en los países pobres, el hambre está provocando una muerte cada cuatro segundos; y ésta es la razón por la que la crisis se ha ocultado ante las grandes investigaciones académicas de la ONU o la Organización para el Crecimiento y el Desarrollo Económico (OCDE), que se limitan a difundir exhortos que solo benefician al sistema capitalista.

En uno de los informes de las ONG se revela que “en un mundo de abundancia, dejar que la gente se muera de hambre es una decisión política”. Esta afirmación, a mi parecer, denuncia lo que en nuestro país está sucediendo: la falta de inversión pública en infraestructura urbana básica que genere crecimiento económico y empleo en sectores importantísimos como el campo, entre otros, mientras el grueso del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se gasta en simples ayudas monetarias cuyo objetivo real es comprar votos y no atacar a fondo la pobreza, según prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Hoy, la inflación está dejando sin qué comer a miles de familias mexicanas, pero ni el Presidente ni su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), han intentado siquiera controlarla. Desde hace cuatro años, la importación de productos extranjeros, la mayoría provenientes de Estados Unidos (EE. UU.), ha crecido en 40 por ciento y nos ha hecho aún más dependientes de este país; mientras, el campo mexicano se encuentra olvidado.

La crisis de los fertilizantes en los mercados externos ha elevado su costo; y el gobierno federal, en vez de replantear su política hacia el campo, omite tal situación. Es previsible que el proyecto del PEF 2023, que en los próximos días será discutido por la Cámara de Diputados, sea aprobado tal como fue redactado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); con un raquítico aumento de 11 mil millones de pesos (mdp). El porcentaje de aumento a la Sader parece óptimo, pero comparado con el de otras dependencias –entre ellas Bienestar y Turismo– es uno de los menores.

El maíz, parte básica de la dieta de todo mexicano, ha elevado sus costos de producción y sus precios de importación. El frijol, otro grano vital, y que se produce en mínimas cantidades, es ya insuficiente.

Esta crisis “invisible” está gestándose desde hace varios años; y puede desembocar en protestas e inconformidades sociales contra los gobernantes. La hambruna en México y el mundo es un asesino silencioso cuyas víctimas siempre son los desamparados, que a diario se juegan la vida porque no saben si al día siguiente tendrán qué comer.

Por ello, en el penúltimo Paquete Económico enviado por el Presidente al Congreso de la Unión convendría replantear las propuestas de gasto con base en las necesidades reales del pueblo de México. Según las cifras oficiales, en el país hay 55.7 millones de personas en pobreza; y 10.9 millones en pobreza extrema, entre las cuales ya se presenta la hambruna y están más expuestas a las catástrofes naturales.

Es a estos mexicanos a quienes se debe apoyar y salvar; lamentablemente, el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” prioriza las obras emblemáticas del Presidente (el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles) y los programas sociales con tinte electorero, cuyo peso político-monetario, sin duda, veremos gravitar durante los comicios de los estados de México y Coahuila en 2023 y en las elecciones generales de 2024. Por el momento, querido lector, es todo.