El delito combina tres problemáticas: el robo de combustible, el fraude fiscal y el robo de crudo.
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El PRI en la Cámara de Diputados consideró que la reforma al Poder Judicial que impulsa el Presidente de la República como parte del llamado su “plan C”, es una “revancha” contra a Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por haber frenado en su momento la reforma eléctrica, y contra el Poder Judicial, por parar parte de las obras del Tren Maya.
El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Lázaro Rubén Moreira, recalcó que el planteamiento del Ejecutivo Federal no busca mejorar la impartición de justicia, sino cobrar cuentas con la Corte, por los fallos que han dado reversa a decisiones impulsadas por el Ejecutivo de manera directa, y a través del Legislativo.
Moreira Valdez sentenció que los cambios propuestos por el Presidente de la República y que la virtual Presidenta electa ha adoptado, no resolverán los problemas de justicia que vive el país.
“El tema y la situación se debe de abordar a través de un proceso complejo y cuidado, no de una manera tan simple en tres meses”, dijo el también diputado del tricolor.
Nuevamente descalificó las encuestas hechas por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a las cuales consideró “inválidas” porque fueron utilizadas para justificar una decisión de gobierno, no para reflejar lo que realmente piensa la población en su conjunto.
El político coahuilense reiteró que las comparaciones de la propuesta de elegir por voto en urnas a jueces, ministros y magistrados que está promoviendo el Presidente, con decisiones en materia judicial en otros países como Bolivia y Estados Unidos son erróneas.
El delito combina tres problemáticas: el robo de combustible, el fraude fiscal y el robo de crudo.
Los manifestantes denuncian irregularidades en la investigación y señalaron actos de violencia institucional.
La SCJN contará con 600 millones de pesos adicionales, lo que representa un aumento del 12 por ciento.
Legisladores los instan a ejercer la justicia sin presiones ni obediencia partidista.
La entrega de constancias no es un acto administrativo, sino el acatamiento a una resolución que ha protegido la voluntad ciudadana que participó directamente el día de la elección del PJF.
No hay comprobación fiscal que lo inculpe, argumentó la consejera electoral Carla Humphrey
Rubén Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro, afirmó que la Comisión encabezada por la presidenta Sheinbaum carece de apertura y pluralidad.
El salario de Andrés López Beltrán, como el de todos los dirigentes de partidos políticos, proviene del erario.
Lo que quiere este gobierno es silenciar, callar, amedrentar y asustar”: Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI.
La Fiscalía confirmó la presentación de la solicitud, en la que se mencionan cuatro carpetas de investigación judicializadas.
“Esta estrategia ilegal no puede quedar sin consecuencias…”, dijo la consejera Claudia Zavala.
En 2018, la deuda externa se ubicó en 3.94 billones de pesos, mientras que en 2025 alcanzó los 4.49 billones.
Hoy vivimos un escándalo: la “fascistización” política en forma de radicalismo ideológico.
Estados Unidos y México investigaron operaciones por decenas de millones de dólares que vinculan a Nunvav, Vector y los supuestos prestanombres del exsecretario de Seguridad.
CiBanco, Intercam y Vector, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de oficina de AMLO, fueron acusados de facilitar transferencias para tráfico de precursores químicos y lavado de dinero.
Cada mexicano deberá 151 mil pesos en 2026 por obligaciones del Estado
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera