Este gobierno autoritario está por cometer una nueva arbitrariedad que pretende destruir instituciones del Estado con argumentos absurdos, como los de que fueron creadas en el “pasado” por funcionarios “conservadores”, “fifís”, etc., sin considerar si son útiles, perfectibles o funcionales. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) fue creado el 27 de diciembre 1970 por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez para promover la investigación científica y tecnológica en México; desde entonces, con todo lo que quiera criticársele, ha logrado que miles de mexicanos amplíen sus conocimientos en múltiples disciplinas y hayan obtenido posgrados (maestrías y doctorados) gracias a las becas otorgadas.

Recordemos que este gobierno canceló más de 90 fideicomisos relacionados con la ciencia, argumentando que eran objeto de actos de “corrupción” de los que, sin embargo, hasta ahora no ha presentado una sola prueba. También debemos recordar que tales fideicomisos tenían el propósito de garantizar los recursos financieros destinados a los becarios durante los periodos de transición gubernamental de un sexenio a otro. Ambos objetivos son encomiables en un país como el nuestro, donde la clase dominante es malinchista, toda vez que prefiere la tecnología extranjera, no impulsa la innovación tecnológica y, a partir de los años 90, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, contuvo los salarios para que México fuera más “competitivo”.

Por ello, México nunca ha estado cerca de alcanzar la meta de destinar el uno por ciento del Producto Interno Bruto a la ciencia e innovación tecnológica; este hecho explica, en parte, por qué el sector servicios predomina en nuestra economía con el 64.5 por ciento, que el industrial solo sea de 31.9 por ciento y que el de la agricultura de 3.6 por ciento, según datos publicados en 2017 por The World Factbook.

Por todo esto, la iniciativa de Ley Nacional de Ciencias, Tecnologías e Innovación, lejos de corregir a fondo los problemas, solo provocará mayor división entre los sectores público y privado, porque inhibirá la libertad de investigación. Para que usted, amable lector, entienda mejor esta propuesta, imagine una mosca dentro de un frasco de mayonesa a la que le dicen que vuele todo lo que quiera, pero que no se salga de éste… O sea que a los investigadores de México les están diciendo que si quieren recursos para investigar, deben hacerlo donde “yo les diga” (el frasco).

Si los científicos, por obra de su trabajo o genio, inventan o descubren algo relevante, la patente no será de ellos, sino del gobierno, y ésta generará ingresos millonarios mientras el investigador no podrá disfrutar una parte racional de la misma. ¿Qué es lo que provocará esta “genialidad” del gobierno de la llamada “Cuarta Transformación”? Dos cosas: que los creadores no quieran inventar para el gobierno y, segundo, que busquen financiamiento en otros países, lo cual derivará en una cuota adicional en la famosa “fuga de cerebros”.

Además, si un aspirante estudia en una escuela privada, no podrá pedir una beca para investigar, ni podrá pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores; las becas solo se otorgarán “si hay dinero” (es decir, estarán sujetas a disponibilidad presupuestal), lo cual significa que si este año las hubo, no es seguro que vaya a haberlas en el siguiente; y las universidades públicas no tendrán la posibilidad de proponer becarios, ya que su selección estará de “manera directa” a cargo del gobierno, Por todo esto, es previsible que en el sustituto del Conacyt haya más opacidad y que sus futuros becarios no puedan ser más capaces y brillantes de los que puede producir México.

Antes de aprobar esta iniciativa, se aprobó por unanimidad que se debatiera en al menos siete foros, de los que a la fecha se han efectuado dos y se rechazó, también por unanimidad, una imposición del grupo mayoritario para que su dictamen fuera sometido a discusión el 12 de abril (día en que escribo este artículo). Es decir, los legisladores morenistas están acelerando las cosas para que su proyecto de ley sea aprobado sin considerar las voces de los científicos y tecnólogos que lo han criticado.

No se trata de una ley general, sino una ley federal, cuyo contenido viola “los derechos humanos” de quienes, supuestamente, serán sus beneficiarios. Hemos advertido que, si se aprueba sin ninguna modificación, promoveremos una acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea la que confirme su arbitrariedad y suspenda su aplicación.

Finalmente, es necesario que los científicos de México sepan que cuentan con el Movimiento Antorchista Nacional, y que cuando nuestra organización gobierne, propondremos, como declaró un doctor en uno de los foros, un proyecto de nación que considere todas las opiniones. Reuniríamos a todos los científicos de todas las áreas para hacer un plan nacional coherente con la idea de desarrollar al país integralmente y en armonía. México tiene un gran potencial y es necesario despertarlo. Esta legislación, tal como está, inhibirá la creatividad y propiciará la construcción de una dictadura personal o de grupo. Los científicos de México deben unirse al pueblo para defender sus causas y levantar las banderas de una patria más libre, más justa, más equitativa y más desarrollada para todos.