El 10 de diciembre de 1948 se publicó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que se reconoció, por vez primera, el derecho a la vivienda y la importancia que ésta tiene para el desarrollo de las personas porque brinda seguridad, descanso, sanidad y propicia la integración familiar. El éxito de cualquier sociedad y su economía debería expresar con la satisfacción plena de este derecho a todos sus integrantes, ya que el acceso a la vivienda es una de las mejores formas de dignificar la vida de los seres humanos. Sin embargo, en gran parte del mundo, su déficit es enorme y en nuestro país es de alrededor de nueve millones de viviendas.

En 2021, la Ciudad de México (CDMX), hoy desgraciadamente gobernada por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue considerada la cuarta ciudad más cara en habitabilidad de América Latina, ya que sus poco más de nueve millones 200 mil habitantes se albergan en 2.75 millones de viviendas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta misma institución revela que en la capital de México existen 207 mil viviendas desocupadas.

El 19 por ciento de las viviendas en el país está deshabitado; y casi el 25 por ciento de las ocupadas tiene problemas de hacinamiento y falta de servicios urbanos básicos (agua potable, drenaje) o no está sin terminar. Según la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el 26 por ciento de las familias vive en riesgo físico-sanitario debido a las deficiencias de las viviendas que habitan.

Hace unos días, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, informó que su administración va a “repoblar” la Zona Rosa con vivienda incluyente mediante la puesta en marcha de un “Paquete de Medidas para la Reactivación Económicas de la CDMX” que prevé la intervención de 806 predios ubicados en un área delimitada por las avenidas Insurgentes, Reforma, Sevilla, Salamanca y Lejía. Se trata, en rigor, de un proyecto que no está pensado para la gente pobre o de escasos recursos, sino para que hagan negocio las empresas inmobiliarias con el morenismo capitalino.

Con este anuncio, la “corcholata” preferida del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló que el Instituto de Vivienda (Invi) ofrecerá entre 13 mil y 15 mil créditos para el mejoramiento de viviendas por medio de las “ventanillas únicas”. Esta oferta aún está por verse porque, desde que llegó al poder el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” (4T), los programas de apoyo a la vivienda han sido eliminados o sustituidos por otros menos transparentes y menos accesibles para los mexicanos pobres, ya que no existen padrones confiables y porque los administran los Servidores de la Nación, quienes siempre condicionan los apoyos a cambio de la inclusión de la gente en el partido Morena.

En la CDMX falta vivienda destinada a las capas sociales más desprotegidas y este problema genera horribles hacinamientos, conflictos familiares y sociales, además de la existencia de viviendas irregulares donde sus habitantes no cuentan con un hábitat digno con servicios básicos adecuados. Pero en lugar de empezar a resolver este problema, el gobierno morenista lo ha acentuado, convirtiéndolo en un conflicto social.

En 2020, el Inegi difundió algunos datos sobre la vivienda en el país. El 41.3 por ciento de las viviendas en México mide entre 56 y 100 metros cuadrados y el 28.1 por ciento es menor a 55 metros cuadrados. 24.6 por ciento de los 35.3 millones de casas que hay en el país tiene más de 31 años de haber sido construidas; las más recientes se edificaron hace cinco años o menos y representan apenas el nueve por ciento; el 13 por ciento data de hace seis o 10 años; casi la mitad de las casas, el 44.2 por ciento, tiene filtraciones y el 40.8 por ciento grietas y cuarteaduras. Además, el 51.4 por ciento de la población carece de acceso a crédito; 16.4 por ciento renta; y solo el 61.4 por ciento –seis de cada 10 mexicanos– tiene casa propia.

En el país falta también un programa de escrituración masivo, pues de 23.9 millones de viviendas solo 17.4 millones están escrituradas. En cifras redondas, el déficit es de 8.2 millones de viviendas y si se intentara resolver este problema el 56.8 por ciento recurriría a préstamos informales o al uso de recursos propios; el 37.8 acudiría al Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y solo el 12.2 por ciento solicitaría créditos a instituciones privadas. Hasta ahora se observa claramente cómo el Gobierno Federal morenista no tiene entre sus prioridades atender este problema aun cuando es un derecho humano y constitucional.

La vivienda se ha vuelto menos accesible para la mayoría de los mexicanos debido a los muy bajos ingresos salariales, la reducida oferta inmobiliaria y el direccionamiento de los inversionistas de este sector hacia la construcción de viviendas para arrendar en colonias de clases medias-medias o medias altas de la CDMX u otras ciudades del país; mientras que los barrios periféricos se convierten en cinturones de miseria. Si el Presidente y los gobernadores de las entidades federativas –entre ellos la Jefa de Gobierno de la CDMX– no impulsan programas orientados para atacar la crisis de vivienda que enfrenta el país, jamás podrán combatir la alta desigualdad, marginación y pobreza generalizada que padece nuestra nación. Por el momento, querido lector, es todo.