El gobierno de la 4T, y, por razones ideológicas, varios de sus críticos, propalan la idea de que esta administración privilegia el gasto social, destinando cuantiosos recursos a las necesidades populares. Eso hay que tomarlo con reserva y estudiarlo más de cerca. De entrada, vista en perspectiva, la recaudación de impuestos pagados por las grandes corporaciones nacionales y extranjeras es poca, y el Presidente ha dicho que no les impondrá mayores cargas, en una política que, no obstante, el discurso incendiario, sigue haciendo de México un paraíso fiscal de facto. La recaudación tributaria promedio en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 34 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). México recibe 16 por ciento y, consecuentemente, el gasto público el año pasado, ya en la 4T, fue de 24.4 por ciento del PIB, lo que nos ubica en el sitio 23 en América y 134 mundial. En América, ocupa el primer lugar Canadá, con 40.4 por ciento (Ekos-FMI). Vale insistir, de paso, en la necesidad del impuesto progresivo, donde quienes más ganan, paguen proporcionalmente más, para que el Estado disponga de suficientes recursos para socorrer a los más necesitados; sin embargo, la “Cuarta Transformación” (4T) evita esa medida de distribución real de la riqueza porque afectaría las ganancias del gran capital. Pero volviendo al punto, después del gasto público, veamos en particular el gasto social.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) define gasto social como: “monto de recursos destinados al financiamiento de los planes, programas y proyectos cuyo objetivo es generar un impacto positivo en algún problema social, independientemente de la entidad administrativa y el sector que realiza cada función (educación, salud y nutrición, seguridad social, asistencia social, trabajo, vivienda, agua y saneamiento)...” (2010, Serie Manuales de la CEPAL No. 65). Para la OCDE es: “el conjunto de prestaciones en efectivo, provisiones en especie de bienes y servicios, e incentivos fiscales con objeto social”. Entre las 36 naciones de ese organismo, somos el país donde menos recursos se aplican a gasto social, 7.5 por ciento (Forbes, 23 de enero 2019). El promedio es de 20.1; Francia aplica el 31.2. Así las cosas, para el Presupuesto de Egresos (PEF) 2020, la propuesta de Hacienda en gasto social representa 10.8 por ciento del PIB, apenas 0.3 por ciento más que lo aprobado para 2019; un modesto incremento respecto a lo anterior, pero seguimos en el último lugar en la OCDE. En Latinoamérica, el promedio es 11.2 por ciento (CEPAL 2016), y hoy, en la 4T, México está por debajo.

Sirva de ejemplo de nuestra situación el sector Salud. En su análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 enviado por el Presidente, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) consigna que en los países avanzados se aplica a la salud el seis por ciento del PIB; en México, en 2012 alcanzó un máximo de 2.8, y en el Proyecto de PEF de 2020 cayó a 2.50 por ciento; pero en ese lapso, por el crecimiento poblacional, el gasto per cápita (gpc) se redujo. “A pesar de los incrementos presupuestarios en los sistemas de seguridad social IMSS e ISSSTE, éstos redujeron su gpc en 18.1% y 8.2%, respectivamente de 2010 a 2020. El gpc en IMSS pasó de $5,614 en 2010 a $4,600 en 2020. El gpc en el ISSSTE pasó de $5,063 en 2010 a $4,648 en 2020” (CIEP, 15 de octubre de 2019). ¿Dónde está entonces la proeza de la 4T? Y sin muchas estadísticas, basta ver el lamentable estado en que se hallan, y el servicio que ofrecen, las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o los hospitales generales en los estados, que carecen del equipo indispensable, camas, medicamentos, etc. El personal médico sigue saliendo a protestar.

Ciertamente, la 4T destinó en el PEF recursos extraordinarios muy llamativos para programas de transferencia monetaria directa, apoyo a los beneficiarios con alguna cantidad de dinero: Becas Benito Juárez (mil 600 pesos bimestrales), Escribiendo el futuro (dos mil 400 pesos mensuales), pensión para las personas adultas mayores (dos mil 620 al bimestre), o pensión para las personas con discapacidad (dos mil 550 pesos bimestrales). Pero eso nada resuelve si el gobierno no invierte en medidas verdaderamente efectivas de distribución de riqueza, como hospitales, vivienda, escuelas, apoyo en energía eléctrica, drenaje, servicios que, con lo que recibe, la gente jamás podrá adquirir. Como dice el pueblo: le dan gato por liebre. Además, las dádivas ni de lejos compensan problemas estructurales como los bajos salarios en los que México también destaca, y que siguen siendo un “atractivo” para la competitividad del país. Sería más sano elevarlos, pero en serio, para que así las familias perciban un ingreso digno sin menoscabo de su libertad y sus derechos ciudadanos. La historia no conoce pueblo alguno que haya salido de la pobreza con estas políticas asistenciales.

Realmente, con tal estrategia de gasto se escamotea a la población necesitada el verdadero apoyo, en burdo intento de sobornarla, para que contemple callada y pasivamente las arbitrariedades del gobierno y su descarado servilismo hacia el gran capital; se priva así al pueblo de su libertad y capacidad crítica. En una visión patrimonialista, los funcionarios de esta administración, y de las anteriores, asumen que los recursos públicos son suyos, y por su magnanimidad conceden favor a la gente. La población debiera recibir los recursos públicos, por definición, del pueblo (del latín publicus, poplicus, lo perteneciente al populus) sin que ello obligue a un sometimiento al tlatoani en turno, del partido que sea. Un pueblo que depende de la dádiva enajena sus derechos.

Otro problema del gasto social “tipo AMLO” es que no está debidamente institucionalizado. No existen criterios y procedimientos claros, o se hacen de chicle, para decidir a quién otorgar becas y pensiones, con un marcado sesgo electoral, dirigiéndolos hacia sectores o poblaciones electoralmente convenientes. Son programas anzuelo. En un sistema de gasto social verdaderamente institucional habría criterios transparentes de aplicación, direccionamiento y evaluación, para que todo mexicano, sin importar preferencia electoral o militancia partidista, pudiera acceder a ellos. Hoy impera la discriminación política.

En suma, el tan cacareado gasto social y la pretendida preferencia por los pobres en el presupuesto de la 4T no es lo que se dice. La abrumadora propaganda de que hoy todo va para los pobres, oculta el hecho real de que este gobierno no es de los pobres ni para los pobres (Aquí la esencia se manifiesta invertida en el fenómeno). Su compromiso es con sectores específicos del gran empresariado, con las transnacionales y el imperialismo norteamericano. Y para los pobres, espectáculo y migajas, cuentas de vidrio, dolor, hambre y muerte, mientras los poderosos de siempre se quedan con el oro.