Nueve de las 34 universidades públicas estatales que desde hace 25 años padecen una severa crisis financiera, carecen de los recursos suficientes para pagar maestros y cubrir sus gastos básicos, fueron obligadas por el Gobierno Federal a aceptar asignaciones presupuestales ínfimas y un convenio de fiscalización administrativa y académica que violenta su tradicional autonomía.

El nuevo titular del Ejecutivo federal adujo como explicación problemas de transparencia y presunta corrupción a fin de obligar a los directivos universitarios de las instituciones en crisis a suscribir un acuerdo de reestructuración institucional por el que las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Educación Pública (SEP) podrán intervenir en la administración de sus recursos pese a su condición de entidades autónomas.

Estas dependencias federales fueron convertidas en instrumentos de supervisión e información de la Cámara de Diputados, sin importar que las universidades poseen representación legal para responder de sus actos ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), como lo han hecho hasta ahora a través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Los rectores de las universidades intervenidas han manifestado que sus instituciones están dispuestas a ser auditadas en cualquier momento, ya que es una práctica permanente y porque, sobre todo, no tienen nada que esconder. Consideran útil que el nuevo gobierno se convenza de que sus problemas financieros no son consecuencia de actos de corrupción o desvíos de dinero.

Pero las autoridades universitarias aceptaron los condicionamientos lesivos a su autonomía porque están convencidas de que el nuevo gobierno podrá constatar que la causa de sus déficits han sido los escamoteos de gobiernos federales y estatales y el incremento imparable de sus matrículas escolares durante ese mismo lapso.  

La información estadística de la ANUIES, en el último decenio, el número de estudiantes en las universidades públicas aumentó el 39 por ciento, mientras que los subsidios federales solo crecieron en promedio el 9.8 por ciento, lo que evidencia la disparidad entre su demanda educativa y el dinero que aporta el Estado mexicano.

El acuerdo impuesto por el presidente a las universidades tuvo como base su exhibición pública como entidades corruptas que deben demostrar que “no se roban el dinero”. Este convenio de supervisión académica y administrativa, fue la condición para que pudieran recibir dos mil 309 millones de pesos (mdp) adicionales de presupuesto anual.

El déficit financiero de las 34 universidades públicas mexicanas asciende a 19 mil 209 mdp, y se debe, fundamentalmente, a que los cuatro gobiernos federales anteriores no entregaron los subsidios correspondientes.

En diciembre de 2018, la SHCP accedió a otorgar el citado presupuesto adicional (los dos mil 300 mdp) para que 64 mil trabajadores universitarios pudieran cobrar sus sueldos atrasados y aguinaldos de fin de año y se evitara un conflicto laboral y social de magnitud relevante a nivel regional.

Pero ese dinero no abatió la crisis financiera que las universidades públicas arrastran desde hace un cuarto de siglo. Estas instituciones educativas ahora tendrán que demostrar todo lo que el nuevo gobierno les diga que deben demostrar a la vista de sus electores, como condición para recibir recursos en 2019.

A finales del año pasado, la SHCP destinó 500 mdp a la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo; 408 mdp a la de Morelos; 380 a la de Tabasco; 304 mdp a la de Sinaloa; 250 a la del Estado de México; 250 a la de Zacatecas; 166 a la de Nayarit y 51 a la de Oaxaca. La de Chiapas estaba en la lista de universidades a rescatar, pero a última hora recibió dinero del gobierno del estado y no recibió recursos de la SHCP.

En este mismo ambiente de presiones políticas, los rectores de las universidades en crisis aceptaron no ganar más de 105 mil pesos mensuales pero, como reconoció el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Juan Eulogio Guerra Liera, esta práctica de austeridad republicana solo podrá mostrar que el dinero se usa bien pero no va a “solucionar el problema de falta de recursos de las instituciones de educación superior”.

 Autonomía y rendición de cuentas

En el proyecto legislativo para eliminar la reforma educativa impulsada por Peña Nieto, el actual Ejecutivo federal no incluyó cambios en la fracción VII del Artículo 3o Constitucional, que da sustento a la autonomía de la universidades y cuyo texto dice: “(...) Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio.

“Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo –continúa– se normarán por el apartado A del Artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere; (…)”.

Cuando los diputados de oposición reclamaron esa errata, el presidente dijo en su conferencia matutina del 13 de diciembre, que se había cometido un error y que sería reparado. Otro fallo de asignación de recursos para las universidades públicas se cometió en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, pues se recortaron cinco mil millones de pesos. Tras reconocer su falla, el Gobierno Federal reasignó estos recursos a las universidades; fue cuando impuso el acuerdo de “reestructuración institucional”, que violenta la autonomía universitaria.

El doctor Dante Torres Ríos, coautor del estudio De la privatización a la mercantilización de la educación superior, publicado en 2016 por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo a buzos que ante las medidas aplicadas por el gobierno de AMLO en torno a las universidades públicas estatales, se abrirá “la necesidad de una reingeniería sobre la autonomía” y destacó la urgencia de que “se cuiden los criterios en la aplicación de las medidas en aras de la transparencia, porque a la vista parece haber riesgos. Habrá que esperar y observar si el objetivo es específicamente la transparencia”.

El experto sugiere que, en un caso extremo e indeseable, el hostigamiento que realiza con respecto a la exigencia de transparentar los recursos públicos de las universidades podría devenir en un uso político faccioso en la asignación de presupuestos, para así incidir en la vida interna de las instituciones de educación superior. Recordó que un hecho similar fue, precisamente, el problema que dio origen a la lucha por la autonomía de la Universidad Nacional en 1929, movimiento que posteriormente vertió en la primera Ley Orgánica expedida en 1945, con la que la máxima casa de estudios se convirtió en la UNAM.

Inequitativa asignación de recursos

El exrector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Alfredo Femat Bañuelos, dijo a buzos que los recursos emergentes obtenidos por las universidades para cerrar diciembre de 2018 “les resolvió el problema para terminar el año, pero no el de fondo, que es la inequidad del otorgamiento del subsidio federal y estatal”.

Explicó que este problema tiene 25 años y que las autoridades federales se han rehusado a discutir con las universidades cómo distribuir equitativamente los recursos del Estado. Esto es necesario porque lo ha venido haciendo de manera discrecional, apuntó, sin sentido de equidad y sin un esquema definido.

“La Universidad de Tamaulipas recibe 106 mil pesos por estudiante; la de Zacatecas, 55 mil y la de Guerrero, 38 mil, para darnos una idea de la inequidad”, precisó, para luego resaltar que a las universidades de los estados más pobres y con posicionamientos críticos, como las de Guerrero y Oaxaca, se les asignan presupuestos notablemente menores, sin que la SHCP dé explicación técnica de este desigual tratamiento.  

“Las disparidades en el subsidio federal son enormes y también las aportaciones de los gobiernos estatales. Mientras gobiernos como el de Veracruz le otorgan peso por peso a la universidad, en promedio la entrega de recursos a las universidades estatales es cercano al 33 por ciento; pero en el caso de Zacatecas se aproxima al 12 por ciento de aportación estatal. El gobierno estatal que menos aporta es el de San Luis Potosí, con 11 por ciento. Éstos son problemas recurrentes desde hace 25 años”, dijo el actual diputado federal del Partido del Trabajo (PT) y secretario de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

“Lo que se quiere es que el nuevo gobierno conozca las verdaderas causas del desfinanciamiento; que no son problemas de malas administraciones. No es que se estén robando el dinero, sino que tienen un subsidio insuficiente”, anotó Femat, al señalar que las universidades, como la UAZ, no tienen temor de ser auditadas “porque el problema no es de una mala administración, sino que con un presupuesto de tres pesos están soportando una operación de 10. La pregunta es ¿cómo le hacen?”, señaló el exrector de la UAZ.

Para justificar el nulo incremento del presupuesto universitario, AMLO citó el reportaje La Estafa Maestra, en el que se asegura que funcionarios de alto nivel en la administración pasada desviaron dinero a través de las universidades públicas estatales. El estimado del desvío fue calculado en siete mil 600 mdp. La Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación que hasta la fecha está congelada.

La crisis alcanzó su mayor nivel hacia finales de 2018, cuando nueve universidades estatales –entre ellas las de Morelos, Oaxaca y Michoacán– no contaron con dinero para pagar las últimas quincenas del año ni los aguinaldos de sus trabajadores. La anterior administración no dejó dinero para eso.

En septiembre, ya como presidente electo, AMLO no se ocupó del tema e incluso anunció la construcción de 100 nuevas universidades en zonas pobres del país. A fin de respaldar este compromiso en el Congreso de la Unión, su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aprobó mil millones de pesos en el PEF 2019.

El dos de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, durante el 50 aniversario del movimiento estudiantil del 68, AMLO refrendó su proyecto de las nuevas universidades y la distribución de becas de dos mil 400 pesos mensuales para estudiantes de preparatoria, y tres mil 600 pesos para jóvenes que no estudian ni trabajan (ninis), monto 600 pesos mayor al ingreso promedio mensual de un obrero no calificado.

Respondiendo a las críticas públicas y a los pronunciamientos de los rectores de las universidades en crisis, el cuatro de octubre, AMLO aseguró en Morelos que apoyaría a las actuales universidades públicas, en especial a las que se hallaban en crisis financiera grave, aunque no dejó de etiquetarlas como instituciones corruptas que deberían demostrar que no se están robando el dinero.

Cuando el 15 de diciembre se presentó el proyecto de PEF 2019 se reveló una disminución de cinco mil millones de pesos a las partidas anuales ordinarias para las universidades públicas: el equivalente al seis por ciento en el caso la UNAM; de poco más del siete en el de la UAM y del cien en el de las universidades estatales, incluidas las nueve a punto de la quiebra.

Por este hecho, miles de estudiantes anunciaron en las redes sociales que harían manifestaciones en las calles en defensa de sus instituciones, lo cual originó que el propio mandatario se disculpara al día siguiente y asegurara que se trataba de un error que sería enmendado. Las recriminaciones estudiantiles al Gobierno Federal dieron pie a la rectificación del presupuesto de las universidades, entre ellas la UNAM.

Pero no sucedió así con todas las instituciones públicas. Los nueve rectores de las universidades estatales en crisis fueron sentados a la mesa de negociaciones ante funcionarios de Hacienda y Educación, ahí se les conminó a firmar un convenio de reestructuración interna como condición para que Hacienda liberara dinero y pudieran pagar los salarios y prestaciones correpondientes a diciembre. Nada se dijo de lo que vendría para 2019.

Ataque a los pensionados universitarios

 El ocho de enero, en una reunión con los rectores de las universidades de Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Morelos, Estado de México, Michoacán, Oaxaca y Tabasco, el subsecretario de Educación Superior del Gobierno Federal, Luciano Concheiro Bórquez, advirtió que el apoyo emergente se daría por única ocasión en diciembre y no habría más rescates financieros, por lo que las instituciones tendrán todo el año 2019 para ajustarse al presupuesto ordinario que se les otorgó y al cumplimiento del  convenio que firmaron; concretamente a su compromiso de divulgar su matrícula, sus gastos por cada alumno, docente, trabajador y sus planes institucionales.

Las universidades también tendrán que hacer públicos sus sistemas de pensiones, porque de éstos derivan los pasivos que más merman sus presupuestos. Consultado por buzos, el ingeniero Enrique Levet Gorozpe, dirigente de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), dijo que los sindicatos universitarios mantendrán su rechazo a su incorporación al sistema de las Afores, aunque indicó que están dispuestos a revisar las bases con que se determinan las pensiones, como es el caso de “antigüedad en el servicio, la edad de jubilación y otras variables que permitan dar viabilidad financiera a las pensiones”.

¿Y si se les exige la transferencia de sus pensiones a las Afores?, preguntó buzos al ingeniero Levet:

“No lo hemos aceptado hasta el momento, eso queda fuera de la discusión y las autoridades así lo han entendido. Nosotros hemos dicho que se puede resolver el problema de inviabilidad a través de reformas de carácter paramétrico, así se les conoce a esas reformas (modificar las variables, como edad de jubilación, y años de antigüedad, entre otros valores)”.

Pero “los derechos adquiridos por los trabajadores al interior de las universidades tendrán que respetarse –continuó– porque entran en el contexto del Artículo 123 Constitucional (sobre el trabajo) y ninguna prestación laboral es renunciable ni puede prescribirse. Estas prestaciones tendrán que ser, en todo caso, negociadas como se hace con todos los sindicatos de cualquier institución, no nada más de las universidades. Esto se ha pactado y este pacto está avalado, fortalecido, garantizado por la Ley Federal del Trabajo. Entonces esto no puede ser disminuido porque son conquistas históricamente ganadas. Pero podemos dialogar con las autoridades, como lo hemos venido haciendo, específicamente sobre los sistemas de pensiones que están pactados en las universidades públicas, en que se garantizan y se dan seguridades al trabajador, de que va a recibir una pensión digna al final de su vida laborable”, dijo el dirigente de la Contu.

El subsecretario Concheiro aceptó que el paquete de rescate de ocho universidades no resolvería el problema financiero de éstas, pero afirmó que constituía el inicio de una profunda reestructuración de las instituciones educativas.

Luego de las reuniones de diciembre entre funcionarios públicos y rectores integrantes de ANUIES, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, nueva directora general de Educación Superior Universitaria (DGESU) de la SEP, presentó el ocho de enero la plataforma sep.entransparencia.mx, que exhibe un mapa de las nueve universidades públicas estatales que recibieron el presupuesto adicional para cerrar financieramente 2018.

Los rectores de esas universidades les respondieron a Concheiro e insistieron en que, más que corruptelas, sus problemas financieros fueron ocasionados por el desbalance entre el crecimiento de la matrícula estudiantil y el financiamiento recibido de los gobiernos Federal y estatal en el pasado cuarto de siglo.

En una reunión celebrada el 19 de diciembre con diputados federales de la Comisión de Hacienda, Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, negó el mote de universidad corrupta y aseguró: “No se ha tomado en cuenta el esfuerzo que hemos hecho las universidades”.