México es un país con gran diversidad lingüística: 68 agrupaciones lingüísticas, cada una de ellas con cantidades distintas de variaciones. La supervivencia de esta riqueza cultural no es sencilla, pues al ser el español el idioma oficial de los Estados Unidos Mexicanos, la interacción escolar e institucional se da predominantemente en este idioma, dejando espacios reducidos (el familiar, por ejemplo) para las lenguas originarias. Pero la consideración anterior es sólo una cara de un entramado social complejo que, por supuesto, no puede entenderse si se obvian las prácticas de sumisión y conquista cultural que sufrieron los pueblos originarios de toda América a manos de las potencias europeas del Siglo XVI.

Los movimientos de independencia de las distintas colonias tuvieron como principio la reivindicación de las libertades perdidas por los pueblos originarios, pero no siempre lograron satisfacer las necesidades de estas poblaciones, por lo que mucho tiempo después, todavía son necesarios esfuerzos encaminados a emparejar el piso de las comunidades indígenas.

La riqueza cultural que el Estado mexicano debe preservar es amplia, pero las acciones institucionales para satisfacer las necesidades de estas poblaciones no siempre han estado a la orden del día. Algo se ha hecho, por ejemplo, en 2005 se fundó el Instituto Nacional para las Lenguas Indígenas (INALI) que tiene como objetivos: 1) promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional; 2) promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo del conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la Nación; y 3) asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia. El INALI ha contribuido, por ejemplo, al conocimiento preciso de las lenguas indígenas en México, las personas que las hablan y en cuáles zonas del país se encuentran; también ha construido mecanismos institucionales para entablar comunicación entre personas que no hablan español y personas certificadas como traductoras de sus lenguas, quienes funcionarían como apoyo en los distintos trámites que la persona que no habla español quiera realizar. Este tipo de acciones son importantes porque ayudan a que los habitantes de los pueblos indígenas y marginados accedan a programas especializados según sus necesidades culturales, pero también a integrar a estas poblaciones a la vida política del país para que sus voces sean escuchadas a través de diversos mecanismos.

Sin embargo, la continuidad del INALI (y de otros organismos autónomos) peligra. Aunque la “Cuarta Transformación” se ha presentado como defensora y promotora de los derechos de los pueblos indígenas, como un movimiento que recupera, reconoce y valora las tradiciones ancestrales de los pueblos mexicanos, sus acciones políticas distan de sostener este discurso. Dentro de los recortes que AMLO planea dejar zanjados al término de su sexenio, se encuentra uno en el que el INALI pierde su autonomía (y los recursos económicos específicos para la promoción, recuperación, revaloración y cuidado de las lenguas indígenas) para pasar a formar parte del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI). Varios activistas han denunciado que la asimilación del INALI por el INPI se traduciría en una mayor burocratización de los programas, así como en una violación a los derechos lingüísticos de las comunidades indígenas, quienes perderían así las reivindicaciones culturales obtenidas a lo largo de las luchas y los años.

Difícilmente el gobierno de AMLO reconsiderará la eliminación del INALI y de otros organismos autónomos; sin embargo, es necesario que la población civil no quite la vista a estas decisiones, pues, aunque algunas afectan directamente a grupos sociales específicos, todos nos vemos afectados por el ejercicio de una política hecha según el principio unipersonal.