Se manifestaron enormes multitudes en defensa de las instituciones democráticas del país, en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y las leyes que le dieron origen y que lo mantienen trabajando de manera eficiente. En contra de la aprobación del llamado “Plan B” que ha urdido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la concentración en el Zócalo de la Ciudad de México fue impresionante, pero, también, la gente salió a la calle masivamente en 100 ciudades del país y unas 10 del extranjero. Es imposible ignorar o minimizar la importancia y el impacto positivo de estos acontecimientos sociales, pero, como ya se sabe, las expresiones descalificadores e insultantes para los mexicanos que decidieron pronunciarse pública y pacíficamente no se hicieron esperar por parte de quienes gozan de puestos públicos otorgados por el régimen de la llamada “Cuarta Transformación”.

Echando mano del aparato y el dinero del Estado que debe representar y defender a todos sin distingos de ninguna especie, precisamente quienes gritan por todos lados que su razón de ser y existir es el combate a la corrupción, los manifestantes fueron criminalizados y satanizados, incluso desde antes de que marcharan, por el propio Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien recorre el país sin ocultar que hace campaña para ganar la Presidencia de la República. El funcionario se refirió a los “trasnochados” que no quieren que se hable de la culpabilidad de Genaro García Luna y de la responsabilidad de Felipe Calderón y sus ligas con el crimen organizado “pues ya se inventaron una marcha dizque para defender al INE… Pues si el INE ahí está, mejor que vayan a marchar y que digan que van a defender a García Luna y que lo hagan así, abiertamente”, dijo el señor durante la conferencia Reforma Electoral y Gobernabilidad en Cajeme, Sonora (El Universal, 26 de febrero).

Las leyes que todavía nos gobiernan, ordenan acusar, juzgar y sentenciar por la comisión de delitos –muy bien definidos– a individuos. En este país no se juzga ni se castiga –todavía– por ser judío o por ser indio o por ser antorchista. Cualquier delito que presuntamente cometiera algún miembro de éstas u otras comunidades similares, debe ser juzgado de manera individual. Nuestras leyes tampoco permiten –hasta ahora– que a ningún sospechoso de ningún delito se le trate como delincuente antes de ser juzgado y sentenciado por autoridad competente, eso explica que siempre que se informa en un medio de comunicación de alguna persona a la que no se ha juzgado ni sentenciado, sino que está (o va a estar) sujeto a proceso, se le cubra el rostro, se omita su apellido y se escriba una letra “N” y se evite decir que es ladrón, violador u homicida y se tenga cuidado de añadir en efecto que “está sujeto a proceso como presunto responsable”.

Ésos son algunos de los derechos conquistados en luchas sangrientas por los mexicanos y que forman parte de nuestra vida democrática. Me ocupo en esta ocasión de ellos porque, como miembro de un colectivo de mexicanos que se denomina Movimiento Antorchista Nacional, junto con todos mis compañeros que nos hemos organizado al amparo del Artículo 9º Constitucional, hemos sido pública, constante y arteramente, señalados como autores demostrados de la comisión de delitos de manera colectiva, tal como alguna vez se habló durante el fascismo de los judíos y de los gitanos.

El ataque lo inició el entonces Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el 21 de septiembre de 2018 en Mexicali, Baja California: “todo el apoyo social para el bienestar de nuestro pueblo va a ser personalizado, nada de que soy de la organización Francisco Villa, Emiliano Zapata, la antorcha no sé de qué y que me tienes que entregar a mí como dirigente y yo lo voy a repartir, eso ya se acabó, son ciudadanos libres” y continuó al día siguiente, el 22 de septiembre en Guaymas, Sonora: “se va a entregar el apoyo de manera directa, sin intermediarios, cada familia, cada madre de familia va a recibir el apoyo de beca para los hijos con una tarjeta, así van a recibir todos los apoyos, de manera directa, personalizada, no con intermediarios, no es de que me vas a dar a mí el dinero que yo soy de la organización Plutarco Elías Calles o Emiliano Zapata o la antorcha mundial y yo le voy a entregar el dinero a la gente; no, eso se terminó, ya no vamos a requerir de intermediarios, ya está demostrado que cuando hay intermediarios no llega la ayuda o llega con moche, ya se va a terminar este asunto”. La acometida desde el más alto nivel del poder público abarcaría más de 200 imputaciones y duraría varios años.

A todos los mexicanos del Movimiento Antorchista, además de que el propio Presidente de la República se burló del nombre de su organización, no solo se les señaló públicamente como delincuentes (“ya está demostrado que cuando hay intermediarios no llega la ayuda o llega con moche”; ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo lo demostró con respecto a los antorchistas?), se les condenó al odio público y, por tanto, al inminente peligro a su integridad física y hasta a la pérdida de su vida. En esta agresión a mexicanos organizados en pleno uso de sus facultades legales, nunca se presentó ninguna prueba. “La calumnia, cuando no mancha, tizna”, gusta decir el Presidente.

“En el complejo y abrumante mundo de la información en medios escritos, multimedia y digitales, las noticias falsas (fake news) suenan muy novedosas, por eso se comparten; se distribuyen seis veces más rápido y son 70 por ciento más retuiteadas que la verdad. Frente a ellas se debe actuar con escepticismo, sostuvo la investigadora turca Serap Kurbanoglu” (La Jornada, 27 de febrero). ¿Y qué defensa legal tienen los agredidos? ¿Quién o qué leyes protegen sus derechos a organizarse de manera lícita y a ser juzgados y sentenciados individualmente en caso de cometer delitos? ¿Qué ley y quién castiga a los agresores? Ninguna ni nadie en nuestra vida democrática. No hay defensa eficaz del derecho fundamental y humano de organizarse conforme a la ley para defender pacíficamente derechos, para presentar peticiones y quejas ante la autoridad.

Los agredidos tienen que buscar la forma de dirigirse a todos aquellos que se han enterado de las calumnias y las acusaciones no demostradas, al pueblo de México entero, para dar a conocer su verdad, con sus magros recursos publicitarios que, nunca, ni en sueños, se equiparan con los recursos propagandísticos y económicos de los que disponen quienes conculcan desde el poder público sus derechos. Ésas son deficiencias de nuestro sistema de derecho, son graves carencias de nuestra vida democrática. Reconozcámoslo. Se permite la organización lícita, pero no hay ninguna arma jurídica para defenderla eficazmente cuando se le embiste arteramente desde el poder público. Ahora somos nosotros, mañana, quién sabe.

Termino declarando sin ambages que, no obstante, las carencias que todavía tiene nuestra democracia, como se demuestra por la impunidad para denostar y calumniar a las organizaciones sociales que son parte sustancial de nuestras libertades democráticas, las leyes electorales y los organismos a los que sustentan, nos han permitido tener en los últimos años elecciones pacíficas y sin grandes confrontaciones. Estamos muy de acuerdo con la defensa de la democracia actual, con la defensa del INE, todos los mexicanos en lucha cuentan con nuestro modesto apoyo. Pero no nos conformamos, estamos plenamente convencidos también de que el pueblo mexicano necesita más, mucho más democracia que contribuya poderosamente a que conquiste la vida mejor que merece y que tanto necesita.