La falta de controles, decisiones discrecionales y el crecimiento acelerado del gasto amenazan el derecho a una jubilación digna de los trabajadores de base en el estado.
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La precariedad urbana representa un factor que eleva el riesgo de trastornos mentales como la ansiedad y la depresión, los cuales se intensifican por la violencia y la exclusión, ya que la estructura del entorno urbano influye de forma directa en el estado emocional de las personas, aseguró la doctora María Elena Medina-Mora, especialista en esta materia.
Entre los factores que contribuyen a la presencia de trastornos mentales se encuentra el desempleo. La falta de oportunidades laborales genera estrés y afecta la estabilidad emocional; además, la ausencia de escolaridad en sectores de la población también provoca baja autoestima y reduce las posibilidades de desarrollo.
Agregó que la concentración de población migrante crea entornos difíciles, pues la adaptación al nuevo contexto afecta el equilibrio mental. Aunado a la inseguridad, factor que genera miedo constante entre los habitantes.
Asimismo, indicó que la violencia interpersonal, organizada o sexual daña de manera profunda la salud mental de quienes la enfrentan.
En México, casi el 29 por ciento de los adultos ha enfrentado al menos un trastorno mental en algún momento de su vida. En América Latina, el 34 por ciento de la población presenta alguna forma de trastorno mental.
Expertos en el tema coinciden en la necesidad de transformar el modelo de atención a la salud mental. Proponen incluir la prevención, el acompañamiento comunitario y una planificación urbana centrada en las personas.
Las ciudades deben priorizar espacios seguros, dignos y accesibles para toda la población; ya que el acceso a áreas verdes contribuye a reducir el estrés y mejora el ánimo. Una percepción de seguridad también fortalece la estabilidad mental de los habitantes, aseguraron.
Cabe destacar que, según los especialistas, el 80 por ciento de las personas encargadas del cuidado de pacientes con enfermedades mentales son mujeres en situación de pobreza, quienes no reciben apoyo institucional ni reconocimiento por su labor.
La falta de controles, decisiones discrecionales y el crecimiento acelerado del gasto amenazan el derecho a una jubilación digna de los trabajadores de base en el estado.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera