Seguramente, usted como yo, al salir a la calle por estos días se ha encontrado anuncios espectaculares, mantas, pintas y propaganda en múltiples lugares y en el transporte público, con la imagen del presidente López Obrador y mensajes en color guinda morena que dicen: “Vamos a Votar” y “Que siga AMLO”. Tal campaña, que nadie sabe con qué dinero se paga, forma parte de las acciones que el Partido Morena, disfrazado de asociación civil, ha impulsado para promover el voto en favor del primer mandatario este 10 de abril, en el proceso de consulta sobre revocación de mandato.

La revocación de mandato es usada en algunos países para que, de manera pacífica y a través de un proceso regulado en la ley, se decida por el voto de los ciudadanos, si se remueve de sus funciones anticipadamente a algún funcionario público por mal desempeño. En México, su realización, más que tener la intensión de valorar el trabajo que ha realizado el ejecutivo, obedece a un capricho presidencial más, en el que se gastarán 1,692 millones de pesos del dinero de nuestros impuestos (que no sobran y se pudieran invertir para palear alguna de tantas necesidades que hay en el país). Y todo para concluir que el presidente debe terminar su sexenio. 

La realización de este proceso (otro capítulo de la eterna campaña de López Obrador) ha sido el motivo más reciente de los ataques y amenazas del presidente contra el Instituto Nacional Electoral, encargado de organizarlo: primero, porque el INE reclamó la falta de recursos públicos, que dificultaban su realización, pues como recordarán, los diputados morenistas no asignaron al INE recursos para ello, a sabiendas de que se requerían; y después, por las sanciones que el INE ha impuesto tanto al presidente como a otros funcionarios morenistas, incluidos los Senadores y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, por no respetar la prohibición legal de hacer propaganda en favor del presidente en estos días, y que los morenistas calificaron como censura por parte del INE.

Ante esto debemos recordar que, con la aplanadora morenista en el Congreso, se aprobaron la reforma constitucional y la ley que regulan el proceso de revocación de mandato. Los morenistas estuvieron de acuerdo en establecer en el artículo 35 constitucional que, desde que se convoque al proceso de consulta hasta el día que se realice (en esta ocasión, desde el 4 de febrero al 10 de abril) está prohibido difundir propaganda gubernamental, esto es, que resalte actividades gubernamentales, operación de programas sociales y obra pública, lo cual implica que todos los funcionarios deben abstenerse de realizar o emitir comentarios, opiniones o señalamientos relacionados con logros y actividades de gobierno, que puedan considerarse propaganda prohibida, en cualquier formato o vía oficial.

Ahora resulta que quienes aprobaron la ley que establece las reglas para realizar el proceso de revocación de mandato, se enojan con el INE por pedirles atentamente que respeten la ley que ellos mismos diseñaron y aprobaron. No hay razón para estos enojos y acusaciones contra el INE pues, señores morenistas ¡ustedes lo prohibieron!

No nos equivoquemos: es de esperarse que, de tal proceso nada bueno se saque para el país. Mientras el presidente sigue empeñado en demostrar su popularidad y satisfacer su ego, el país está sumido en la pobreza, la ignorancia, el desempleo y la violencia desenfrenada, sin que este gobierno haga algo para remediarlo. Debemos tomar conciencia y actuar ante ello, pues tal situación no es buena para nadie, incluidos los simpatizantes del presidente pues, todos estamos en el mismo barco, aunque no lo vean.