En junio de 2020, el Presidente dio a conocer su objetivo de suprimir los organismos autónomos y traspasar sus funciones a las Secretarías de Gobierno bajo su mando directo; pero la embestida contra los organismos constitucionales había comenzado antes, por ejemplo en julio de 2019, con la destitución del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, designando en su lugar a la militante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Rosario Piedra Ibarra; de las personas más cercanas a López Obrador. De este modo, ese organismo constitucional autónomo cayó bajo el control oficial. También ha destituido a titulares de otros organismos autónomos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En el futuro inmediato, seguramente se aplicarán otras vías de control gubernamental sobre organismos autónomos, como el traslado de funciones hacia las Secretarías de Estado o, como se propone con el Instituto Nacional Electoral (INE), por un organismo “popularmente” electo entre candidatos propuestos a partes iguales por los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La autonomía de estos organismos, cuya independencia del Estado era indispensable para la protección del interés mayoritario, fue una gran conquista democrática de los mexicanos, pero siempre ha sido un estorbo para los gobiernos autoritarios, entre los que destaca sobradamente el actual, que ha desatado una escalada de ataques contra ellos. Ya se apoderó de la CNDH, del Inegi y el Coneval; el siguiente blanco es el INE, paso importante en su afán de perpetuar a su partido en el poder.
El resultado del cambio en la CNDH no se hizo esperar; hace unos días, la nueva titular emitió una recomendación en la que propone la transformación del INE, pronunciamiento que de inmediato recibió el rechazo de los siete miembros del Consejo Consultivo de la CNDH. La militancia partidista de Piedra Ibarra, su cercanía e identificación con las posiciones del Presidente, y por lo tanto del poder, han demostrado que actúa contra los principios esenciales de este organismo, creado para evitar los abusos del Estado contra los ciudadanos.
Elementos y representantes de todos los partidos de oposición denuncian la falta de presencia de la CNDH ante graves acontecimientos del país como los feminicidios, el asesinato de periodistas, las agresiones homofóbicas y algunos en los que se atribuye responsabilidad al gobierno, como la militarización del país y el abuso de la prisión preventiva oficiosa. Si para muestra basta un botón, ¿qué le espera a la población mexicana cuando los demás organismos autónomos caigan, como la CNDH, bajo el dominio del Gobierno Federal?
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