En @IglesiaMexico, la cuenta oficial de Twitter de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el pasado 31 de octubre se publicó este mensaje: “Ningún ciudadano, y menos los gobernantes que juraron guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las Instituciones que son el soporte del Estado Mexicano, como es el caso del INE y TEPJF”. Con esta declaración clara y precisa, los obispos católicos del país marcaron su posición frente a la reforma electoral que promueven el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su gobierno.

El comunicado, con número 157/22, comienza con un reconocimiento a la labor que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han realizado en favor de la vida democrática del país. “Se trata de una institución ciudadana que ha madurado gracias a su autonomía de los poderes políticos y, en estrecha relación con la ciudadana y la pluralidad de los partidos políticos, ha permitido durante los últimos 25 años la realización de procesos electorales (generales y locales) justos, equitativos, abiertos, transparentes y confiables, de forma legal y pacífica, para la renovación de los cargos de elección popular”.

Cualquier ciudadano medianamente informado estará de acuerdo con estas declaraciones de la Iglesia católica; más cuando sabe que políticos de todos los partidos han ocupado cargos de representación popular gracias al trabajo del INE.

¿Por qué entonces los mexicanos tendríamos que permitir que AMLO, su gobierno y su partido sigan atacando al INE y ahora quieran eliminarlo? El INE y el TEPJF son el resultado de la lucha y compromiso de miles de mexicanos de la sociedad civil, y de todos los signos partidistas, quienes lograron abrir caminos para la democracia real en México. El INE acaba de cumplir 32 años de vida y lo debemos defender por la sencilla razón de que es de todos y, por tanto, a nosotros nos corresponde calificar su desempeño y decidir su futuro.

Desde que AMLO a la Presidencia ha tenido clara la idea de que el INE es “un estorbo” para perpetuarse en el poder; así se explica la campaña de desprestigio que ha lanzado contra esta institución y sus integrantes desde sus conferencias y redes sociales; por ello se empeña en tomar el control absoluto del INE o suprimirlo. Pero el INE se le resiste, a diferencia de otros organismos que se le entregaron desde el principio, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), La Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Instituto Mexicano de la Radio (IMR) y la agencia Noticias del Estado Mexicano (Notimex).

Los primeros ataques contra el INE usaron el trillado argumento de que los salarios de los consejeros electores eran estratosféricos y una forma de corrupción. Ese discurso cobró fuerza cuando nombró a cuatro nuevos miembros del INE para reemplazar a quienes habían terminado su periodo. Una segunda campaña, aún más agresiva, fue cuando el Consejo General del INE decidió hacer efectiva la disposición legal que prohibe a los funcionarios del gobierno hacer proselitismo con dinero público o publicitar obras públicas del gobierno como logros de partido. Este embate político subió de tono hasta que AMLO acusó al INE de ser “enemigo de su gobierno, de atentar contra su derecho a la libre expresión y manifestación de sus ideas”.

La reforma constitucional en materia electoral propuesta por AMLO es regresiva y atenta contra la democracia al inclinar la balanza en favor del Gobierno Federal en las elecciones en puerta. Propone la creación de un “Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC)” que sustituiría al INE; los consejeros electorales disminuirían de 11 a siete y serían propuestos por las Cámaras de Diputados y Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el titular del Ejecutivo Federal; se eliminarían 200 diputados y 32 senadores de representación proporcional; se reduciría el financiamiento de los partidos políticos y se redefiniría el concepto de “propaganda” para que el gobierno se pronuncie durante las elecciones. Es decir, una reforma electoral a modo y capricho del señor Presidente.

Todo está pensado para favorecer a AMLO y a los dirigentes morenistas quienes, a decir de politólogos y analistas serios, se han enfermado tanto con el poder que incluso el mismo Presidente ya no debería estar gobernando. Todos los mexicanos debemos evitar que se pongan en peligro la estabilidad y la gobernabilidad del país; las consecuencias serían fatales para todos. Por el momento, querido lector, es todo.