La reciente captura de El Mencho volvió a activar el ritual que ya conocemos: euforia oficial, trends en redes sociales y la promesa de que ahora sí se está combatiendo frontalmente al narcotráfico.
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En los últimos años, la lucha de las mujeres mexicanas por el respeto a sus derechos, contra la violencia de género, la discriminación machista existente desde hace siglos en esta sociedad y por la igualdad en todos los aspectos de la vida social, ha obtenido logros importantes, dignos de tenerse en cuenta al hablar de su movimiento, sus organizaciones, su participación en la política en general y de los obstáculos que sus demandas encontraron desde el principio y que a la fecha persisten, como todas las lacras de los regímenes sociales clasistas.
En México, la participación política de las mujeres, de las organizaciones feministas, se intensificó en los últimos sexenios, incluido el que está en vísperas de llegar a su término, y es una forma de la lucha de clases. En el fondo de la violencia en su contra, de la discriminación por su género, está el machismo característico del Estado burgués, con todas las instituciones que lo constituyen; y detrás del machismo se encuentra escondida, disimulada, generalmente imperceptible, la explotación clasista, que en el capitalismo se ensaña con algunos grupos y sectores de la población como el de las mujeres y los niños, igualmente explotados que los hombres adultos, pero muy desigualmente remunerados, aprovechándose de su condición desprotegida y de nefastas tradiciones que perviven en una sociedad inconsciente, sumida en la ignorancia, la incultura y el desconocimiento de sus derechos elementales o de los avances legales que, plasmados en los códigos, se vuelven letra muerta porque los gobernantes y patrones se encargan de ocultarlos.
Como toda lucha por sus derechos, la de las mujeres organizadas merece respeto, debe ser escuchada con atención por los gobernantes en turno y ser favorecida; esto no ocurre en México, porque aunque se han tenido avances, faltan aspectos importantes del problema que no han sido resueltos y son ignorados; en lugar de privilegiar el diálogo, las organizaciones feministas han sido objeto de mofa y de calumnia; calificarlas de conservadoras o de ser instrumentos del neoliberalismo definitivamente es cometer violencia contra ellas desde el poder.
buzos se refirió en 2022 a las demandas del movimiento feminista con motivo de su movilización por el Día Internacional de la Mujer; y criticó el trato discriminatorio y violento que el gobierno de la “Cuarta Transformación” les dispensó entonces; como si fueran un grupo delictivo o terrorista contra el que había que blindar las oficinas de gobierno en vez de procurar protección a un sector que constituye el 50 por ciento de los mexicanos; las autoridades no tomaron las medidas necesarias para impedir que en su manifestación se infiltraran provocadores cuyo objetivo era desvirtuar el contenido de sus demandas. Afortunadamente, esta política no ha logrado que la sociedad condene a las mujeres en lucha ni que éstas renuncien a su decisión de transformar una realidad que las oprime.
A unos cuantos días de celebrarse nuevamente el Día Internacional de la Mujer, numerosos colectivos feministas se preparan ya para movilizarse, exigir que se respeten sus derechos y su vida y denunciar que con este gobierno ocurre exactamente lo mismo que con los anteriores, que la desigualdad social y la violencia de género siguen vigentes, que no es prioridad del gobierno la atención a estos problemas y que es indispensable mantenerse en pie de lucha hasta conseguir nuevos avances.
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El ingreso mensual de un legislador equivale a casi 14 meses de salario mínimo.
Prevén que el documento sea enviado hoy por la tarde tras una revisión.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
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La Corte rechazó revisar el amparo y ordenó el pago de impuestos.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
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Escrito por Redacción