México necesita un partido del pueblo que busque cambiar la propiedad privada de los medios de producción y la injusta producción de la sociedad capitalista.
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Sin uniforme ni teléfono para registrar y trasmitir datos, así es como recorren el país capacitadores electorales debido a que las empresas a las que se adjudicaron los contratos como proveedores de dichos insumos le incumplieron al Instituto Nacional Electoral (INE).
El INE informó que, por primera vez, en por lo menos cuatro procesos electorales federales, no entregó la indumentaria de trabajo ni teléfono a siete mil 123 Supervisores Electorales y 42 mil 657 Capacitadores Asistentes Electorales, ya que hubo fallas en las licitaciones emitidas.
Los procesos de licitación estuvieron a cargo de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC) y la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA). En particular, por dos funcionarias de toda la confianza de la consejera presidenta Guadalupe Taddei: la directora de Difusión y Campañas Institucionales, Sandra Olivia Barraza León, y la ex titular de la DEA, Claudia Suárez, quien recientemente fue promovida por Taddei al cargo de secretaria ejecutiva del INE.
Fue en diciembre de 2023, cuando el INE emitió la licitación pública LP-INE-075/2023 para la prestación de “servicios integrales de voz y datos móviles para la comunicación y transferencia de información durante el desarrollo de las actividades de campo en materia de capacitación y asistencia electoral, así como del Programa de Resultados Electorales Preliminares inherentes al Proceso Electoral 2023-2024”.
El contrato fue adjudicado a la empresa Element Telecom SA de CV, que por un monto de 171.6 millones de pesos pondría a disposición del INE más de 50 mil dispositivos, un módulo de administración, tarjetas SIM y soporte técnico del 22 de enero al 8 de junio de 2024; pero, ante el incumplimiento de los equipos, el contrato le fue rescindido y otorgado a la segunda empresa competidora Dipsa (Telcel), misma que asumió el compromiso de “prestar los servicios de voz y datos para el trabajo de los Supervisores y Capacitadores Electorales y la operación del PREP a marchas forzadas”.
Con respecto a los uniformes, fue en diciembre de 2023 cuando el INE falló la licitación pública nacional LP-INE-074/2023, por concepto de “Adquisición y distribución de prendas de identificación para las y los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales que participarán en el Proceso Electoral Federal 2023-2024”, a través del cual se identificaría al personal del INE que visita a casi 13 millones de ciudadanos que resultaron insaculados en este 2024.
Las empresas ganadoras fueron: Bell-Krom SA de CV, con una oferta económica de 18 millones 90 mil pesos para 25 mil 302 chamarras; GCS Imagen Empresarial, con 8 millones 785 mil pesos para 27 mil 713 mochilas, e IQ Orgullo de Pertenencia SA de CV, con una oferta de 4 millones 640 mil pesos para producir 27 mil 297 gorras.
De acuerdo con la DECEyEC, se tenían alrededor de 30 mil chamarras, 28 mil mochilas y 29 mil gorras, que ya fueron entregadas a la mitad del personal comenzó a recorrer el país “sin embargo, la empresa Bell-Krom no terminó de entregar sus 25 mil chamarras a tiempo, por lo que más de la mitad de los CAEs que salieron a campo se identifican sólo con camisetas estampadas con logotipos del INE”.
Cuestionada sobre esta situación, la consejera presidenta Guadalupe Taddei reconoció que no se cuenta con los insumos en el tiempo que estaba previsto, y dijo que se está trabajando con las 32 Juntas Locales para que todos los CAEs tengan al menos un elemento de identificación para hacer sus recorridos con seguridad.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.