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No hay adulto que ignore –aunque no tenga recursos para asistir con frecuencia al médico– que un buen diagnóstico es decisivo para tener posibilidades de curar una enfermedad cualquiera, precisamente por ello, los métodos e instrumentos de diagnóstico han revolucionado al mundo moderno y, a pesar de los temibles intereses comerciales, han logrado elevar apreciablemente la esperanza de vida de los seres humanos. No es ésta una disertación sobre medicina y no podría serlo, dado que no la escribe un especialista, por eso digo que solo basta con estar enfermo y acudir con algún doctor para entender que lo que uno quiere sobre todas las cosas, es saber qué tiene y, derivado de ello, cómo lo van a curar, terrible resulta, por lo mismo, que le digan al enfermo que no se sabe lo que padece; o que se sabe, pero que la cura no la conoce la ciencia moderna.
Estas sencillas reflexiones vienen a cuento porque tienen obligadamente que servir de guía para analizar el gravísimo problema michoacano y las medidas a tomar para curarlo y, también, porque todo el mundo sabe que una medicina inapropiada, o no cura nada, o hace que la enfermedad resurja con efectos mucho más devastadores. Así que trataré de que los lectores interesados conozcan un punto de vista con el cual pueden o no estar de acuerdo, pero que se emite con el sincero deseo que los mexicanos y los michoacanos, sobre todo los más necesitados, puedan tener una vida más digna y segura.
¿Cuáles son las sociedades o los países en los que existe mayor seguridad, los que han logrado dotar a sus ciudadanos de un vida relativamente tranquila y pacífica? Los países en los que hay una mejor distribución de la riqueza social, tales como Suecia, Noruega, Finlandia y hasta Cuba, que no es de los países más ricos del planeta, pero en el que sus habitantes “adinerados” no están tan distantes en su forma de vivir, de sus ciudadanos menos favorecidos, es un país seguro; y La Habana, su capital, está clasificada como una de las ciudades más seguras del mundo.
Más riesgosos, por tanto, son los países en los que una minoría tiene hasta el hartazgo y monopoliza el poder político. Para mí, pues, que para acabar de raíz con el crimen organizado (o no organizado) y con la violencia, es indispensable acabar con el abismo que separa a ricos y pobres, mejorar drásticamente la distribución de la riqueza, si no se hace así, todo serán trabajos de amor perdidos o, peor aún, echar cubetadas de gasolina en un incendio.
No debe pasarse por alto que lo que ha causado que cientos, quizá miles de jóvenes, se hayan enrolado con el crimen organizado, es el hecho de que no tenían futuro –y, para acabar pronto, ni presente– que estaban parados en la esquina, sin estudio, o con un estudio malísimo que, aunque fuera de calidad, no iba a servir de nada para el ascenso en la escala social, porque es una verdad de a kilo que la capacidad no se recompensa, sino que se rinde ante el origen de clase y las influencias, esos muchachos estaban (y están), pues, sin escuela, sin trabajo, sin posibilidad de emigrar, sin nada.
Así que incorporarse el crimen y exponer la vida –ironías de la sociedad del capital– era y seguirá siendo una forma de sobrevivir. Acabar, exterminar la inmensa base social del crimen organizado en Michoacán y en el mundo entero exige una remodelación drástica de nuestra economía y de nuestro Gobierno.
Hay otra verdad que no debe callarse. Este extenso caldo de cultivo fue aprovechado por autoridades corruptas que no llegan al poder a servir, sino a servirse, a enriquecerse pronto y mucho. Nuestro sistema político, salvo cada vez más raras excepciones, no alienta, anima y protege, por ejemplo, a los buenos gobernantes, sino que los acosa y combate. ¿Teorías? ¿Imaginaciones? Nada de eso. Ahí está el caso de Ixtapaluca, Estado de México, donde la administración de la antorchista Maricela Serrano logró lo inimaginable, y ahí está el caso de Chimalhuacán, que ha sido transformado radicalmente por las honradas, eficientes y trabajadoras administraciones antorchistas y de las cuales nunca ha resultado ningún nuevo millonario retirado a la vida privada, sino que todos los que han tenido cargos de responsabilidad siguen luchando hombro con hombro con y entre el pueblo.
En consecuencia, autoridades corruptas que prohíjan, protegen, alimentan y engrandecen a autoridades corruptas; autoridades corruptas que están a sus anchas entre delincuentes, también deben ser tomadas muy en cuenta a la hora de diagnosticar las causas de la existencia del crimen organizado y la violencia.
En resumidas cuentas, la solución está en modificar nuestro modelo económico y nuestro modelo político. ¿Se hará? Las medidas policiacas o militares no serán efectivas ni duraderas si no cambia el destino, la vida diaria de millones de mexicanos y michoacanos. Serán nuevas vidas sacrificadas. Y si la solución no es por la vía armada y la simple aplicación de la ley, menos podrá ser si se quiere combatir un delito con otro delito, las llamadas guardias comunitarias, como quiera que se les vea, son grupos que están cometiendo delitos: portar armas de uso exclusivo del Ejército (o no de uso exclusivo), detener y retener a civiles sin orden judicial, allanar viviendas, confiscar bienes, etcétera; ¿y si al rato lo señalan a usted, a un simple ciudadano, como delincuente organizado?, ¿tendrá alguna oportunidad de acogerse al debido proceso? ¿Se está probando una nueva forma de represión social? ¿Estamos regresando al ¡Mátenlos en caliente!? Más preocupante todavía resulta que algunos medios de comunicación los presenten en horario y lugar preferencial como adalides de la justicia.
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Escrito por Omar Carreón Abud
Ingeniero Agrónomo por la Universidad Autónoma Chapingo y luchador social. Autor del libro "Reivindicar la verdad".