Tizayuca es uno de los dos municipios hidalguenses pertenecientes a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y cuyo desarrollo urbano ha crecido considerablemente en los últimos años; lo que representa, por un lado, el privilegio para quienes pueden pagar una vivienda, y por el otro, la pobreza y desigualdad, en este caso, para la mayoría de los habitantes.

El municipio se encuentra en el sur del estado de Hidalgo y forma parte de las “63 unidades político-administrativas: 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), 45 municipios del Estado de México y dos de Hidalgo”, los cuales integran el principal centro económico, político y cultural de México, a decir del Consejo Nacional de Población.

Según este organismo, con el censo 2020, Tizayuca es el cuarto municipio más poblado de Hidalgo, con 168 mil habitantes y una tasa de crecimiento de 5.8 por ciento, el más alto en esta entidad federativa, y con una extensión territorial de 92.5 kilómetros cuadrados.

Pertenecer a la ZMVM, según Ernesto González, exregidor de Tizayuca 2020-2024, entrevistado por buzos, permitía a los municipios acceder a los programas presupuestales federales y estatales; pero con la llegada de Morena a los tres niveles de gobierno en el municipio de Tizayuca, “todos esos programas desaparecieron; por lo que ser parte de la zona conurbada de la CDMX representa más obligaciones que beneficios” para los lugareños.

Su colindancia con la autopista México-Pachuca y las “facilidades” e interés que los ejidatarios mostraban para vender sus parcelas, atrajeron las miradas de todo género de empresas inversoras interesadas en la construcción de grandes complejos inmobiliarios; fue así que su población pasó de 56 mil habitantes en 2005 a 168 mil en 2020, según el Plan Municipal de Desarrollo de Tizayuca (PMDT) 2024-2027, aunque la mayor explosión demográfica fue de 2010 a 2020, década en que pasó de 97 a 168 mil habitantes, un incremento del 73 por ciento.

Dos eventos fueron el parteaguas para este municipio: el acondicionamiento de la carretera México-Pachuca en 1926, y la inauguración de la autopista México-Tizayuca-Pachuca en 1964 que, para 1970, impulsó la economía local mediante la Zona Industrial, la Cuenca Lechera y “el gran desarrollo inmobiliario”, en especial con el proyecto “Ciudades Bicentenario” para la zona Zumpango-Tecámac-Ecatepec y el apoyo gubernamental.

De ser un rancho en 1940, se convirtió en el desarrollo inmobiliario más ambicioso del estado de Hidalgo, que cambió por completo la vida y costumbres de sus habitantes; de sus cinco barrios originarios: Huicalco, Atempa, Cuztitla, Calpultitlan y Contonco, solamente los tres primeros conservan su denominación de origen, los dos últimos cambiaron sus nombres por Nacozari y Pedregal, respectivamente; todos ellos son “islas” en un mar de unidades habitacionales.

En palabras de Ernesto González, fue en los periodos de los gobiernos municipales de Marcelino Rojas (2009-2012), Juan Núñez (2012-2016) y Gabriel García (2016-2020) cuando se realizaron los más grandes proyectos habitacionales que casi desaparecieron las bondades agrícolas del Ejido Tizayuca para permitir el crecimiento de viviendas.

Sin embargo, las características de los desarrollos, tanto residenciales como la formación de asentamientos populares, deriva de su irregularidad. A inicios de 2021 “la Dirección General de Recaudación Fiscal y Catastro del municipio de Tizayuca informó que de los 300 fraccionamientos de los que tienen registro, asentados en la demarcación, sólo 98 de ellos cuentan con un estatus de ‘regular’; mientras que los 202 restantes son irregulares”, consignó en septiembre pasado el diario Milenio; aunque no hay datos fidedignos, existe coincidencia en que la oferta de casas-habitación de los desarrolladores asciende a 120 mil viviendas, pero el Censo 2020 del Inegi sólo reconoce 46 mil 156.

Si nos atenemos al “Estado Analítico de ingresos presupuestales al 30 de junio de 2025” del municipio de Tizayuca, que muestra una recaudación de 379 millones 922 pesos durante el primer semestre de este año, de los cuales 124 millones 800 mil corresponden al pago del Impuesto Predial y sus accesorios, el 32.8 por ciento del total de los ingresos municipales, de alguna forma reflejan la cantidad de viviendas existentes en esta demarcación.

Aunque el PDMT 2024-2027 menciona que “El desarrollo de fraccionamientos sin planificación suficiente ha generado asentamientos humanos con necesidades básicas insatisfechas, demandando infraestructura pública nueva: pavimentaciones y electrificaciones principalmente; así como un descontrol urbano, ecológico y ambiental”, se omite la obligación que los desarrolladores inmobiliarios tienen para presentar los estudios de impacto ambiental y el hecho de que las unidades “fueron construidas sin cumplir la normatividad como marca la ley, el objetivo era vender”, aclaró el exregidor entrevistado.

Según Ernesto González, fueron los últimos tres presidentes municipales priistas quienes “manejaron a su antojo la autorización de los proyectos de las inmobiliarias”, que sustentan su oferta con los beneficios de los proyectos de infraestructura del Gobierno Federal, como el Tren Interurbano México-Pachuca aún sin terminar; la cercanía del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; la construcción de corredores industriales, de los que únicamente destacan maquiladoras de plásticos de origen chino; la antigua cuenca lechera que mantiene a las empresas Lala y Santa Clara; fabricantes de azulejos y de las populares botanas Totis, que en conjunto expresan una oferta laboral muy limitada, insuficiente para el crecimiento demográfico de Tizayuca, por lo que los tizayuquenses deben buscarle por otro lado, a Pachuca o a la CDMX.

Desilusión, engaño y gentrificación

La ilusión y el entusiasmo con que las familias, en especial los jóvenes, adquieren una casa, un departamento o se asientan en alguna colonia popular, están desapareciendo; las razones principales para que las familias abandonen sus casas: inseguridad, falta de servicios, hundimientos, fallas en la construcción de la vivienda, falta de empleo y los largos recorridos y horas invertidas para llegar a sus centros de trabajo o estudio, un transporte caro e inseguro, lo que convierte a este municipio en una de tantas “ciudades dormitorio”.

La composición poblacional ha sufrido una transformación radical: en el pasado fue un pueblo de tradición agrícola y ganadera y ahora es una ciudad llena de casas y departamentos mayoritariamente de interés social: “la población urbana es de 94.5 por ciento, mientras que la población rural es de 5.5 por ciento” (PMDT 2024-2027); de los 168 mil habitantes, sólo nueve mil tiene alguna relación con los trabajos del campo, el resto, 159 mil, son avecindados que llegaron a buscar un lugar tranquilo y propio para vivir.

Aunque el núcleo de población originaria, como se puede observar, se ha reducido al mínimo, sus tradiciones y costumbres se conservan, pero la gentrificación está cobrando factura.

Las consecuencias negativas de la gentrificación más identificadas, como el desplazamiento de la población, reflejado en la reducida población rural; el elevado costo de la vida, en el transporte; la pérdida de identidad cultural, que aquí lucha por mantenerse con sus tradicionales fiestas patronales; incremento de la desigualdad urbana, caseríos en obra negra y techadas con láminas de cartón, frente a casas y departamentos; pérdida de patrimonio cultural y arraigo; la falta de calidad en los servicios, sobre todo los de salud y el suministro de agua potable, son sus efectos visibles más dañinos.

Por otro lado, los efectos positivos como la inversión de capitales y la consecuente generación de empleos resultan insuficientes para el crecimiento poblacional de este lugar; una mayor seguridad y calidad de los servicios que la gentrificación presume aquí, como en otros lugares, tampoco se ven; por el contrario, cada vez son más las colonias y unidades habitacionales que padecen por un mal suministro de agua potable; las recientes inundaciones evidencian que los sistemas de aguas residuales y pluviales han rebasado su capacidad y la red de drenaje es insuficiente.

El reflejo más visible es la inseguridad: “De enero a junio de 2025, en Hidalgo se registraron 117 homicidios dolosos, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El 43 por ciento de estos crímenes ocurrieron en cinco municipios: Tula de Allende, Tizayuca, Pachuca, Mineral de la Reforma y Tlanchinol… En segundo lugar, se encuentra Tizayuca, que registró 11: cinco con arma de fuego, dos con arma blanca y cuatro con otros elementos”, según un medio local publicado en julio de 2025.

Tizayuca es uno de los lugares donde mejor se aprecian en toda su crudeza los verdaderos efectos de la gentrificación.

Colonias irregulares

Sobre el mar de casas y departamentos que se ven por todas partes, están las casonas de adobe que recuerdan el origen ancestral de Tizayuca o los asentamientos populares, el de los mexicanos que no tienen acceso a los créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México o de la Sociedad Hipotecaria Federal, “parida” por el gobierno del “Bienestar”, “que participa en la dispersión de los recursos para la construcción o mejoramiento de viviendas”.

Con sus sueños a cuestas, con la ilusión de hacer suyo “un pedazo de tierra”, llegan a este lugar de todos los rincones, como nuestro amable guía, que proviene de Veracruz, Esteban Badillo, cuyo oficio es ser maderero, quien se ofreció a llevarnos por la geografía municipal.

No cuentan con mucho dinero: el poco que ahorran, lo ocupan para “enganchar” un terreno o construir conforme su economía lo permite; si el lugar que encontraron para “comprar un terrenito” no tiene la asesoría suficiente, corren el riesgo de ser embaucados por un mal fraccionador.

En Tizayuca la violencia en el transporte es un tema que no alcanzan a abatir; el problema se ha heredado de los gobiernos municipales, sin importar color: por ejemplo en 2023, la protesta de los transportistas, de la que la Presidenta señaló: “En conferencia, la alcaldesa de Tizayuca, Susana Ángeles Quezada reconoció que hay grupos delictivos con presencia en el municipio; sin embargo, acusó que es un tema heredado”, publicó Animal Político el nueve de junio del 2023, luego del asesinato de uno de los conductores del transporte público.

La población de los asentamientos populares sufre más que los habitantes de las unidades habitacionales. La adquisición misma de un terreno se presenta como dificultad inicial; la compra del terreno es en principio ilegal, cuando los terrenos pertenecen a algún núcleo agrario, como la mayor parte de Tizayuca, donde los ejidatarios no pueden vender, pero lo hacen y la autoridad sólo se mantiene expectante, con el argumento de “autonomía ejidal”.

Con el pretexto de que son “asentamientos irregulares”, las autoridades se deslindan de la responsabilidad de otorgar los servicios a las colonias populares, así puede permanecer por años sin que su situación cambie, el resultado son calles sin pavimentar, sin agua potable, sin electricidad; viven “colgados” de algún poste para proveerse de energía eléctrica; el drenaje corre por las calles y los domicilios se sirven de letrinas conectadas a alguna fosa séptica.

La colonia Humberto Gutiérrez es un ejemplo de lo que ocurre en asentamientos catalogados como irregulares: fundada hace 15 años, sus calles aún no están pavimentadas; el agua potable llegó porque los vecinos se organizaron y obtuvieron el permiso para conectarse a la red municipal, la obra corrió por su cuenta; la electrificación también resultó de la gestión propia; después de 15 años, la autoridad municipal acaba de autorizar que se conecten a la red de drenaje, preo los vecinos deben aportar la mayor parte del costo de la obra.

Don Esteban Badillo comenta que esta colonia tuvo su origen en muchas reuniones de trabajo, bajo la asesoría y la dirección del Grupo de Solicitantes de Terrenos del Movimiento Antorchista Nacional. La falta de un empleo formal y el origen humilde son características que comparten, con carencias económicas que no les permiten ser sujetos de crédito financiero para acceder a las ofertas de casa o departamentos que ofrecen las inmobiliarias: “en el grupo vamos ahorrando; hasta que completamos el enganche nos entregan el terreno, luego, a luchar por los servicios, como en la Humberto; somos muy unidos porque desde antes que nos entreguen los lotes ya llevamos tiempo de conocernos”.

En la gentrificación, estos grupos de ciudadanos no cuentan. La colonia Humberto Gutiérrez está en medio de unidades habitacionales que recibieron todos los servicios, pero esta colonia popular aparece como “un negro lunar en medio de la blancura y colores bonitos de los fraccionamientos”. Solamente la perseverancia de sus habitantes los ha llevado a forjarse una mejor vida.

Tizayuca es el mejor ejemplo de gentrificación e injusticia social; su ayuntamiento presume, en el PMDT 2024-2047, que “el 98.9 por ciento cuenta con agua potable” y calles pavimentadas; la realidad es otra, el recorrido con nuestro amable guía transcurre entre polvo y lodazales, por calles y avenidas llenas de baches, donde son visibles las huellas de las pipas que surten agua potable, tanto en unidades habitacionales como en colonias populares.

Aunque Data México, del Gobierno Federal, presuma los 216 millones de dólares en exportaciones y los 147 millones de importaciones en 2024, una balanza comercial que muy pocos municipios pueden presumir, en la vida de los tizayuquenses esto no se ve reflejado. Con todo y sus desarrollos inmobiliarios y su actividad comercial, la desigualdad y la injusticia social se observa por todos lados.

Tizayuca tiene historia, tiene raigambre cultural, fue un pueblo agrícola y ganadero; pero hoy vive a expensas de las inmobiliarias y de las maquiladoras; sin embargo, su gente merece una mejor calidad de vida, la respuesta está en sus manos.