El pasado tres de septiembre, la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA), integrada mayoritariamente por funcionarios, aumentó a 17 pesos la tarifa de las rutas del transporte público de Nuevo León, con lo que asestará un duro golpe a unos 767 mil usuarios que diariamente utilizan el transporte público neoleonés.

El IMA está formado por el gobernador, Samuel García; el secretario General de Gobierno, Javier Navarro; el de Finanzas, Carlos Garza; de Movilidad, Hernán Villarreal y de Medio Ambiente, Alfonso Martínez; el director de Transporte de Monterrey, Abraham Vargas, y representantes de las cámaras del Congreso local y los alcaldes de la entidad, que no velaron por los intereses de los ciudadanos, sino que dieron prioridad a los de los concesionarios.

El incremento en el costo del pasaje coloca a Nuevo León como una de las entidades con la tarifa más cara del país, sólo por debajo de Baja California, cuyo monto corresponde a 17.50 pesos. Otro de los estados con pasajes elevados es el Estado de México (Edomex).

A pesar de que el incremento se aplicará gradualmente hasta los 17 pesos en agosto de 2026, afectará la economía de las familias. Tomás Pérez, obrero de una fábrica en Monterrey, pero que vive en el municipio de Escobedo, usa diariamente el transporte público para acudir a su trabajo y regresar a su hogar.

“El pasaje aumenta cada mes y parece que es un incremento mínimo; pero sí pega a la larga, además se arma un ‘trafical’, pues para salir en la mañana, es un lío; hay que estar en la parada del camión antes de las cinco de la mañana para llegar al trabajo; al regreso viene uno todo amontonado, y también para llegar es otro problema porque los camiones, a veces, ya ni te quieren levantar de lo llenos que vienen”, reveló en entrevista con buzos.

Por si fuera poco, agregó que en su trabajo los salarios no han aumentado y “si llegamos tarde, nos descuentan o perdemos el bono de puntualidad. Ellos no se preocupan si uno llega tarde porque el camión no pasa o está atorado en el tráfico; si no llegas a tiempo, se desquitan con tu salario. No me parece justo. El gobierno debería considerar a los trabajadores, pues en el trabajo no nos aumentan”.

Antes de la nueva tarifa, el pasaje costaba 15 pesos con 90 centavos, y aumentará 10 centavos cada mes hasta los 17 pesos en agosto de 2026. Pero no solamente se elevó el costo del transporte en los autobuses, sino también en el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, cuya tarifa pasará gradualmente de 9.40 a 15 pesos para mayo de 2030, con la misma aplicación sucesiva de 10 centavos mensuales.

Estadísticas del Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP) revelaron que, en el primer semestre de 2025, 11.5 millones de pasajeros se movilizaron en Monterrey; en tanto que una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hasta abril, contabilizó 417 mil usuarios diarios de microbuses y autobuses y 350 mil en el Metro.

Dieron el golpe

El testimonio de especialistas consultados por este medio reportó que el aumento mensual de 10 centavos a la tarifa de los sistemas de transporte público afecta a los usuarios pese a su aplicación gradual y a que destinan mayores recursos para trasladarse.

Ulises Estrada, presidente del Colegio de Profesionistas de la Movilidad Urbana (CPMU) en el estado de Jalisco, aclaró que “la problemática en general tiene que ver principalmente con el impacto de la tarifa en el bolsillo del usuario, ya que de acuerdo a las encuestas del Inegi, el transporte representa una buena parte de los gastos de una familia, hablamos del 14 al 20 por ciento de sus ingresos; pues los integrantes de una familia deben estar activos y deben trasladarse a sus trabajos, escuelas y centros de recreación; esto representa un gran gasto. Finalmente, debemos destacar que el transporte es el motor de la economía, por lo tanto, un incremento a la tarifa afecta a la población y tiene un costo político que muy pocos están dispuestos a pagar”.

En el órgano informativo de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) Estrada expuso que “los gobiernos, además de regular el servicio deben incentivar al rubro a través de un subsidio o subvención: la movilidad es ya un derecho contemplado en la Constitución y deben existir las condiciones generadas por los gobiernos para que se pueda cumplir.

“Las tarifas que se manejan en la mayoría de las ciudades del país, con un perfil social y sin subsidios, es difícil que se cubran los gastos, pues se estima que el 23 por ciento de los gastos de las empresas de transporte es para combustible, que no ha dejado de subir; 26 por ciento de los ingresos se va al pago de la unidad y entre el 15 y 25 por ciento se destina a pagos de salarios, comisiones por operar las unidades de transporte, el resto queda a la administración, parte de lo que se destina a mantenimiento de unidades y reposición de neumáticos”, explicó en La interminable lucha por la tarifa del transporte público, publicado en octubre de 2022.

Con 16 votos a favor y cinco en contra se avaló el incremento de 10 centavos que se aplicará durante los próximos 20 meses hasta agosto de 2026. La propuesta fue aprobada después de desechar una de 20 pesos para “castigar” a quienes paguen en efectivo.

A pesar de las manifestaciones contra cámaras empresariales, comerciales y organismos civiles, el encargado del IMA, Abraham Vargas, justificó el alza con el argumento de que se logrará mayor eficiencia en la prestación del servicio:

“Esta Dirección General propone que se ponga a votación y apruebe una tarifa máxima de 17 pesos para los servicios, con la aplicación del desplazamiento mensual y las condiciones de instrumentación sugeridas por el Comité Técnico, con la participación de las cámaras y organismos intermedios”.

En la reunión que presidieron Vargas y Hernán Villarreal, Secretario de Movilidad, los únicos votos en contra provinieron de los municipios de Escobedo y Santa Catarina, el Consejo Cívico, la diputada Ailé Tamez, como representante del Congreso de Nuevo León y la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Crece el rechazo

Después de aprobarse el aumento, los usuarios lo rechazaron con manifestaciones públicas de protesta y amparos, aduciendo que no existen las condiciones socioeconómicas adecuadas para autorizarlo y que no hay garantías de una mejoría en el servicio.

Los diputados locales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) anunciaron que promoverán la interposición de amparos para que permanezca la tarifa de 15 pesos en los camiones.

El coordinador de los diputados priistas, Heriberto Treviño Cantú, destacó que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Poder Judicial de la Federación admitió a trámite dos amparos colectivos; y en un video compartido en sus redes sociales calificó como positiva la admisión de estos recursos legales para revertir el llamado “tarifazo”.

 “Un juez federal ya aprobó dos amparos colectivos promovimos desde noviembre pasado; esto es una señal positiva de que las autoridades judiciales pueden intervenir ante una ilegalidad, como fue el incremento de 12 a 15 pesos sin previo aviso y fuera de la ley”, alertó.

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Rocío Montalvo, expresó también su malestar por el impacto negativo que esta medida ocasiona en los ciudadanos, especialmente en los sectores más vulnerables.

“Desde que inicié como activista, luego como funcionaria de movilidad, y ahora como representante en el Congreso, lo he dicho fuerte y claro: no puede haber aumento sin garantías para el usuario. He rechazado todos los aumentos sin beneficios directos y visibles”, subrayó.

A estas declaraciones se han sumado organizaciones empresariales como la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra) que, en voz de su representante, Jesús López, pidió que la Junta de Gobierno efectúe una evaluación intermedia, considere las condiciones impuestas por sus Cámaras y se anule el desacierto de los 10 centavos mensuales.

“Si no vemos la mejora del servicio, si la dinámica de implementación no está conforme al plan, no tendríamos que continuar con ese desliz”, destacó.

El alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, afirmó que el alza es un golpe a la economía de las familias. “Finalmente, le vas a dar un zape cada mes; no son 10 centavos ni son cinco pesos, son miles de pesos y cuentas a una familia que se mueve todos los días en transporte público. Tendrán que destinar tres o cuatro meses al año al transporte público; no es la mejor solución, creo. Ustedes han mostrado una solución integral, porque yo la he visto, que no está aquí planteada en la mesa y están trasladando el problema a la casa, porque esto llegará a los hogares, porque la gente tiene necesidad del transporte; no es un lujo, es una necesidad”, detalló.

El Secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, fue enfático al señalar que el aumento se aplicará gradualmente para evitar confusiones. “Si aprobamos la tarifa de 17 pesos puede haber confusión con los choferes. Que quede claro que lo que se está aprobando, es un deslizamiento de 10 centavos. Hay que manejarlo en esos términos para que no haya confusión con los usuarios ni con los choferes”, planteó.

Desde la aprobación del alza, la Alianza de Usuarios del Transporte Público y el Colectivo Voz de los Usuarios se han manifestado con marchas y bloqueos en las principales avenidas de Monterrey.

El salario no alcanza

En entrevista con buzos, Fernando Hernández Hernández, vecino del municipio de El Carmen, en la zona de la Alianza Real, informó que el aumento al transporte público ha afectado la economía de su familia porque diariamente tiene un gasto considerable: 

“Un boleto del Metro cuesta actualmente 9.40 pesos y el camión cuesta 15.90 pesos. Tomo dos camiones y el Metro, sumando el gasto tan solo para llegar a mi trabajo, es de 41 pesos y 20 centavos; es el costo para llegar y ya con el regreso serían 83 pesos diarios de pasaje aproximadamente; multiplicados por los siete días serian casi los 600 pesos por puro pasaje. Los salarios no son tan buenos y ahora el gasto por pasaje es más caro”, lamentó.

Gilberto Sandoval Torres, estudiante de preparatoria, informó a esta revista que “los pasajes han aumentado mucho. Está medio escondido el incremento, pues cada mes se eleva 10 centavos y parece como si no aumentara, pero la realidad es que sí. Algunos camiones te cobran y no te hacen válido el cobro, te roban tu saldo. Tomo un camión y el Metro; todos los días generan un gasto más o menos elevado. A veces ya no completo para mi lonche, porque si compro comida me gasto el dinero y ya no me puedo regresar a mi casa. Se debería considerar a los estudiantes; a nosotros se nos complica conseguir un empleo por los horarios. La prepa me absorbe casi todo el tiempo con las clases y tareas”, señaló.

Explicó también que a pesar de que los concesionarios han adquirido nuevas unidades, la crisis de movilidad continúa en las avenidas principales de las ciudades regiomontanas; y los accidentes dificultan tanto la llegada como el regreso a clases.

Jaime Noyola, de la Alianza de Usuarios del Transporte Público (AUTP), estimó: “Los usuarios deben concientizarse sobre las afectaciones que estos aumentos tienen para las familias y la necesidad de expresar su rechazo al Gobierno del estado”.