La suspensión temporal a la importación de calzado terminado y la imposición de nuevos aranceles sobre productos chinos y de otros países asiáticos por el Gobierno de México fueron respaldadas por empresarios nacionales; pero también han generado una preocupación en los países que comercian con el nuestro.

México se encuentra en un delicado equilibrio entre proteger la industria y mantener buenas relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos (EE. UU.), principal beneficiario de los aranceles aplicados a China y algunos países asiáticos. Mientras el gobierno asegura que busca empleo y competitividad, expertos advierten sobre riesgos de represalias comerciales y un posible encarecimiento de productos para los consumidores.

La política comercial de México dio un giro a partir del pasado 23 de agosto, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto que modificaba el formato del programa a la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex) para frenar temporalmente el ingreso de calzado terminado. La medida fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 28 de agosto.

El Immex es un programa de la Secretaría de Economía (SE) que permite importar temporalmente mercancías como materias primas, componentes y maquinaria para procesos de elaboración, transformación o reparación y diferir el pago de impuestos de importación. Nació para impulsar la competitividad, la economía, la creación de empleos y modernizar la industria nacional mediante la incorporación de nuevas tecnologías.

Bajo el amparo de estas leyes comerciales, el volumen de las importaciones de calzado terminado creció 159 por ciento y 60.3 por ciento en valor respecto a 2023, según cifras de Economía.

En este contexto, el gobierno mexicano consideró que las disposiciones del programa debían cambiar para el calzado, pues argumentó que, entre 2019 y 2024, esta industria sufrió una caída acumulada de 3.1 por ciento en proporción al Producto Interno Bruto (PIB) y su producción y creación de empleos retrocedió 2.8 por ciento.

En 2024, el valor del sector registró un retroceso de 12.8 por ciento, así como una pérdida de casi 11 mil empleos formales. Poco después, el 10 de septiembre, el gobierno informó que buscaría aplicar nuevos aranceles a más de mil 400 productos procedentes de China y de otras naciones de Asia con las que México no tiene tratados comerciales.

Según un documento enviado por la Presidenta al Congreso de la Unión, se plantea reformar la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación para aumentar solamente un tope de 50 por ciento sobre el arancel que pagan sectores como la industria automotriz, textil, vestido, juguetes, calzado y muebles.

La Presidenta argumentó que el motivo de estas modificaciones consiste en proteger la economía del país y, al igual que con el calzado terminado, “aprovechar nuestro mercado interno para que la producción tenga lugar en México y emplee a personas trabajadoras mexicanas, al mismo tiempo que se contribuye a equilibrar los balances de comercio exterior”.

De esta manera, China, India, Indonesia, Tailandia y Turquía verán afectadas sus industrias exportadoras, pues México no tiene ningún tratado comercial con ellos, lo que al mismo tiempo marcará una nueva etapa en la política económica del país: más restrictiva y con un sesgo hacia el proteccionismo de ciertas industrias.

Crisis, devaluaciones y lecciones del pasado

Este cambio no puede entenderse sin mirar atrás. Durante los años 40, el entonces gobierno de Manuel Ávila Camacho inició un proceso conocido como “sustitución de importaciones”, que consistió en crear una industria nacional que pudiera producir lo que antes se importaba desde el extranjero para el consumo local.

Según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en esa etapa se establecieron aranceles, subsidios y barreras que protegieron a ciertos sectores y empresarios; pero también permitió que personas cercanas al poder político obtuvieran contratos, concesiones y beneficios discrecionalmente, sin fomento real a la competencia ni rendición de cuentas.

Esa dinámica económica también propició la creación de una gran cantidad de empresas estatales y de la iniciativa privada, productoras de bienes que no debían competir con los productos del extranjero; el problema fue que tales industrias podían producir bienes de mala calidad y con precios excesivos sin preocuparse por represalias gubernamentales, por lo que los consumidores resultaron afectados.

Esta situación provocó que en México surgiera una práctica conocida como “falluca”, específicamente a partir de los años 70, para referirse a los productos de contrabando, principalmente estadounidenses, que se vendían clandestinamente en mercados y tianguis, pues eran de mejor calidad, incluso más baratos. El barrio de Tepito, en la Ciudad de México (CDMX), se convirtió en emporio para la venta de estas mercancías.

A inicios de los años 80, la crisis de deuda externa y el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones cerraron aquella etapa: el país enfrentó alta inflación, devaluaciones y una caída drástica en la inversión.

Entonces comenzó la apertura paulatina: México ingresó al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1986, que, según la Organización Mundial de Comercio (OMC), inició un proceso de cambio estructural y apertura comercial con las bases para que el país participara efectivamente en el comercio internacional, diversificara las exportaciones y modernizara la economía.

Si bien este cambio marcaba la apertura del país con el resto del mundo, el “salto” más importante llegó en 1994 con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con el que EE. UU. y Canadá integraron a México a las cadenas de valor regionales.

A decir del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el crecimiento exportador fue notable, así como el fortalecimiento de la industria automotriz, electrónica y de maquila, pero también hubo sectores golpeados como los del calzado y el campo.

A inicios del Siglo XXI, con los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, la política se centró en ampliar mercados. Según datos de la SE, el país firmó más de 50 tratados de libre comercio.

Con este nuevo panorama y con el ingreso de China a la OMC en 2001, la competencia global se transformó, pues la capacidad del gigante asiático para producir barato a gran escala permitió su rápido ingreso y posicionamiento en el mercado nacional.

19 años después, se concretó el Tratado entre México, EE. UU. y Canadá (T-MEC) que sustituyó al TLCAN y garantizó la continuidad del acceso preferencial al mercado norteamericano. Ese mismo año, la pandemia de Covid-19 reveló vulnerabilidades: la interrupción de suministros provenientes de Asia afectó industrias fundamentales como la automotriz y la electrónica, según el Banco Mundial (BM).

Desde la pandemia hasta la actualidad pasamos a la relocalización de las cadenas de suministro, también conocido como nearshoring, que consiste en que las empresas trasladen una parte de su producción o proveeduría a un país cercano al mercado final.

En ese contexto global de apertura y relocalización, la suspensión de la importación temporal de calzado terminado bajo el programa Immex y la propuesta de aranceles a más de mil 400 productos de Asia marcan así el primer giro proteccionista selectivo en casi cuatro décadas. Para algunos representa un respiro a industrias históricas, para otros, un paso riesgoso que puede derivar en tensiones diplomáticas y precios más altos para los consumidores.

La línea entre defensa y proteccionismo

Anunciadas las nuevas medidas, un flujo constante de reacciones comenzó desde diversos frentes, empezando por la Cámara Nacional de la Industria del Calzado (Canaical) y la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) que, en el caso del calzado terminado, celebraron la decisión del gobierno.

“Esta decisión, anunciada por el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, responde a las múltiples evidencias y denuncias presentadas por la Canaical y la CICEG, que durante años alertó a la autoridad federal sobre el uso indebido de este esquema, que permitió que productos importados con beneficios fiscales –originalmente diseñados para el esquema de maquila de exportación– se desviaran al mercado nacional sin cumplir con sus obligaciones fiscales, generando así competencia ilegal, evasión fiscal, cierre de empresas y pérdida de empleos formales”, revelaron ambas organizaciones empresariales en un comunicado.

Entrevistada por buzos, Ivana Cortés, Coordinadora de Desarrollo Económico en el IMCO, explicó que la suspensión “responde a un debilitamiento de nuestra industria del sector del calzado” y “completamente es una medida proteccionista”.

La decisión responde a que el programa Immex no era utilizado planificadamente, pues las importaciones de calzado “no estaban pagando Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) ni impuesto a la importación cuando se manejaban como temporales y se quedaban en México”.

Enfatizó que, al implementar este decreto, “todas las importaciones de calzado entrarán pagando estos impuestos; por lo que el excedente que se quedaba de zapatos aquí pagará ese impuesto y, por ende, podría verse un incremento en el precio para el consumidor final”.

De acuerdo con la especialista, el posible incremento a estos bienes dependerá mucho del tipo de calzado, de cómo lo reciba el mercado “y si la industria nacional puede tomar ese espacio y aprovechar que no pagará impuestos”.

Asimismo, detalló que el decreto, además de cambiar la situación en el sector del calzado, también aplica para otros productos del Immex, por lo que “vale la pena evaluar qué era lo que no estaba funcionando dentro de ese programa y cambiarlo.

“Hay cosas que sí están funcionando dentro del programa y vale la pena ver cuál es y adoptarlas hacia todos los demás sectores (…) creo que de esa forma puedes impulsar la industria nacional tanto para el consumo interno como también para la exportación”, aclaró.

Consideró también que, si bien significa un aumento en los precios para el consumidor final, aún no se puede saber con exactitud de cuánto será ese incremento, pues los resultados de esta decisión podrían ser positivos a corto y mediano plazo; pero “hay que evaluar la sostenibilidad de esto” hacia el futuro.

Por su parte, Amapola Grijalva Vega, presidenta de la Junta de Gobierno de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China, explicó a buzos que la imposición de aranceles a productos provenientes de Asia enviará una señal de incertidumbre ante los inversionistas, lo que podría frenar la llegada de capital extranjero y retrasar proyectos de desarrollo en sectores importantes para México.

“Cuando no está claro cuál será la política de México respecto a conservar una posición de apertura frente a Asia, entonces realmente entramos en una situación complicada, en donde estamos mandando un mensaje de que México se aísla de Asia, que es la región que hoy tiene el mayor potencial de crecimiento en el planeta”, declaró.

La iniciativa no sólo afectaría la confianza empresarial, sino que también debilitaría considerablemente las cadenas de valor hoy dependientes de la importación de insumos y componentes provenientes de China, Japón, Corea, India y Vietnam.

La representante de esa cámara también señaló que podría haber un incremento inflacionario y del contrabando de mercancías, lo que dañaría a la economía formal, la recaudación fiscal y a los consumidores.

De Washington a Beijing

Cuando el Gobierno de México anunció la posibilidad de aplicar aranceles a Asia, inmediatamente fue criticada por China, pues consideró que se trata de una respuesta a la coerción de EE. UU., que busca desesperadamente mayor influencia sobre América Latina.

“En un momento en que el abuso de los aranceles de EE. UU. ha provocado una oposición generalizada a nivel mundial, todos los países deben reforzar la comunicación y coordinación para salvaguardar conjuntamente el libre comercio”, subrayó un portavoz del departamento de Comercio de China.

Este posicionamiento fue apoyado por la iniciativa privada y por expertos, pues consideran que la medida encarecerá el consumo popular, restará competitividad a las cadenas productivas dependientes de insumos asiáticos, y ahuyentará inversiones extranjeras.

Para Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, “los aranceles a importaciones con los que México no tiene tratado comercial tienen dos objetivos: mayor recaudación y quedar bien con Trump”.

Asimismo, advirtió que subirá la demanda de autos chinos –casi todos eléctricos–, cuyos precios se incrementarán también; y destacó que el 29 por ciento de las importaciones de vehículos en México se verán afectadas por el arancel.

En este sentido, la Cámara de Comercio y Tecnología México-China manifestó su preocupación por tales medidas, pues consideró que podrían distorsionar el mercado interno, impactar en la competitividad y elevar la inflación.

Y especificó que, para el sector automotriz, la carga impositiva tendría efectos inmediatos sobre el consumidor debido al precio lo que, además de afectar la adquisición de estos vehículos, provocaría que México frenara su transición energética y sus compromisos de disminución de gases contaminantes, tal como lo establecen los planes nacionales y convenios internacionales firmados por el país. Andrés Díaz Bedolla, experto en comercio exterior, declaró, en una entrevista para Grupo Expansión, que los aranceles no generarán capacidad productiva por sí solos como lo planteó el gobierno.

Sentenció que “el mensaje que se envía es detener la llegada masiva de productos subsidiados de Asia, pero sin medir las consecuencias”, por lo que afirmó que “puede ser que México se esté dando un balazo en el pie”.

Piden cautela y evaluación

La conclusión es compartida: más allá del debate inmediato sobre calzado y manufacturas, el verdadero reto para México consistirá en equilibrar la protección de sectores sensibles con una integración inteligente a las cadenas globales de valor.

En este sentido, la Cámara de Comercio China-México solicitó a las autoridades mexicanas que “revisen y atemperen los efectos de cualquier medida de política económica y comercial, que distorsione el mercado o vulnere la competitividad, ya que los aranceles no deben ser discriminatorios”.

Ivana Cortés, del IMCO, recomendó evaluar si los aranceles propuestos ahora y el decreto para eliminar las importaciones temporales provocarán beneficios a la industria nacional o propiciarán represalias provenientes de Asia.

Grijalva Vega adelantó que, desde el gremio que representa, ya tiene programada una reunión con el gobierno, pues consideró que cuentan con “todos los argumentos y toda la base jurídica para defender el interés de todas las empresas que están haciendo comercio en inversiones legítimas en México”.

Por su parte, el Ministerio de Comercio del gigante asiático detalló que ya inició una investigación interna sobre las barreras comerciales implicadas en los nuevos gravámenes, especialmente a automóviles, autopartes, textiles, ropa y plásticos.

Hasta el momento, Claudia Sheinbaum informó que en los próximos días sostendrá una conversación con las autoridades de China, y se limitó a asegurar que la iniciativa arancelaria no se trata de medidas coercitivas ni discriminatorias contra ese país.

La propuesta aún será discutida en el Poder Legislativo; pero de ser aprobada, impondría aranceles del 10 al 50 por ciento a más de mil 400 fracciones arancelarias que abarcan sectores como vidrio, textiles, acero, aluminio, calzado, electrodomésticos, plásticos, papel, muebles, juguetes, autopartes, motocicletas y automóviles.

Se trata de una decisión que marcará la ruta de México hacia los próximos años: proteger a la industria nacional en un contexto de competencia global cada vez más intensa, sin perder de vista los costos que ello pueda implicar para consumidores, empresas, incluso para la política exterior mexicana.