La iniciativa de MC incluye un estímulo fiscal de 25 % del salario para empresas que los registren ante el IMSS.

Capitalinas perciben en promedio 23 mil 714 pesos por trimestre, frente a 36 mil 47 de los hombres; casi 700 mil hogares encabezados por mujeres viven en pobreza.

Los mexiquenses de más bajos recursos, habitantes de comunidades campesinas y colonias populares, sufren severas carencias en servicios que el gobierno debiera proveer, pero que se niega a hacerlo.

Integrantes del Movimiento Antorchista acudieron a televisoras y periódicos nacionales para denunciar que el Gobierno del Estado de México no ha atendido un pliego con 369 demandas de 105 municipios, entre ellas agua potable, salud, educación, infraestructura y apoyos al campo.

Más de 600 unidades exigen regularización, Seguridad Social y vivienda.

Los habitantes de la entidad más poblada del país aún pagan el costo de un sistema gobernante que sólo cambió de color y partido en el poder, pero continúa sumergido en las peores prácticas.

Las aseguradoras esperan que esta práctica sea tipificada como extorsión a nivel nacional para reducir su incidencia.

Durante las últimas semanas se ha registrado un aumento en los contagios, aunque las cifras son menores a las de años anteriores.

Las personas que realizan estas tareas son jóvenes en su mayoría, realizan su actividad en condiciones precarias y de explotación máxima.

La Fiscalía del Estado de México ejecutó 10 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y servidores públicos por su presunta participación en una red dedicada a comercializar plazas magisteriales. Nueve ya fueron detenidos y uno permanece prófugo.

Familiares de personas desaparecidas y usuarios en redes sociales cuestionaron el encuentro ante la falta de atención a problemáticas sociales.

Si el gobierno no puede cambiar las causas económicas del caos vial, entonces, la ZMVM está condenada al colapso.

El exceso de vehículos automotores en el Valle de México y la capital resulta costoso para la población en todos los ámbitos.

Las escasas obras y apoyos sociales programados se focalizan donde les pueden retribuir más votos.

El reparto de utilidades en México es un derecho que poco se cumple y, con los años, se aleja de su origen como incentivo a la productividad y su función declarada como instrumento que contribuya a una mejor distribución de la riqueza social.