En sus funciones de operador del capitalismo corporativo, el presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, ha impulsado una campaña de terror con la que agrede a civiles mediante tropas de élite.
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El juez federal Leo Sorokin, del tribunal de apelaciones del Noveno Distrito de Estados Unidos (EE. UU.), rechazó un recurso de emergencia presentado por la administración de Donald Trump para hacer efectiva la revocación de la ciudadanía por nacimiento.
El juez federal Leo Sorokin rechazó el recurso presentado por la Administración de Donald Trump, lo que representa la cuarta vez que un tribunal suspende esta orden. La primera ocasión fue el juez federal John C. Coughenour, de Seattle, quien la detuvo por considerarla "inconstitucional". Posteriormente, la jueza Deborah Boardman, del distrito de Maryland, emitió una suspensión a nivel nacional; le siguió el juez federal Joseph N. Laplante, del distrito de New Hampshire.
Al inicio de su mandato, Trump firmó una orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados o con padres que tengan estatus temporal.
Con esta orden, el presidente Trump busca modificar la 14ª Enmienda de la Constitución, aplicada durante más de 50 años, la cual establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en el que residen”.
En sus funciones de operador del capitalismo corporativo, el presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, ha impulsado una campaña de terror con la que agrede a civiles mediante tropas de élite.
El ataque, atribuido a fuerzas ucranianas, dejó daños en edificios residenciales; autoridades habilitaron un refugio temporal para los afectados.
Los participantes eran “personas muy ricas”, aficionadas a las armas, que buscaban vivir “la experiencia extrema” de disparar sobre civiles indefensos.
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Los manifestantes exigen una mayor acción climática y la protección de los bosques frente a la expansión de la agroindustria, la minería y la tala ilegal.
La medida es para asegurar la plena operatividad de las fuerzas y consolidar el comando, el control y las comunicaciones de la estructura militar.
Las negociaciones permanecen suspendidas, según Moscú, por falta de disposición de la parte ucraniana para reanudar el diálogo.
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Sólo 17 de 88 pozos continúan operativos.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.