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El primero de julio de 2020, tras dos años de “estira y afloja”, entró en vigor el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) que relevó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente de 1994 al pasado 30 de junio. La renegociación fue exigida por el presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, quien durante su campaña electoral de 2016 prometió revisar el TLCAN porque, según él, era sumamente desventajoso al propiciar déficit comercial, desempleo, desindustrialización y minaba la grandeza de su país. Una vez en la Casa Blanca, le bastó promover ese cambio para convertirlo en un hecho.
El TLCAN fue un gran detonante del comercio en la región. En los últimos 25 años, el comercio entre México y EE. UU. se multiplicó casi cinco veces. En el ranking del comercio mundial, nuestro país se ubica en el lugar 12°; es campeón exportador de televisiones de pantallas planas y forma parte de los 10 primeros exportadores de productos agroalimentarios. Otro de los grandes éxitos del acuerdo comercial es el notable incremento de los supermillonarios mexicanos como Carlos Slim, Alberto Bailleres, Ricardo Salinas Pliego y Germán Larrea.
Sin embargo, el pujante desempeño de las empresas exportadoras –muchas de las cuales son compañías trasnacionales emplazadas en nuestro territorio– no se tradujo, como lo prometieron los gestores del TLCAN, en el aumento del empleo y los salarios de los trabajadores mexicanos. La promesa de crecimiento económico que urge a México no ocurrió, pues la tasa promedio anual de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) entre 1994 y 2008 fue menor al uno por ciento; el número de mexicanos en condición de pobreza extrema aumentó, durante ese mismo periodo, en casi cinco millones de personas; el empleo informal creció tanto que ahora mismo es mayor que el formal y, finalmente, la proporción del ingreso del sector privado asociado a sueldos y salarios se redujo de casi el 30 por ciento en 1994 al 21 por ciento en 2018, por lo que su contraparte, el ingreso asociado al beneficio del capital aumentó.
El T-MEC es muy similar al TLCAN. Los pocos cambios que sufrió son de dos tipos. Por un lado se incluyeron prácticas que hace 25 años no existían, como el comercio digital, los estándares ambientales de los productos, sus procesos de producción y algunos derechos de propiedad intelectual; por otro, se elevaron los requisitos de origen y costos –como los medioambientales y laborales– que al entender de los estadounidenses igualan la balanza entre los países. Estas modificaciones intentan elevar la competitividad de las empresas localizadas en territorio estadounidense al obligar a los otros dos países a equiparar costos. El T-MEC pretende, asimismo, que la región entera se sume a la guerra comercial que EE. UU. sostiene con China y Europa.
Los tratados comerciales, aseguran sus defensores, sirven para dar certidumbre a la actividad económica y los dueños del capital consideran menos inciertos los beneficios de sus inversiones, lo cual es probable. Sin embargo, el hecho de que la renegociación sea el resultado de un golpe sobre la mesa de Trump, hace al T-MEC susceptible de cambios intempestivos, según las necesidades de la política estadounidense, como se evidencia en la reaparición de aranceles al aluminio. Por ello es posible prever que este tratado tampoco logre el cometido buscado por EE. UU.
Los tratados de comercio entre países permiten que haya libre circulación de capitales y mercancías y que las ganancias del capital industrial sean también más móviles. El libre comercio entre países desiguales en riqueza es una puerta abierta para que la nación más rica explote los recursos laborales y naturales de la atrasada y que se apropie de los rendimientos que generan tanto el crecimiento de la productividad como el acceso a un mercado mayor. Con el T-MEC se corre un poco más la soga con que el capital aprieta el cuello de los trabajadores mexicanos.
De acuerdo a los datos de la Secretaría de Salud, el día que registró la cifra más alta en lo que va de la pandemia, fue este miércoles, cuando sumaron 28 mil 953 nuevos contagios y 940 decesos.
“Es una tragedia que se haya aprobado este decimotercero Transitorio, que va en flagrante contradicción con lo que dice nuestra Constitución, en el Artículo 97°".
Álvaro López Ríos, dirigente nacional de la UNTA, reconoció que esta organización se equivocó en la elección de 2018 al apoyar a Morena.
El anteproyecto contiene una propuesta de ley que confunde sus atribuciones y supedita la libertad de investigación a una “Agenda” y a un “Consejo de Estado”.
Acudirán a Palacio Nacional, los gobernadores del sureste, de Chiapas, Tabasco, Yucatán, Veracruz y Oaxaca, ya que se dará a conocer el plan de atención migratorio en la frontera.
Obligación fundamental de todo Estado... garantizar la vida y la seguridad personal de los ciudadanos, junto con el derecho de propiedad y el disfrute irrestricto de la riqueza. Sin tales garantías, el Estado se deslegitima y pierde su razón de ser.
Para el rescate de la quiebra a Altán Redes se creó un “fideicomiso de garantía”, donde se depositó el 100% de las acciones de la empresa en calidad de prenda. Según el IFT, el Gobierno Federal aportó 161 mdd.
"Para atender la seguridad pública y construir la paz, se requiere una estrategia integral y articulada que aborde los retos de corto y largo plazo".
Desdeñar el crecimiento económico puede ser un error que no solo afecte a los mexicanos, sino que sea el motivo para que el gobierno de la 4T se encamine a la ruina política; por eso mismo éste debería pensar seriamente en reorientar la inversión.
No sólo se ha agravado la situación de los trabajadores, sino que vamos derechito a una reforma fiscal, pero no a una reforma fiscal progresiva.
Sin el menor recato se operó una burda intervención desde la Sader para imponer rector
Hernández Licona se pronunció por los recortes aplicado al organismo, lo que afecta las investigaciones
La modificación realizada a la Constitución se aparta de la regularidad constitucional, ya que dicha reforma viola principios constitucionales de certeza, de no reelección, así como el derecho a votar y ser votado.
Apenas el 16.81 por ciento de los programas evaluados entre el ejercicio 2012 y 2018, mostraron un desempeño destacado, es decir como Óptimo y Alto Potencial.
“La investigación si existió y por motivos políticos hoy no está vigente... los mexicanos tenemos que saber que hay en el expediente", afirmó Xóchitl Gálvez.
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Escrito por Vania Sánchez
Licenciada en Economía por la UNAM, maestra en Economía por El Colegio de México y doctora en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (España).