El primero de julio de 2020, tras dos años de “estira y afloja”, entró en vigor el nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) que relevó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente de 1994 al pasado 30 de junio. La renegociación fue exigida por el presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, quien durante su campaña electoral de 2016 prometió revisar el TLCAN porque, según él, era sumamente desventajoso al propiciar déficit comercial, desempleo, desindustrialización y minaba la grandeza de su país. Una vez en la Casa Blanca, le bastó promover ese cambio para convertirlo en un hecho.

El TLCAN fue un gran detonante del comercio en la región. En los últimos 25 años, el comercio entre México y EE. UU. se multiplicó casi cinco veces. En el ranking del comercio mundial, nuestro país se ubica en el lugar 12°; es campeón exportador de televisiones de pantallas planas y forma parte de los 10 primeros exportadores de productos agroalimentarios. Otro de los grandes éxitos del acuerdo comercial es el notable incremento de los supermillonarios mexicanos como Carlos Slim, Alberto Bailleres, Ricardo Salinas Pliego y Germán Larrea.

Sin embargo, el pujante desempeño de las empresas exportadoras –muchas de las cuales son compañías trasnacionales emplazadas en nuestro territorio– no se tradujo, como lo prometieron los gestores del TLCAN, en el aumento del empleo y los salarios de los trabajadores mexicanos. La promesa de crecimiento económico que urge a México no ocurrió, pues la tasa promedio anual de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) entre 1994 y 2008 fue menor al uno por ciento; el número de mexicanos en condición de pobreza extrema aumentó, durante ese mismo periodo, en casi cinco millones de personas; el empleo informal creció tanto que ahora mismo es mayor que el formal y, finalmente, la proporción del ingreso del sector privado asociado a sueldos y salarios se redujo de casi el 30 por ciento en 1994 al 21 por ciento en 2018, por lo que su contraparte, el ingreso asociado al beneficio del capital aumentó.

El T-MEC es muy similar al TLCAN. Los pocos cambios que sufrió son de dos tipos. Por un lado se incluyeron prácticas que hace 25 años no existían, como el comercio digital, los estándares ambientales de los productos, sus procesos de producción y algunos derechos de propiedad intelectual; por otro, se elevaron los requisitos de origen y costos –como los medioambientales y laborales– que al entender de los estadounidenses igualan la balanza entre los países. Estas modificaciones intentan elevar la competitividad de las empresas localizadas en territorio estadounidense al obligar a los otros dos países a equiparar costos. El T-MEC pretende, asimismo, que la región entera se sume a la guerra comercial que EE. UU. sostiene con China y Europa.

Los tratados comerciales, aseguran sus defensores, sirven para dar certidumbre a la actividad económica y los dueños del capital consideran menos inciertos los beneficios de sus inversiones, lo cual es probable. Sin embargo, el hecho de que la renegociación sea el resultado de un golpe sobre la mesa de Trump, hace al T-MEC susceptible de cambios intempestivos, según las necesidades de la política estadounidense, como se evidencia en la reaparición de aranceles al aluminio. Por ello es posible prever que este tratado tampoco logre el cometido buscado por EE. UU.

Los tratados de comercio entre países permiten que haya libre circulación de capitales y mercancías y que las ganancias del capital industrial sean también más móviles. El libre comercio entre países desiguales en riqueza es una puerta abierta para que la nación más rica explote los recursos laborales y naturales de la atrasada y que se apropie de los rendimientos que generan tanto el crecimiento de la productividad como el acceso a un mercado mayor. Con el T-MEC se corre un poco más la soga con que el capital aprieta el cuello de los trabajadores mexicanos.