Durante varios sexenios, los gobiernos federal y estatal han prometido acabar con las inundaciones en Tabasco, pero el problema continúa. La falta de recursos y el mal manejo de los pocos que se han destinado, han hecho fracasar los proyectos emprendidos para dar salida al exceso de agua. Hoy resurge la exigencia social de implementar un nuevo proyecto, uno que verdaderamente ataque de raíz el problema.

Sobre la abundancia de agua y recursos naturales en Tabasco –selvas tropicales, maderas finas (caoba, cedro, baría, palo de tinte, ceiba), pastos para ganado, etc.– se ha dicho y escrito mucho, pero los excesos con que cae el líquido vital suelen convertir en infierno este bello Edén.

Datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aseguran que, en Tabasco, las lluvias son tres veces superiores a la media nacional y que la entidad cuenta con el 35 por ciento del agua dulce de la República. Se ubica en una planicie donde desembocan los dos ríos más caudalosos del país: el Grijalva y el Usumacinta, que nacen en las partes altas de Guatemala. Tabasco es la entidad en la que más ha llovido durante los últimos 30 años.

Su abundancia de agua es también una maldición. Desde 1782, Tabasco ha registrado 34 grandes inundaciones; la más grave tuvo lugar en 2007, cuando las lluvias cubrieron el 70 por ciento del territorio estatal; se perdieron 123 mil 386 viviendas; 127 hospitales fueron dañados severamente; tres mil 400 escuelas quedaron inhabilitadas y 850 mil tabasqueños resultaron afectados. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), las pérdidas económicas sumaron 31 mil 870 millones de pesos (mdp).

El problema es cíclico y las grandes inundaciones se registran aproximadamente cada 10 años. En 2020 se presentó uno de estos desastres de gran magnitud debido a que, desde octubre pasado se conjugaron los efectos de los frentes fríos 7, 9, 11 y de los huracanes Iota y Eta, para dejar bajo el agua a 16 de los 17 municipios de Tabasco y 600 mil damnificados.

En noviembre, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cambió la cifra y aseguró que los damnificados solo eran la mitad, 300 mil y, desde entonces, las instituciones gubernamentales nada han informado sobre la cuantificación actualizada de las personas afectadas y los daños materiales.

Entre 2007 y los primeros ocho meses de este año, los tabasqueños habían sufrido anegaciones menores y en cada ocasión se fue a debate nacional el cuestionamiento del plan hidráulico que requiere la entidad para evitar las inundaciones y las tragedias familiares que, de manera recurrente, padecen los tabasqueños.

Planes que nunca se realizan

Después de la inundación de 2007, el entonces Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, anunció el comienzo del Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT) para el que se destinaron nueve mil mdp. El proyecto consistía en desviar corrientes pluviales del Grijalva hacia los ríos Carrizal y Samaria con el objeto de evitar la inundación de Villahermosa, la capital del estado. El PHIT tendría un plazo de construcción de cuatro años (de 2008 a 2012), pero su ejecución integral se retrasó y fue inaugurado por su sucesor, Enrique Peña Nieto, en 2013.

En 2015, este mandatario le cambió el nombre, lo llamó Proyecto Hidrológico de Tabasco (Prohtab) y activó la compuerta El Macayo, en la bifurcación de los ríos Carrizal y Samaria, para controlar el paso de 850 metros cúbicos por segundo, del primer afluente, y desviar los excedentes hacia el segundo y al Golfo de México para reducir, así, el riesgo de inundaciones en la capital tabasqueña.

Esta compuerta fue la que AMLO decidió cerrar por completo para que el agua no llegara a Villahermosa y se desviara hacia la región chontal, donde están situados los municipios de Nacajuca, Cunduacán, Centro y Jalpa de Méndez, cuyos habitantes llevan hasta ahora 60 días bajo el agua.

El compromiso de AMLO

“Estamos en Tabasco, verdadero Edén de México. Aquí, la naturaleza no cabe en sí misma y nos regala una diversidad inigualable. Lamentablemente, año tras año, los ríos se desbordan, afectando a miles de familias. Como Presidente de México, me comprometo a realizar las obras de infraestructura necesarias para evitar las inundaciones que tanto nos afectan y trabajar para que ningún mexicano carezca de agua”, había prometido Enrique Peña Nieto.

En un acto público celebrado el 19 de febrero de 2019, en la ranchería Allende Bajo, del municipio de Macuspana, AMLO declaró: “Me da gusto estar de nuevo aquí, en mi tierra, en mi agua, en mi municipio, muy cerca de mi pueblo, con ustedes, vengo a refrendar compromisos, a decirles que voy a cumplir, que no voy a fallarles (...) vamos a resolver todos los problemas y vamos a cumplir todos los compromisos, todos. Yo voy a regresar aquí con ustedes”.

Pero no lo hizo, pese a que Macuspana, su tierra natal, es uno de los 17 municipios inundados. Y no ha cumplido, porque para ello se requiere dinero. En agosto de este año, el director de Conagua en Tabasco, Felipe Irineo Pérez, admitió que en el Prohtab, desde 2015, existe rezago, obras no ejecutadas con un valor aproximado de 13 mil mdp, por lo que buscaría ampliar el proyecto cuatro años más, es decir, hasta 2026.

En ese lapso, los recursos destinados a las obras de infraestructura y rehabilitación del Prohtab han sufrido recortes que, en algunos casos, llegaron a eliminar completamente el presupuesto. De 2008 a 2012, todavía en el sexenio de Calderón, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asignó al PHIT un promedio de mil 582.8 mdp cada año. Con Enrique Peña Nieto, el monto se redujo a mil 55 mdp en promedio y, en 2018, Hacienda le destinó cero pesos.

Durante el primer bienio de la administración de AMLO, el proyecto ha recibido 345.5 mdp anuales en promedio, es decir, mil 237 mdp menos que con Calderón y 709.5 menos que con Peña Nieto. En 2020, para el Prohtab solo se presupuestaron cerca de 200 mdp, de los cuales 80 fueron utilizados para el pago de “pasivos” y se invirtieron 116 mdp en obras de rehabilitación y mantenimiento.

“Es mucha la inversión que se necesita. Todavía faltan bordos, muros, drenes que deben realizarse para ir salvando de las inundaciones al estado de Tabasco, principalmente a las zonas urbanas. Se necesitan aproximadamente 19 mil mdp, ya indexados; de eso solo se han invertido más de dos mil mdp”, explicó Felipe Irineo Pérez.

Organizaciones de la sociedad civil se han manifestado contra las obras que sí se han realizado, pues argumentan que no evitan las inundaciones porque solo desvían el agua de un punto hacia otro en el estado. “Hicieron las ventanas de alivio para evitar que la capital del estado se inundara; pero en temporada de lluvias, todavía se anegan las colonias de Villahermosa. Es decir, las obras no han servido para nada, y quienes han llevado a sus espaldas el costo de estas decisiones, son las comunidades”, advirtió en 2015 Javier Torres Sánchez, coordinador del Movimiento Ecologista de Tabasco (Metab).

En efecto, cinco años después, sus predicciones se concretaron, cuando el Presidente decidió desviar el agua del Grijalva hacia las comunidades rurales de la región chontal para evitar mayores inundaciones en la capital. Nada nuevo para los pobladores. La propia Conagua informó que, a través de la compuerta El Macayo, se desvía el 70 por ciento del agua hacia los afluentes del Samaria, río que bordea los poblados de los tres municipios e inunda las áreas más bajas en cada temporada de lluvias.

Desde 2015 se veía que el proyecto no sería efectivo, advirtió el director del Metab. “Planearon con ocurrencias, fórmulas mágicas y el proyecto se ha modificado. Eso ha ocasionado que la inversión de nueve mil mdp se haya ido acrecentando y las obras se hagan como se van presentando las condiciones climáticas”, aseguró en una entrevista con el diario La Jornada.

Sospechas de corrupción en proyectos hídricos

Las sospechas de manejo turbio de los recursos que debieron destinarse a los proyectos hídricos en Tabasco han manchado las administraciones de Calderón y Peña Nieto. En 2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que, durante el gobierno de Calderón, la Conagua “no diseñó ni implementó el Plan Hídrico Integral de Tabasco de conformidad con la normativa y con las buenas prácticas de la administración pública”. Por otra parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) diagnosticó, en 2013, que la compuerta El Macayo, sobre el río Grijalva, se construyó con material inadecuado, de mala calidad y hubo un mal uso de recursos públicos.

No fue el único problema al que se enfrentó el proyecto. En 2010, pobladores de 60 comunidades acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para ingresar una queja contra la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno estatal por un supuesto manejo irregular de las presas, ya que éste provocó el desalojo forzado y el desplazamiento de familias. Ante la protesta pública, las autoridades acordaron abrir canales para desviar el curso de las aguas del río Grijalva, buscando evitar, que los daños por la inundación fueran más graves.

En su mañanera del 13 de noviembre, AMLO anunció que se iniciará una investigación por la falta de ejecución de obras en los dos sexenios anteriores. “En el 2008 se acordó que las presas del Grijalva iban a permanecer en temporadas de lluvia vacías, se iba a procurar que no estuviesen llenas en agosto y septiembre. A cambio de eso, se iba a hacer una presa abajo de Peñitas, no hicieron la presa (…). Nos está escuchando la Secretaria de la Función Pública, sí hay elementos y se puede proceder... que se haga”, indicó el mandatario.

La ASF, órgano de supervisión contable de la Cámara de Diputados, ya tenía en observación el destino de 137.8 mdp de proyectos de la Conagua ejecutados en Tabasco entre 2005 y 2015, por lo que ha presentado al menos 10 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Las irregularidades fueron halladas en los recursos ejercidos por el Plan Hídrico Integral del Estado de Tabasco (PHIET) y el Programa Integral para la Construcción y Rehabilitación de la Infraestructura Hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población en la Cuenca del río Grijalva, en un convenio realizado con una asociación civil inexistente y el pago de obras no ejecutadas.

Exigen nuevo plan hidrológico

Es por todo esto, es decir, por la pésima ejecución e incumplimiento de los proyectos hidráulicos habilitados en los últimos 13 años, que los damnificados y las organizaciones civiles y sociales de Tabasco exigen ahora la creación de un nuevo plan hidráulico que resuelva definitivamente este grave y recurrente problema socioeconómico.

El martes ocho de diciembre, los integrantes de la Región Sureste del Movimiento Antorchista informaron, en conferencia de prensa, que han iniciado ya la recolección de firmas para impulsar, junto a la sociedad civil, una gran iniciativa ciudadana para que, tanto el Gobierno Federal como el estatal, destinen los recursos necesarios para la ejecución de un plan hídrico integral para “Que nunca más se inunde Tabasco”.

Franklin Campos Córdova, líder del Regional Sureste de Antorcha, criticó que se hubieran formulado “planes y más planes por los especialistas”, pero que nunca se ejecutaran a cabalidad, porque se prefiere destinar los dineros públicos a obras políticamente más redituables, que a salvaguardar la vida y el patrimonio de la gente humilde. En este gobierno, autonombrado de la ‘Cuarta Transformación’, además de desaparecer el Fonden en el PEF 2021, tan solo se tienen programados 200 millones de pesos para el dragado de los ríos, lo que puede compararse con la compra de un mejoral para curar el cáncer”.

Por ello, sostuvo, su organización emprenderá una campaña ciudadana para pedir al Gobierno Federal morenista que actualice o elabore los proyectos correspondientes y que se le destine todo el dinero que sea necesario a su ejecución. “Llamamos al pueblo, a todos los sectores de la sociedad tabasqueña, a que conformemos un gran frente común para conseguir este objetivo. Tabasco al agua, nunca más”.