El documento, entregado al Poder Legislativo el pasado 29 de enero, destacó irregularidades en los procesos de destrucción de narcóticos.
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50 centros de cuidado que formaban parte del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras de Sedesol, ahora Secretaría del Bienestar, sufrieron una baja de 21 por ciento en matrícula por el aumento de cuota de recuperación para seguir operando, a consecuencia de la desaparición del subsidio por parte gobierno federal.
Un censo que levantó Save The Children durante febrero mostró que en 50 centros de cuidado que formaban parte del Programa de Estancias Infantiles entre el Estado de México y la Cuidad de México, registró una baja de 21 por ciento en la matrícula, por el descenso en el número de niños que acuden a estos espacios.
De los 170 Centros de Desarrollo Infantil Temprano que trabaja Save The Children en la CDMX y Edomex de los cuales, 50 de ellas que resultaron afectadas señalan las alcaldías y municipios de Azcapotzalco (con 1), Chimalhuacán (2), Coyoacán (2), Ecatepec (5), Gustavo A. Madero (5), Iztapalapa (3), Milpa Alta (3), Naucalpan (5), Nezahualcóyotl (11), Tláhuac (5), Tlalpan (5), Venustiano Carranza (1) y Xochimilco (2).
“No estamos diciendo que estas 50 estancias sean una muestra representativa, considerando que el total son más de 9 mil. Lo que hicimos fue solo registrar y sistematizar los datos de aquellas con las que trabajamos para tratar de entender lo que está pasando como consecuencia de los cambios en el programa”, explicó Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política de Save The Children.
Según responsables de estancias, la mayoría de los niños y niñas que han dejado de asistir permanecen solos en casa, al cuidado de familiares o vecinos, o en el trabajo de madres y padres, de los que la mayoría se dedica al comercio informal.
Por último, la directora de Incidencia Política de Save The Children, Nancy Ramírez reportó que, en algunos municipios del país, las responsables de estancias infantiles han sido amenazadas por los padres de familias para que no sigan movilizándose, con la excusa de que quieren recibir dinero de manera directa, tal como ha acusado el propio gobierno federal.
Las otras amenazas han sido por teléfono y no se ha identificado de quién proviene. Debido a estas amenazas, responsables de estancias de diversas entidades suscribieron un escrito para solicitar medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con el acompañamiento de Save The Children, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
El documento, entregado al Poder Legislativo el pasado 29 de enero, destacó irregularidades en los procesos de destrucción de narcóticos.
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Escrito por Redacción