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El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) informó que en la actualidad existe un padrón de 198 centros y clínicas de rehabilitación y prevención contra las adicciones en la Ciudad de México (CDMX), asimismo, hay 100 más que se encuentran en proceso de registro; además, reconoció que hay un número indeterminado que opera en la ilegalidad.
Señaló que los centros que no cuentan con registro y que funcionan de manera ilegal carecen de supervisión, tanto del personal como de las instalaciones, tampoco cuentan con medidas de Protección Civil; además, a los internos se les somete a malos tratos.
Indicó que, en las unidades clandestinas, los familiares de los internos llegan a pagar hasta 50 mil pesos, para cubrir supuestamente los gastos de hospedaje, alimenticios, vestimenta y tratamientos para los adictos, quienes aprovechan los recorridos del IAPA para realizar denuncias anónimas.
La operación irregular de estas unidades ha provocado tragedias como la del lunes 24 de febrero, cuando un incendio en un centro de rehabilitación ubicado en el pueblo de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, dejó cinco muertos, seis lesionados (dos de ellos graves) y ocho detenidos.
Recordó que el fuego se propagó rápidamente debido a que el techo del lugar estaba hecho de lámina de plástico, lo que aceleró la conflagración, que presuntamente comenzó en uno de los dormitorios.
De acuerdo con el organismo, dicho incendio comenzó al menos media hora antes de sacar los primeros cuerpos, lo que sugiere que el personal no pudo controlar el fuego y no pudo abrir las puertas de los cuartos donde estaban encerrados los internos.
Especialistas en temas de adicciones indican que, al operar de forma clandestina, centros como el de Topilejo ponen en grave riesgo la vida de los internos. En muchos casos, estos lugares funcionan como cárceles, donde se han registrado asesinatos. Luego, los responsables informan a las familias que los internos “escaparon”.
En otros casos, los internos son sometidos a abusos como ser bañados con agua fría, obligados a acostarse en barras de hielo, encerrados en cuartos oscuros y luego rociados con chile en polvo, entre otras prácticas. Los especialistas advierten que someter a un enfermo de adicción a malos tratos impide su recuperación y viola los principios básicos de los derechos humanos.
Finalmente, destacó que para operar de manera legal, estos centros deben cumplir con regulaciones sanitarias y de seguridad, que incluyen obtener un aviso de funcionamiento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Además, deben registrarse ante el IAPA y cumplir con requisitos como manuales, programas de trabajo y la acreditación de infraestructura.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera