Un informe de la organización señala que la impunidad y la presunta colusión entre autoridades, empresas y grupos criminales permitieron la continuidad de la violencia contra comunicadores.
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La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) puso fin definitivamente a las operaciones del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) que de 1982 a 2018 apoyó a 12 millones de personas a través del otorgamiento de créditos, garantías y subsidios para vivienda.
Por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador y bajo la política de austeridad republicana, en 2019 se comenzó el cierre de este fideicomiso que manejaba Sedatu.
En lo que va de la actual administración solo se entregaron 15 mil escrituras, según anuncio el titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón. Al presidir la Sesión Ordinaria CCX del Comité Técnico y de Distribución del Fonhapo, refirió que la extinción de dicha dependencia tiene como objetivo evitar la duplicidad de los programas de vivienda, por lo que después de un diagnóstico de viabilidad operativa y financiera, la Sedatu acordó que será la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) quien asuma las acciones en materia de vivienda y su operación.
Desde su creación, el fideicomiso cumplió con la tarea de dotar de vivienda a familias de escasos recursos con ingresos por debajo de la línea de bienestar, contribuyendo a la igualdad de oportunidades y mejorando su calidad de vida mediante créditos para la compra de terrenos y edificación; así como de subsidios para la ampliación, mejoramiento y/o construcción y del otorgamiento de garantías para sus créditos de vivienda.
La directora general del Fonhapo, Lirio Elizabeth Rivera Calderón, señaló que de 1982 al 2021 , Fonhapo otorgó 646 mil 110 créditos a personas de bajos recursos, 2.3 millones de subsidios de 2003 a 2018; en su mayoría, a comunidades indígenas de alta y muy alta marginación y 9 mil 761 garantías; con lo cual se benefició a población que no tiene afiliación a organismos de vivienda.
Especificó que solo resta concretar la firma del convenio de extinción en el mes próximo, entre la Sedatu, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito (Banobras).
Un informe de la organización señala que la impunidad y la presunta colusión entre autoridades, empresas y grupos criminales permitieron la continuidad de la violencia contra comunicadores.
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Escrito por Adamina Márquez
Directora editorial de buzos web. Egresada de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación por la UNAM.