Hay quienes dicen, porque están bien enterados de la política del nuevo Gobierno, que el pasado 10 de marzo no se cumplieron los primeros 100 días, sino 252 días de gobierno; y esto es así, porque a diferencia del arranque de otros sexenios, el Presidente electo comenzó a gobernar desde el dos de julio, pues el 1o de diciembre solo fue un acto protocolario.

En estos ocho meses de gobierno, lejos de verse reflejadas sus promesas de campaña en verdaderas soluciones a los más urgentes problemas de los mexicanos, asistimos a un aumento de la pobreza extrema, la inseguridad, el desempleo y de la injusta distribución de la riqueza; pero no se aprecia ningún avance en el combate a la corrupción, principal bandera de campaña de Andrés Manuel López Obrador (AMLO); y tampoco queda claro cómo va a impulsar el desarrollo económico del país.

Hace unos días, entrevistado por la periodista Francis Martínez, Máximo Ernesto Jaramillo, doctor en Sociología por el Colegio de México, economista e investigador en temas de política social y desigualdad, sostuvo que los diagnósticos del gobierno actual son más efectivos que las soluciones que ha implementado. “En 1992, el nivel de pobreza era alrededor de 53 por ciento del total de la población; y aunque hubo una disminución, hasta 2006 volvió a subir la pobreza por ingresos y actual- mente estamos en el mismo nivel de hace 24 años”, aseguró.

En 2016, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) reportó que la pobreza en ingresos era del 53 por ciento; aunque la pobreza multidimensional (carencias en educación, alimentación, seguridad social, vivienda digna) había disminuido; la pobreza por falta de ingresos sigue siendo grave, pues comparada con los datos de hace 24 años se puede ver “que han crecido alrededor de uno por ciento anual, descontando la inflación; los que se han visto más beneficiados con este incremento de ingresos son las personas más ricas del país. Los más pobres siguen ganado lo mismo que hace dos décadas”.

Durante estos tres primeros meses, el Gobierno Federal trató de implementar una política social sin contar con estudios de pobreza; esto se hizo evidente cuando tomó la decisión de recortar los programas sociales sin un diagnóstico previo; ni siquiera se le ocurrió realizar una “consulta” para saber cuáles son los problemas más apremiantes de los mexicanos. Expertos en política social aseguran que los recortes presupuestales y la eliminación de programas

–Prospera y 123 programas más– no han sido sustentados en estudios de desempeño de los programas anteriores y que tampoco existe evidencia alguna sobre la supuesta red de intermediarios que impedía el acceso de los recursos a sus destinatarios; no existe evidencia simplemente porque no existían tales intermediarios, los gobiernos con su estructura eran los que bajaban los recursos y obras a la población.

Ernesto Jaramillo señala que la actual administración acierta en el diagnóstico, pero que su “plan integral del bienestar”, que ofrece para sustituir la política social a grupos vulnerables, no es preciso.

No hay mucho qué celebrar de estos primeros 100 días de gobierno morenista; AMLO y sus asesores deberían estar preocupados; so pretexto de combatir la corrupción canceló programas como Prospera y Estancias Infantiles. Durante su campaña, AMLO sostuvo siempre que estos programas no disminuían la pobreza, aunque esto no fuera absolutamente cierto, pues el padrón de beneficiarios alcanzó un nivel muy importante, al sumarse de manera directa a los ingresos de los más pobres, por ejemplo, traducidos en 20 millones de becas en las localidades de todo el país.

Los programas sociales ayudaron a millones de mexicanos a combatir los efectos de la miseria extrema, aunque fueran insuficientes. Dice Ernesto Jaramillo que “si uno toma los datos, por ejemplo, del Inegi, y quita la transferencia que llega a las familias por Prospera, la pobreza aumentaría en varios millones de personas". Ayudar y atender, por ejemplo, a las familias más pobres de México (alrededor de 53.4 millones) requiere de una política social robusta. Si Prospera, que contemplaba servicios de educación, promoción a la salud y otras ayudas, no resolvió el problema, ¿cómo garantizará AMLO que su sistema de becas en efectivo ayude a los pobres?

Pocas esperanzas dejan estos primeros tres meses; en el horizonte hay más pobreza y nuevas crisis políticas, así lo indican el accidente fatal donde perdieran la vida la gobernadora de Puebla y su esposo y la explosión en Tlahuelilpan, en donde oficialmente se contabilizaron 130 muertos, aunque cifras de habitantes cercanos hablan de al menos 500. La decisión de cancelar la construcción del Aeropuerto Internacional en Texcoco o la aprobación de la Guardia Nacional, más que beneficiar a los mexicanos, servirá para controlar militarmente a la población. Si AMLO y su gobierno siguen enfrentando, provocando y polarizando a la sociedad, México podría entrar en una verdadera crisis social, económica y política, de la que nadie se salvará. López Obrador aún está a tiempo de corregir el mal rumbo; apenas son 100 días y el camino se puede enderezar. Después, será tarde.

El clímax no político...

Las cosas para el gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo, se empiezan a complicar y es que al no entregar recursos para los municipios de Ixtapaluca y Chimalhuacán se está frenando el desarrollo en ambos municipios. Según se comenta, el gobierno del Estado de México tiene una deuda con Chimalhuacán de casi 300 millones de pesos y 140 millones con Ixtapaluca para obras públicas; pero además, se sabe que de no entregarse esos recursos se afectará a más de un millón de habitantes del oriente mexiquense

Desde el pasado 7 y 8 de marzo, la alcaldesa de Ixtapaluca, Maricela Serrano y el Presidente Municipal de Chimalhuacán, Tolentino Román Bojórquez solicitaron en conferencia de prensa una audiencia urgente ante el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, para que libere más 440 millones de pesos destinados para la construcción de escuelas, pavimentaciones, apoyos al sector salud, seguridad, agua potable, drenajes, entre otras obras. Además de evitar una crisis en esas localidades mexiquenses, al entregar los recursos se podría evitar una protesta en Toluca que ya está programada para el próximo 14 de marzo en la ciudad de Toluca. Por el momento, querido lector, es todo.