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Chiapas, una “cárcel” para miles de migrantes
La incursión masiva de migrantes extranjeros por el río Suchiate ha convertido a Chiapas en una cárcel que carece de capacidad para albergarlos.
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De acuerdo con la organización civil Pueblos Sin Fronteras (PSF), sólo en Tapachula –ciudad fronteriza con Guatemala– hay al menos 100 mil migrantes en movilidad; y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió 119 mil 548 solicitudes de refugio legal de enero a la primera quincena de octubre de este año, cifra que supera en 1.12 por ciento lo registrado en 2022.

Andrea salió hace varios años de su natal Valencia, Venezuela y, con su esposo y dos hijas menores de edad, se estableció en Medellín, Colombia, donde esperaban hallar una mejor vida.

Pero la situación económica de ambos se complicó porque sus ingresos como empleada de un restaurante chino, y los de su marido como “vidriero”, no fueron suficientes para cubrir las necesidades básicas de su familia y tuvieron que salir de ahí. 

Desde el pasado cuatro de septiembre han caminado, dormido a la intemperie y viajado en autobuses para llegar a Chiapas, donde aguardan el momento de proseguir su ruta hacia el “sueño americano”.

Cruzaron a pie durante tres días la riesgosa selva del Darién, Panamá; en Honduras, sus hijas se enfermaron y, una vez en tierras chiapanecas, las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) les quitaron los últimos 70 dólares que les restaban para no ser deportados a Guatemala.

Sin embargo, el mayor riesgo físico y el desembolso más alto lo padecieron en la frontera de ese país, donde unas personas les cobraron 400 quetzales para pasarlos a Suchiate.

“Pero lo que hicieron esas gentes fue meternos entre el monte; y si no pagábamos lo que nos pedían, nos iban a tocar y a violar. Pero también me daba miedo que me robaran a mis hijas; y en esa ocasión escuché disparos”. 

“No podemos regresar a Venezuela porque allá cada día está peor, a pesar de que tenemos familiares allá”, aclara Andrea, quien persevera en su objetivo de llegar a EE. UU. para retomar, entre otros sueños, la carrera de criminología que había dejado trunca.

La migrante venezolana sabe, no obstante, que la situación es demasiado inestable; ya que “México les ha permitido el paso libre”, pero los funcionarios del INM los hicieron firmar unos papeles escritos a mano con los que los obligaron a renunciar a varios derechos, entre ellos el de recibir servicios de salud y alimentación.

Para sobrevivir, ella y su familia piden dinero a los transeúntes o automovilistas, o hacen otras actividades para conseguir al menos para la comida. En tanto, han decidido no hacer ningún otro trámite oficial y avanzar como puedan hacia la frontera norte.